El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala aseguró este viernes que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
La Fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios "son nulas de pleno derecho" ya que "no fueron autorizadas" inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.
Te podría interesar
Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), hubo anomalías en las hojas de adhesión que el Movimiento Semilla presentó para colaborar con el caso. Supuestamente, el Tribunal Supremo de Elecciones omitió esas anomalías “en beneficio” del comité pro formación del partido.
Te podría interesar
La agente fiscal Leonor Eugenia Morales Laso de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala sostuvo que, durante el cierre del escrutinio de las elecciones generales pasadas, no se utilizaron los formatos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció en las actas 4 o de cierre, dispuestas para tal fin, por lo que los resultados son “nulos”.
Además, recalcó que los formatos utilizados para el escrutinio de los votos en las elecciones pasadas, “no fueron los aprobados por el Tribunal Supremo Electoral, lo cual no podía ser modificado arbitrariamente, ya que los formatos a emplear habían sido autorizados previamente en el acuerdo modificado del TSE” 9-2023 y modificado en el 50-2023.
La Fiscalía de Guatemala también está anulando los resultados de las elecciones, concernientes a los cargos de vicepresidente, diputados al Congreso de la República, listado nacional, diputados al Congreso de la República por Distrito Electoral, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano.
Contexto
Tras ganar las elecciones presidenciales de Guatemala, de manera sorpresiva, el 20 de agosto pasado, el político socialdemócrata de la oposición, Bernardo Arévalo, denunció que la Fiscalía guatemalteca pretendía llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra e impedir que asumiera el poder en enero de 2024.
Su denuncia, se realizó desde el 1 de septiembre, cuando aseguró la existencia de “un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”. Esto, luego de que la justicia revocara el registro de su partido, Semilla.
A estas acciones le siguieron intentos de la Fiscalía por confiscar las boletas electorales, hecho que encendió las alarmas en los demás países de la región ante una posible crisis de ingobernabilidad en Guatemala.
En este sentido, a inicios de este mes de diciembre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo una reunión especial para abordar el conflicto político en Guatemala. En dicha reunión estuvieron diferentes países de la región, incluyendo a Estados Unidos, quienes manifestaron su preocupación por las acciones de la Fiscalía guatemalteca para intentar anular el triunfo de Arévalo.
Conviene recordar que el Fiscal General de Guatemala está en la lista negra de políticos latinoamericanos más corruptos de Estados Unidos.
OEA condena intento de Golpe de Estado en Guatemala
Tras conocerse la anulación del triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales de Guatemala, celebradas el 20 de agosto de 2023, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado para condenar "el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala".
En el comunicado, la OEA señala a los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales como los responsables de buscar anular las elecciones generales del país y solicitó al aún presidente del país, Alejandro Giammattei; a la Corte Constitucional; a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso, actuar contra "perpetradores de este atentado" y "defender las instituciones y el orden constitucional".
VGB