Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, representó en su momento una esperanza de democracia y transparencia para millones de ciudadanos en su país después de que tres expresidente fueran juzgados por la ley debido a actos ilícitos, de acuerdo con el medio Conectas.
Lo anterior quedó apoyado a través de una encuesta realizada en el año 2018 por la Universidad de José Dimeón Cañas (UCA) donde se mostró el apoyo con el que contaba, lo cual se trasladó a la campaña política por la presidencia en donde su discurso reunió la mezcla de hartazgo y esperanza por un cambio del pueblo salvadoreño y que lo llevó al triunfo electoral.
En lo que va de su mandato, Bukele ha continuado con la misma narrativa que pretende exponer a antiguas administraciones y los actos de corrupción que permitían.
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BUKELE Y SU SOSPECHA
A pesar de lo anterior, Nayib Bukele se ha visto envuelto en sospechas debido a varios actos que podrían ser considerados corruptos. Uno de ellos fue cuando se desempeñaba como alcalde de San Salvador en donde un productor que había trabajado con él, recibió contratos irregulares para la creación de videos que después fueron ocupados por Bukele.
Otro caso fue también cuando otorgó un millonario contrato para la colocación de cámaras de seguridad a una empresa mexicana en la cual, uno de los directivos, era su amigo de acuerdo con la revista Factum. Este hecho se suma a otro en el que se le acusó de nepotismo después de haber nombrado funcionario municipal a uno de sus hermanos.
Estos hechos no son todos en los que se ha visto involucrado el presidente Bukele, ya que uno de sus colaboradores políticos más cercanos originario de Costa Rica, cobró miles de dólares a la alcaldía de San Salvador, con la justificación de emplearlos en servicios de consultoría y los cuales nunca los realizó.
Por otro lado, se ha señalado que Bukele, en su tiempo como alcalde abogó en la compra de armas para el Cuerpo de Agentes Metropolitanos lo cual concluyó en que el hoy presidente le concediera una parte de dicho contrato a un empresario a quién, de acuerdo con las investigaciones, le debía más de 250 mil dólares.
En torno a este último hecho, llama la atención que la alcaldía de San Salvador se haya negado a dar acceso a todo lo relacionado con el caso y lo cual ha violado la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Como parte de las indagatorias, se ha corroborado que si bien no hay ningún interés por esclarecer los hechos por parte del gobierno, los concejales capitalinos señalaron que no existía una emergencia que justificara la compra apresurada de armas.
CAO