La violencia de las pandillas y elementos armados de la Mara Salvatrucha que residen en miles de colonias en El Salvador son uno de los principales problemas de seguridad para el país centroamericano. Ejemplo de este mal se puede observar en el municipio de Soyapango en donde por primera vez, después de mucho tiempo, dos equipos de fútbol pueden compartir una cancha sin violencia, de acuerdo con el diario BBC.
Otro de los ejemplos que se pueden observar son el de Jerrica quien es entrenadora de futbol y quien debido a la violencia de la Mara Salvatrucha (MS-13) no podían jugar como ahora lo pueden hacer en un barrio aledaño llamado San José.
“No veníamos aquí desde hace más de 20 años, es como si nos separará un mundo. Así que los muchachos, que tienen 16 o 17, es la primera vez en su vida que llegan acá a jugar tranquilamente. Estaban tan emocionados que dejaron de ir a estudiar hoy por venir a conocer”, indicó la mujer quien se notaba muy emocionada.
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El origen de estas pandillas que causan violencia al interior de los barrios y municipios de El Salvador tiene su origen en las personas que, durante la década de los 80 migraron a EU a causa de la guerra civil.
¿Por qué ahora sí se puede jugar?
El avance en contra de las pandillas como la Mara Salvatrucha se debe a que el gobierno de Nayib Bukele ha emprendido una “guerra” a través de un régimen de excepción que está a punto de cumplir un año el próximo lunes, de acuerdo con la BBC.
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Esta toma de decisiones por parte de Bukele tiene como punto de partida el asesinato de 76 personas en tan solo 48 horas en el año 2022. De acuerdo a medios como El Faro de El Salvador, dicha masacre se dio como el resultado de una ruptura de tratos entre el gobierno y la MS-13.
Actualmente, tras cerca de 12 meses de haberse aplicado estas medidas en donde ha quedado suspendido el derecho a la privacidad de las comunicaciones y garantías al debido proceso, además de una nueva ley que exige que después de 72 horas posteriores a un arresto se presente a la persona ante el juez, se ha logrado detener al menos a 65 mil ciudadanos por su presunta relación con pandillas de los maras.
(Foto: Twitter @LorenzoCaballer)
Bukele y los maras
El contexto de El Salvador cuenta con tintes complejos ya que en medio de una realidad llena de violencia y perteneciente a las pandillas de los maras, el gobierno de Bukele ha tomado acciones y acciones que para la Organización de las Naciones Unidas no son buenas, sin embargo estas son aceptadas por la sociedad salvadoreña debido al hastío bajo el que viven a causa de los grupos criminales.
Dichas medidas ejercidas por el actual gobierno han dejado al descubierto una violación a derechos humanos de los detenidos y una alta letalidad en contra de los civiles a los que se les encuentre vinculados con estos grupos criminales.
Lo anterior se puede ver a través de la creación y construcción de un nuevo penal el cual quedará destinado a ser el nuevo hogar de miles de prisionero pertenecientes a los maras. De acuerdo con la directora interina para las Américas de la organización Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, detrás del traslado de estos presos al nuevo centro de reclusión existen tratos entre el gobierno de El Salvador y las pandillas.
“Detrás de la escena del traslado de detenidos a una mega cárcel en El Salvador, el Gobierno esconde negociaciones con pandillas, comete abusos y concentra el poder”, señaló Taraciuk.
Al respecto, el gobierno del presidente Nayib Bukele el pasado 24 de febrero trasladó a 40 mil personas de los diversos penales, al nuevo.
Un costo alto
Las acciones de Bukele se han convertido en la luz de muchas personas que durante toda su vida han vivido a expensas de las pandillas que controlaban todo en los barrios y municipios de El Salvador.
Sin embargo estas acciones también cuentan con un costo alto debido a la cantidad de violencia que el gobierno actual ha tenido que emplear para controlar, encarcelar y procesar a los miembros de los maras.
De acuerdo con lo dicho por Bukele, tan solo en enero, el presidente de El Salvador indicó que capturó a 63 mil miembros de los maras que en ese momento habían causado la muerte de 170 personas.
Sin embargo lo antes mencionado, para asociaciones como Human Rights Watch (HRW) se encuentra fuera de los derechos humanos y está mal, ya que señalan que la detención masiva de personas vulnera los derechos humanos por completo, se viola el debido proceso, da origen a un hacinamiento extremo y causa una falta de garantías.
CAO