La toma de poder del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta, Karin Herrera, se tambalea ante un nuevo intento del Ministerio Público guatemalteco por impedir que tomen posesión el próximo 14 de enero de 2024. Ahora pretenden llevarlos a juicio por presuntamente dañar el patrimonio de la universidad estatal.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Para ello, la Fiscalía General de Guatemala, informó este jueves que pedirá que se les retire la inmunidad a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y llevarlos a juicio por participar activamente en la toma con violencia del campus universitario en 2022, con motivo del rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores.
Te podría interesar
El presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, son acusados por el fiscal Saúl Sánchez, encargado de la investigación en su contra, de los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
Como pruebas en contra de Arévalo y Herrera, el fiscal Saúl Sánchez mostró capturas de pantalla de videos en los que se ve al presidente electo de Guatemala, participar en eventos académicos en el campus universitario tras su liberación por parte de los manifestantes en el evento de 2022.
Te podría interesar
Además de Arévalo y Herrera, la Fiscalía Guatemalteca también pedirá que se le retire la inmunidad a los diputados del partido del presidente electo, Movimiento Semilla, Samuel Pérez y Román Castellanos, así como al diputado electo Raúl Barrera, entre otros políticos de oposición al gobierno en turno.
Todos ellos son acusados por la Fiscalía de Guatemala de utilizar la toma de la universidad como una "plataforma para sus candidaturas políticas".
Políticos y funcionarios detenidos por la Fiscalía de Guatemala
La primera detenida por los delitos de sedición y daños contra el patrimonio de la nación, fue la ex candidata a diputada del partido político Movimiento Semilla, Marcela Blanco, la cual aseguró ante periodistas este mismo jueves, que su detención es por denunciar actos de corrupción.
Además de ella, otros funcionarios de la universidad estatal San Carlos de Guatemala, fueron detenidos por agentes del Ministerio Público de Guatemala durante más de 30 allanamientos que se realizaron este jueves. La fiscalía confirmó la detención de 4 personas, incluida la política de oposición.
Además, se ha reportado que por más de 30 hombres y mujeres, entre ellos varios periodistas, cuentan con orden de aprehensión por los mismos cargos por los que se intenta acusar al presidente electo, Bernardo Arévalo. Entre los políticos con orden de captura está el ex procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas; y el director de la comisión internacional de Juristas para Centroamérica Ramón Cadena.
Los operativos están a cargo de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio.
"Las órdenes de aprehensión fueron giradas por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita", detalló el Ministerio Público.
Críticas contra la Fiscalía de Guatemala
Consuelo Porras Argueta, titular del Ministerio Público guatemalteco ha sido acusada por el presidente electo, Bernardo Arévalo, desde el 1 de septiembre, de intentar orquestar un “golpe de Estado” en su contra para impedir que tomo el poder el próximo año.
Organismos internacionales también han alertado sobre las acciones emprendidas por la fiscal Porras Argueta para desacreditar las elecciones en las que Bernardo Arévalo resulto electo presidente de Guatemala para el periodo que inicia en enero de 2024, tales como la cancelación y persecución de los políticos del partido Movimiento Semilla.
El miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en Washington, Estados Unidos, una resolución en contra de la injerencia del Ministerio Público en el proceso electoral y la posterior transición de poderes.
Porras Argueta se encuentra sancionada por Estados Unidos desde 2021 con el retiro de su visado, al igual que el juez penal a cargo de los operativos de este jueves, Víctor Cruz.
VGB