EMPRESAS

Los países que se han lanzado contra Google por falta de transparencia

Los controles que la DGCCRF de 2021 pusieron en evidencia que su motor de búsqueda no ofrecía la información pertinente para comparar las condiciones de las tarifas de las ofertas

Google.Créditos: Pexels
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Por falta de transparencia ante el consumidor sobre las comparaciones de las ofertas turísticas del buscador así como la tienda en línea y otras de sus a´licaciones, el gobierno de Francia ha impuesto una multa a Google por 2,015 millones de euros. 

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) explicó este martes en un comunicado que la sanción se justifica porque la plataforma estadounidense no cumplió la normativa en lo que se refiere a la información a los consumidores.

Los controles que la DGCCRF de 2021 pusieron en evidencia que su motor de búsqueda no ofrecía la información pertinente para comparar las condiciones de las tarifas de las ofertas de alojamiento turístico.

En concreto, no se precisaba el carácter reembolsable o no de los paquetes turísticos, así como si el precio del alojamiento incluía el desayuno.

En Google Play faltaba información sobre los criterios de clasificación de los resultados, sobre la naturaleza del que hacía la oferta (profesional o particular), sobre las modalidades de pago o sobre los contenciosos en caso de litigio.

Además, tampoco se daba cuenta de las razones sobre por qué Google negaba la publicación de una opinión dejada por un consumidor.

El servicio antifraude francés, que reconoció que el gigante estadounidense ha corregido desde entonces algunos de los fallos detectados, insistió en que "ofrecer informaciones claras y leales facilita la comparación de las ofertas y permite realizar compras con más claridad".

(Foto: Pexels)

Contra los monopolios

Apple, Meta, Amazon, Alphabet, ByteDance, Microsoft y Samsung han comunicado a la Comisión Europea que reúnen los requisitos para cumplir la ley de mercados digitales, la nueva normativa antimonopolio que aprobó el año pasado la Unión Europea para controlar el poder de las grandes plataformas.

Así lo aseguró este martes el Ejecutivo comunitario, que ahora deberá verificar la información antes del 6 de septiembre para determinar que efectivamente son empresas con un gran poder de mercado que tendrán que someterse a la normativa.

Estas siete empresas le han comunicado al Ejecutivo comunitario que tienen una facturación en Europa de menos 7.500 millones de euros en los últimos tres años o un valor de mercado de 75.000 millones en el último ejercicio y que operan en al menos tres países de la UE.

Además, esas firmas han trasladado a Bruselas que tienen 45 millones de usuarios activos y más de 10.000 usuarios empresariales al año.

Preguntado por los contactos que Bruselas mantiene con Twitter para saber si cumple los requisitos, un representante de la Comisión dijo a EFE que no estaba en condiciones de dar información al respecto.

Desde que Bruselas designe al resto como grandes compañías, tendrán seis meses para cumplir la ley que pretende limitar el poder de mercado de las empresas, restringiéndoles la cantidad de datos personales que pueden adquirir de sus usuarios, regulando las búsquedas en internet o las tiendas de aplicaciones móviles.

La norma les prohíbe combinar los datos personales que las empresas adquieren a través de sus múltiples servicios (por ejemplo, Meta no podrá cruzar la información entre Facebook y WhatsApp).

Tampoco podrán obligar a los usuarios a mantener instaladas en sus dispositivos las aplicaciones móviles de la propia compañía y los clientes podrán adquirir aplicaciones a través de las tiendas de la competencia.

Los gigantes de internet tampoco podrán favorecer sus propios productos en sus motores de búsqueda y los servicios de mensajería de las grandes plataformas tendrán que ser compatibles con los de las empresas más pequeñas.

La ley de mercados digitales cambia la lógica de las normas antimonopolio que han regido hasta ahora en la Unión Europea, ya que las empresas deberán cumplir los requisitos de antemano, sin tener que esperar a Bruselas inicie una investigación que suele durar años para determinar su respetan la libre competencia.

Si incumplen la norma, la Comisión podrá imponerles multas de hasta el 20 % de su facturación mundial y, en último término, forzar a una reestructuración de la empresa.

CAO