Autoridades de El Salvador celebraron que el país está ganando la batalla con las pandillas de maras y aseguraron que el 90 por ciento de sus ciudadanos los apoyan con el estado de excepción que declararon y ellos mismos quieren que se extienda.
“Los únicos que se quejan son los activistas que no saben qué ocurre en el país y la oposición política”, lanzó el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en entrevista con la BBC.
El vicepresidente salvadoreño aseguró que no hay “derramamiento de sangre” en su batalla contra las pandillas de maras, al tiempo que negó que el gobierno detenga a ciudadanos sólo por tener tatuajes o luego de alguna llamada anónima.
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Lo que sí reconoció es que en una operación de tan grandes dimensiones, con un número de encarcelados que supera los 65 mil miembros de pandillas de maras, hay posibilidad de que se hayan cometido errores, como haber arrestado a algunas personas sin vínculos con la Mara Salvatrucha o el Barrio 18.
Así ha sido la operación de Bukele
Prácticamente todo el mundo se enteró cómo el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hizo un gran esfuerzo por construir un penal de máxima seguridad destinado a ser el nuevo hogar de miles de prisioneros pertenecientes a las maras, pandillas que han sido el azote en Centroamérica y sur de México, con ramificaciones que van hacia Colombia, Estados Unidos y hasta Chile.
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También se ha documentado la violación de derechos humanos de detenidos y una alta letalidad en contra de civiles pertenecientes a las maras, han denunciado organizaciones de derechos humanos en El Salvador; sin embargo, la población azotada por la delincuencia ha visto con buenos ojos el plan del presidente Bukele.
La directora interina para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, señaló este jueves en Twitter que "detrás" del traslado de "detenidos" a una nueva prisión, el Gobierno de El Salvador "esconde negociaciones" con pandillas.
La directora interina apuntó que "más que imitar el modelo, la región debe preocuparse por sus consecuencias".
Por su parte, HRW públicó en la misma red social que "el traslado de miles de personas a una nueva mega prisión en El Salvador se produce tras las revelaciones que indican que el Gobierno negoció beneficios con las pandillas a cambio de disminuir la tasa de homicidios y obtener apoyo electoral".
Elementos y autoridades de Seguridad de El Salvador trasladaron la madrugada del 24 de febrero a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Bukele.
La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su "profunda preocupación", dado que "la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos".
La construcción del recinto penitenciario también se dio en el contexto de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022 y que ha sido ampliado en 10 ocasiones en términos de 30 días.
Hasta el momento, las autoridades reportan la captura de más de 62.900 supuestos pandilleros.
El Gobierno salvadoreño atribuye al régimen de excepción -implementado en una llamada "guerra" contra las pandillas- y a su plan de Control Territorial la caída de los homicidios en un 57 % en 2022.