El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó este miércoles reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar las penas para los cabecillas de pandillas y para la realización de procesos penales por estructura delictiva, lo que anularía los procedimientos individuales.
La primera reforma, aprobada con los votos de 67 parlamentarios de 84 en la Asamblea Legislativa, establece procedimientos penales por grupo o célula de pandilla, lo que supone que los detenidos en el contexto del régimen de excepción, implementado para combatir a las maras (pandillas), podrían ser agrupados en alguna de las estructuras para ser sometidos a un solo proceso penal.
Según el dictamen leído, durante la sesión plenaria de hoy, lo anterior "facilitaría a los jueces dictar sentencia de forma más rápida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad". El diputado de oposición Jaime Guevara señaló que la reforma aprobada representa "un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están en las cárceles a esperas de un procedimiento penal justo".
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"Esto supondría que cualquier capturado sea incluido a un grupo de pandillas para que enfrente su proceso penal como estructura y no de manera individual, lo que violenta el debido proceso", apuntó.
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La parlamentaria Claudia Ortiz, por su parte, señaló que la reforma "únicamente servirá para hacerle el trabajo más liviano a la Fiscalía, para que ya no tenga que investigar".
La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción asciende a más 71,770, según dijo recientemente el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro. De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5,490.
Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13,581 "hechos violatorios", de los que el más denunciado es la detención arbitraria en el 95.32 %, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado.
Aumento de penas
Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento también aprobaron, con 67 votos y a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, una reforma para aumentar la pena de cárcel para los líderes de pandillas.
La sentencia máxima para los cabecillas pasará de 45 a 60 años de prisión.
En marzo de 2022, los legisladores establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para "los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas". Hasta antes de esta reforma, la pena para los cabecillas de maras era de 6 a 9 años.
Bukele defiende estrategia
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este miércoles en Twitter que su Gobierno "incluye prevención y represión" en la "estrategia de seguridad" que se implementa en el país, en respuesta a lo señalado por su homólogo chileno Gabriel Boric.
La cadena británica publicó el pasado 21 de julio una entrevista con Boric en la que, según la cadena, se le consultó sobre la estrategia en Seguridad del presidente Bukele y él opinó que si la solución solo se enfoca en "las medidas más extremas" y no en los "temas de fondo", es "pan para hoy y hambre para mañana".
"Pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito", respondió el mandatario salvadoreño en la red social en la que adjuntó la publicación de la cadena británica. Y agregó: "Qué difícil ha de ser liderar un país, teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente".
¿Cómo ve la estrategia de Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas en El Salvador y la enorme popularidad que esto le ha traído?, preguntó el medio al presidente chile.
Boric respondió: "creo que si para conseguir un objetivo loable, que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo, se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y de respeto de los derechos humanos, finalmente eso tarde o temprano termina pagando la cuenta".
Detención de periodista
AI dice que es "alarmante" solicitud de Fiscalía salvadoreña de detener a periodista La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que es "alarmante" la solicitud de la Fiscalía salvadoreña de detener nuevamente al periodista comunitario Víctor Barahona, quien denunció arbitrariedades en su contra en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022.
"Es alarmante la nueva orden de detención contra el periodista Víctor Barahona, recién liberado después de 11 meses de detención arbitraria bajo el régimen de excepción", publicó en Twitter en reacción a la alerta pública de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Añadió que "es imperativo que las autoridades judiciales actúen con independencia y respeto a los derechos humanos".
De igual forma, la organización Artículo 19 publicó en la misma red social que "se suma a la condena de la petición de la Fiscalía a una nueva detención del periodista comunitario Víctor Barahona".
"Exigimos se desista la criminalización de la prensa crítica y abstenerse de realizar cualquier otro acto intimidatorio", subrayo la organización que defiende la libertad de expresión.
AI y Artículo 19 se sumaron así a la red latinoamericana Voces del Sur, que aglutina organizaciones que velan por la libertad de prensa en la región y que pidió al presidente salvadoreño Nayib Bukele un alto al "acoso y hostigamiento" contra la prensa crítica.
"Pedimos nuevamente a Nayib Bukele que disponga el cese del acoso y hostigamiento desde el Gobierno contra la prensa y el periodismo crítico", publicó el ente al conocer la denuncia pública de la APES.
El pasado 11 de julio, la APES denunció la detención arbitraria de Barahona, quien estuvo preso por más 11 meses y que habría sufrido torturas. Indicó en un comunicado que "durante 11 meses y 12 días, Barahona permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención médica" en diversas prisiones.
Con información de EFE
AJ/DJC