Solo son negocios...

Hay tantas formas de ser, o de autopercibirse progresista, como carencias políticas en eso que suele definirse, a esta altura de los acontecimientos y en términos arcaicos, como izquierda.

Como se venía observando, el proyecto del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de organizar algo parecido a una mediación entre Ucrania y Rusia, salió apedreado de su reciente gira por China. Fue tal la mimetización de Lula con la postura de Moscú que en los últimos días su gobierno debió hacer un esfuerzo adicional para frenar las críticas que llegaban desde Washington y desde Europa, luego de que repitiera su postura en cuanto a que Volodímir Zelenski, prefirió en su momento la guerra a la negociación. 

El autor de esa opinión no es otro que un presidente con vasta experiencia en el cargo, cuya única formación política se basó en la negociación permanente. Ya sea con patrones, en sus días de sindicalista, como opositores o aliados. 

La andanada de críticas internacionales obligó a Lula adelantar 24 horas su gira por Portugal y España, nuevos escenarios del intento por aplacar la furia de Washington y de Bruselas. Principalmente, con el gobierno de Joe Biden, el brasileño tiene algo parecido a una deuda de gratitud. La administración demócrata se apuró en reconocer el triunfo de Lula y en repudiar los ataques al Palacio del Planalto, en enero último. Era público y notorio que jamás había sintonizado con las formas y el fondo del bolsonarismo, retoño inquebrantable del paso de Donald Trump por la Casa Blanca. En ese frente ya está trabajando Itamaraty (la cancillería) pero bien podría Lula responderle a su amigo Biden con algo más directo y sincero, en una clave propia de los Corleone (que también sabían, y mucho, de política): “Oye, Joe, me agradas, pero ten en cuenta que no es nada personal, solo son negocios…”.

Y es que, precisamente, los negocios de Brasil pasan por China, y en menor medida por Rusia. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, pasó por Brasilia esta semana, en otro gesto que, internacionalmente, fue leído como de cercanía con Moscú.

La agenda de inversiones chinas en Brasil es cuantiosa e inigualable, por lo pronto. Con Rusia, de acuerdo con los medios brasileños, Lula tiene interés de traer al país a la empresa Rosatom, con el fin de completar las obras de la usina nuclear de Angra, suspendida en 2015 a instancias del escándalo del Lava Jato. 

Rosatom va a competir en el concurso para la obra con la china CNNC, la francesa EDF y la estadounidense Westinghouse.

Con lo cual al jefe de Estado brasileño y a su cancillería no los mueven la falta de experiencia o la premura por volver a los primeros planos internacionales, como hace dos décadas, sino los negocios.

Y de negocios también habla Gabriel Boric, otro de los presidentes latinoamericanos, de lo que la crítica reconoce banalmente como “la marea roja”. Acaba de anunciar la creación de una asociación público-privada para la explotación del litio en el norte del país. Lo hizo en un mensaje en cadena nacional, donde advirtió que se creará una empresa nacional, al estilo de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) a la que facultó para entrar en contacto con la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), que opera en la región de Atacama —donde se encuentra el mayor yacimiento del país, a la postre segundo productor mundial—, que tiene contrato de operación hasta el 2030. 

Esa sociedad será mayoritariamente del Estado, en un país que cuenta con el antecedente de la nacionalización del Cobre en 1966 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), lo que resultó clave para la estabilidad macroeconómica chilena durante décadas. 

De paso errático en sus primeros meses de gobierno, Boric parece apostar a la diferenciación en política exterior. Fue una de las pocas voces en la región que supo levantarse contra los atropellos a la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Hacia el frente interno, el anuncio del jueves fue saludado por la actividad privada de su país. Y es que la medida es algo que cualquier confeso liberal podría haber adoptado. Su anuncio marca el inicio de la agenda gubernamental hacia el nuevo plebiscito constitucional de diciembre próximo, donde el gobierno espera asegurar, esta vez, una reforma constitucional más ajustada a la realidad que aquella que fue rechazada en septiembre de 2022.

Y para muestra de que, en los tiempos que corren, es necesario definir qué es ser progresista, ahí está el gobierno español de Pedro Sánchez. Tuvo que unirse a la oposición del Partido Popular para reformar la ley de delitos sexuales, tan solo ocho meses después de su aprobación. 

La ley del “Sí es Sí”, como se la conoció popularmente, era obra exclusiva de la ministra de Igualdad, Irene Montero, la que había recibido críticas de todos los sectores por el vacío legal que dejaba desde la matriz. La reforma, en sí, se basa en el endurecimiento de algunas penas, ya que la anterior norma generó en pocos meses la rebaja de condenas por lo menos en 1000 casos y 100 excarcelaciones, en lo que aparecía un galimatías jurídico que desde el arranque intentó diferenciar el abuso sexual de la agresión, hasta confundirlo todo. 

Sánchez debió pedir “perdón por los efectos indeseados de esta ley” en un intento por rectificar a sus socios de Podemos y la rigidez conceptual de Montero, más atada a las modas discursivas que a la práctica política, como quedó demostrado sobre el terreno hasta disparar la pregunta: ¿Qué puede tener de progresista esa ley? 

Solo la conveniencia de seguir alimentando una postura que, a la postre, es uno de los pocos ítems donde en las últimas décadas se han conseguido avances. Y es que en la actualidad la acción de gobernar, suele conducirse lejos de la política en tanto arte. Algunos más grandes, otros más pequeños, unos buenos y otros malos, todo parece reducirse, indefectiblemente, al terreno insensible de los negocios. 

VGB