La Comisión Europea ha iniciado este lunes un procedimiento de investigación contra la red social X, (antes Twitter) propiedad del magnate Elon Musk, por sospechas de incumplimiento de las obligaciones para contrarrestar los contenidos ilegales y la desinformación en sus publicaciones, así como incitar a los usuarios a suscribirse a su versión de pago a través de la verificación azul.
Se trata de la primera vez que se utiliza la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés), adoptada por la Unión Europea (UE) en agosto y que regula las operaciones de las plataformas digitales en el espacio europeo.
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Bruselas decidió abrir el procedimiento de infracción después de haber analizado la respuesta que le proporcionó la red social X cuando le pidió información sobre las medidas que estaba llevando a cabo para eliminar el contenido terrorista que según la Comisión estaba promoviendo después del ataque de Hamás a Israel.
¿Qué regula la DSA?
La Ley de Servicios Digitales obliga a las grandes plataformas a evaluar anualmente el riesgo que pueden causar a la sociedad, teniendo en cuenta aspectos como el contenido que recomiendan a sus usuarios, la publicidad que les muestran o la manipulación intencionada que puedan promover cuentas no verificadas.
Una vez detectado, tienen que eliminar rápidamente el contenido ilegal y la propagación de información falsa y avisar en la mayor brevedad posible de su eliminación a las personas que han publicado el contenido, dándoles la posibilidad de apelar.
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Uno de los principales objetivos de la normativa es obligar a las plataformas a ser más transparentes en el diseño de los algoritmos que determinan el contenido que ven los usuarios, de tal manera que se evite su manipulación.
En este sentido, las empresas deben proporcionar información a las autoridades y a investigadores independientes sobre el diseño de los algoritmos o crear un repositorio anual con los anuncios que han mostrado en las plataformas.
La ley de servicios digitales no establece ningún límite temporal para concluir la investigación, que según la Comisión no prejuzga el resultado de la misma.
No obstante, Bruselas podrá adoptar medidas cautelares contra la red social X si lo considera necesario.
Las sanciones
La norma contempla multas que pueden alcanzar el 6 % del volumen de negocios mundial de la empresa acusada y en el caso de que se comprueben infracciones graves y prolongadas se puede incluso declarar la prohibición de operar en el espacio de la Unión Europea.
La Comisión informó este lunes que tras la apertura de esta investigación formal, va a continuar reuniendo "pruebas" y que va a pedir más información a la red social X, incluyendo entrevistas o inspecciones.
La apertura de este proceso permite que el ejecutivo europeo tome medidas para obligar a la red social X a cumplir las normas o que acepte soluciones propuestas por la red social para resolver los problemas señalados. La investigación abierta no estipula ningún plazo.