Al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos mandatarios en América Latina en los últimos días han arremetido contra el Poder Judicial por diversos fallos que contradicen a su política, uno de ellos, la reciente polémica entre la Corte Suprema de Justicia de Argentina que suspende las elecciones en dos provincias gobernadas por el peronismo recalentó el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y la Corte.
El mandatario argentino se lanzó contra los ministros de su país por presuntamente “manipular” los tiempos electorales para frenar un “inminente” triunfo del partido oficialista.
El máximo tribunal del país suspendió el martes las elecciones en Tucumán y San Juan (noroeste) tras aceptar recursos de inconstitucionalidad presentados por la oposición contra las candidaturas de los actuales gobernadores, por presuntamente no respetar la alternancia en el poder.
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Ante ello, en cadena nacional, el presidente Fernández acusó a la Corte de “evidenciar su carácter antidemocrátrico” al suspender los comicios programados para este domingo en las provincias de San Juan y Tucumán.
En su resolución, la Corte Suprema advirtió que desde hace varios años en Argentina se han presentado “ensayos” para intentar permanecer en el poder por más tiempo de lo que permiten los textos constitucionales.
En respuesta, Alberto Fernández acusó a los magistrados de responder a intereses políticos y advirtió que la democracia de Argentina es “rehén de un grupo de jueces”.
Caso Colombia
Hace unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro tuvo una severa confrontación con el Poder Judicial, el mandatario argumento el pasado viernes, que al ser jefe de Estado, era el superior jerárquico del fiscal general, Francisco Barbosa, con quien mantiene un largo enfrentamiento.
Ante ello, el alto tribunal colombiano enfatizó su inquietud ante la interpretación que hizo el presidente del artículo 115 de la Constitución, que lo denomina como jefe de Estado, por ello, en un comunicado señala que las declaraciones del presidente desconocen la autonomía e independencia judicial.
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Ante esta tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía, la Corte tuvo esté miércoles una reunión con el mandatario Petro, con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.
Tras este encuentro, el ministro de Justicia Néstor Osuna aclaró que el Ejecutivo daba por terminada la polémica por la presunta violación a la división de poderes que Gustavo Petro desató tras asegurar que, en su calidad como jefe de Estado, el fiscal general de la nación era su subordinado.
Aunque el fiscal Barbosa no participó del encuentro en el Palacio de Justicia, el ministro Osuna dio a conocer que, por ahora, no se tiene fecha para que este se reúna con el primer mandatario. Sin embargo, aclaró que “el presidente y todo el Gobierno tiene permanente disposición para escuchar y reunirse, tanto con las altas cortes, con el fiscal general, con los jueces y con los sindicatos de jueces”, agregó.
Dictadura de Ortega
Tras varios fraudes electorales, el enero de 2022, el polémico Daniel Ortega asumió su cuarto mandato al frente de Nicaragua junto a lado de su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, apoyados en estrategias políticas, militares y económicas, consolidando así el poder de Ortega derribando todo el marco institucional e independencia de poderes que se empezó a construir con la llegada al poder de Violeta Barrios de Chamorro en 1990.
Para algunos analistas uno de los fuertes pilares del régimen de Ortega se centra en el control que ejerce en las fuerzas de seguridad y defensa nacional, como son la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
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Ante este control, Ortega y su esposa han logrado coaptar el resto de poderes, entre ellos la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral, donde sin vacilar llenaron los espacios con fieles sandinistas que aprueban y dan el sí a toda solicitud que sale del Ejecutivo.
La embestida autoritaria de Ortega incluye tener a su servicio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), desde donde garantiza los fraudes electorales, se despoja de su personería jurídica a los partidos políticos y se condena penalmente a los opositores y ciudadanos que difieren de su discurso.