Un correo electrónico filtrado de un policía del Departamento de Seguridad Pública de Texas revela que a los agentes que trabajan en la iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott se les ha ordenado empujar a niños migrantes pequeños y bebés lactantes de vuelta al Río Bravo, que divide a México de Estados Unidos, sin ofrecerles agua, incluso en condiciones de calor extremo, de acuerdo con información del diario The Houston Chronicle.
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El correo describe estas acciones como "inhumanas" y detalla incidentes previamente no reportados, incluyendo una mujer embarazada atrapada en el alambre de espino, una niña desmayada por el calor y un adolescente con una pierna rota. Además, el correo sugiere que Texas ha colocado "trampas" de barriles envueltos en alambre de espino en partes del río, aumentando el riesgo de ahogamientos.
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El pasado 11 de mayo, conviene recordar, se marcó el fin del Título 42, que permitía la deportación inmediata de inmigrantes en Estados Unidos, así como el inicio del Título 8, que endurece las sanciones para quienes crucen la frontera de manera ilegal y condiciona las solicitudes de asilo al mecanismo de la app CBP One.
Hasta junio de este 2023, México registró la llegada de 74,764 migrantes al país, lo que significó un récord ya que el año pasado se recibieron 58,283, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Contexto
El pasado 1 de julio, en Florida entró en vigor la Ley SB1718, conocida como Ley Antiinmigrante debido a que restringe la presencia de personas indocumentadas en el estado.
Este 17 de julio, varios grupos defensores de los derechos civiles han presentado una demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida, argumentando que es inconstitucional, xenofóbica y criminaliza a la comunidad migrante en el estado. La demanda, liderada por el Southern Poverty Law Center, la ACLU y otras organizaciones, sostiene que esta ley representa una amenaza para los derechos y el bienestar de todos los individuos en el estado, no solo para los inmigrantes, y es discriminatoria.
La demanda se enfoca en disposiciones de la ley que penalizan el transporte de personas que puedan haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos sin inspección federal. Se argumenta que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y se utilice un término vago como "inspección".
El caso ha sido presentado contra el gobernador de Florida, la fiscal general del estado y otros funcionarios en nombre de varios afectados, incluidos ciudadanos estadounidenses y personas indocumentadas que viajan regularmente hacia y desde Florida.