Gioconda Belli, poeta y novelista nicaragüense denunció a través de sus redes sociales, que la dictadura del presidente Daniel Ortega, consumó la confiscación de su casa en Managua y ésta fue ocupada por policías del régimen.
Además de la vivienda de la ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2023, las autoridades nicaragüenses expropiaron también la propiedad de Camilo de Castro, hijo de Belli y la de los excancilleres Francisco Aguirre Sacasa y Norman Caldera.
También expropiaron las casas del exmiembro de la Junta de Gobierno Moisés Hassan, la del defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión y la de la activista Haydée Castillo, todos privados de su nacionalidad por las autoridades.
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Belli quien fuera integrante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tras ser exiliada de su país y “desnacionalizada”, adoptó la nacionalidad chilena hace unos meses, ofrecida por el presidente Gabriel Boric, escribió desde su cuenta de la red social X (antes Twitter), lo siguiente:
"Ayer la dictadura Ortega Murillo consumó la confiscación de mi casa de habitación en Managua, enviando policías a ocuparla. Es una casa que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba. Lo que era queda en mí".
"Los tiranos creen que pueden doblegar a las personas despojándolas de lo que les pertenece. Pierdo mi casa ocupada ayer por la policía, pero ellos, sumidos en la paranoia y la mentira, han perdido sus valores, su historia, convertidos en malsanos tiranos dignos de repudio", escribió Belli.
La novelista junto con otros intelectuales nicaragüenses fueron declaradas como “traidores a la patria” y expulsadas de su país por la persecución del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo que han sostenido contra opositores, activistas y periodistas, en un episodio que se dio el 15 de febrero del 2023 cuando fueron víctimas de “desnacionalización”.
Hijo de Belli y excancilleres pierden sus bienes
El cineasta, activista y ambientalista Camilo de Castro, hijo de la escritora, Gioconda Belli también denunció la ocupación de su casa.
"La dictadura Ortega Murillo, a través de la PGR (Procuraduría General de la República) y la Policía, consumó el robo de mi casa en Nicaragua. Recibimos la noticia con indignación y tristeza, pero decididos a seguir denunciando a la dictadura y luchando por un país distinto. ¡Jamás nos van a doblegar o callar!", escribió desde su cuenta de la red social X.
Su esposa, la también cineasta Leonor Zúniga, abogó para que "el escuadrón de ladrones" rieguen las plantas del patio y "no se coman los garrobos pinches bestias sin imaginación".
En el caso de Aguirre Sacasa, que fue canciller durante la Administración de Arnoldo Alemán, le expropiaron una vivienda y una finca ubicada en las afueras de Managua; y a Norman Caldera, canciller durante el Gobierno de Enrique Bolaños, le fue expropiada una vivienda.
Mientras que Moisés Hassan, que fue miembro de la Junta de Gobierno tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, en 1979, confirmó al diario La Prensa que desde el domingo llegaron oficiales de la policía apropiarse de su vivienda en Managua, valorada en 300.000 dólares.
Hassan se declaró ofendido, golpeado y con sentimiento de que "Nicaragua es un país sin leyes, donde no se respetan los derechos de la población".
El defensor de derechos humanos y fundador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, fue el primero en denunciar la expropiación de su casa, la cual, dijo, estaba valorada en 70.000 dólares y terminó de pagar a un banco vinculado al Ejército de Nicaragua.
"Los que ordenan y ejecutan las acciones son criminales de lesa humanidad y ladrones. Como defensor de derechos humanos no van a lograr el propósito de silenciarnos. La confiscación es una acción de maldad", señaló.
Otros opositores a quienes les están ocupando sus propiedades son a los 222 ex presos políticos que fueron desterrados hacia Estados Unidos por el régimen el 9 de febrero de este año.
Ordenaron decomisar bienes a desnacionalizados
Las autoridades de Nicaragua despojaron el pasado 15 de febrero de su nacionalidad a 94 nicaragüenses, con lo que sumaron 317, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser un desterrado del gobierno de Daniel Ortega a territorio estadounidense.
El Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó entonces "la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos".
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
ONU denuncia persecución a disidencia en Nicaragua
El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua denunció este martes una “escalada" de la persecución a la disidencia y la supresión de las instituciones académicas independientes por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Jan- Michael Simon, director del Grupo de Expertos quien presentó el informe en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra registró “una nueva ola de violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante los últimos seis meses”, la cual “ha sofocado gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución”.
Se trata de la última actualización del Grupo que desde marzo de 2022 evalúa la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.
El informe denunció que opositores y defensores de derechos humanos “enfrentan severas presiones” para abandonar Nicaragua “a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados”, así como “criminalización continua” y “detenciones arbitrarias”.
También señaló que los actores religiosos, en particular la Iglesia católica, “son cada vez más el blanco de ataques”.
El informe destaca que el gobierno de Ortega “ha intensificado su persecución de las universidades” y ha cancelado la personalidad jurídica de 27 instituciones de educación superior, cuyos bienes ha confiscado, con lo que el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes.
Ante ello, los expertos pidieron al gobierno de Nicaragua que permita el acceso de organismos neutrales e independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros “donde se encuentran retenidos opositores reales o supuestos”.