Desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador en marzo de 2022, diseñado para combatir a las pandillas, se han registrado más de 200 fallecimientos en cárceles del país. Socorro Jurídico Humanitario, una organización no gubernamental, compartió con EFE que el total de muertes alcanza los 213 casos hasta el 10 de diciembre de 2023.
Ingrid Escobar, representante de la entidad, explicó que esta cifra se basa en información directa de familiares de las víctimas y en el monitoreo de fuentes periodísticas. De las víctimas mortales, el 94 % son hombres (201) y el 6 % son mujeres (12). Escobar enfatizó que existen pruebas de estas muertes, lo que confirma la gravedad de la situación.
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Según el informe de Socorro Jurídico, la mayoría de las muertes se atribuyen a negligencia por falta de atención médica y homicidio. El régimen de excepción, una medida principal de seguridad del Gobierno salvadoreño para luchar contra las pandillas, ha resultado en más de 74.000 detenciones, de las cuales más de 7.000 personas han obtenido libertad condicional.
"Tenemos pruebas de estas muertes, por lo que nadie puede negar que se están dando", agregó Escobar.
Amnistía Internacional ha calificado esta medida como una de las peores crisis de derechos humanos en El Salvador desde el fin de la guerra civil (1980-1992), argumentando que la violencia estatal está reemplazando gradualmente a la de las pandillas. Según las autoridades, todos los detenidos son pandilleros o colaboradores, mientras que organizaciones sociales han registrado más de 5.000 víctimas directas de abusos, principalmente por detenciones arbitrarias.
El régimen de excepción fue aprobado tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas, que resultaron en más de 80 muertes en tres días. Investigaciones de medios locales, como El Faro, sugieren que este aumento en la violencia pudo deberse a la ruptura de un supuesto pacto entre el Gobierno y las maras.
El Salvador permanecerá bajo el régimen de excepción hasta finales de 2023, luego de que el oficialismo aprobara la vigésimo primera ampliación de la medida por 30 días adicionales el pasado 5 de diciembre en la Asamblea Legislativa.
Bukele liberó a más de 7000 personas
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció en agosto la liberación de al menos 7,000 personas detenidas durante esta medida, implementada como parte de una "guerra contra las pandillas". Hasta la fecha, más de 72,000 personas han sido arrestadas bajo este régimen, acusadas por el Gobierno de pertenecer a pandillas.
Villatoro, en una entrevista en un canal local, indicó que la liberación de estos detenidos demuestra la eficacia del sistema de justicia. Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, siguiendo la solicitud del Gobierno del presidente Nayib Bukele, suspendió ciertas garantías constitucionales, como el derecho a la defensa administrativa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, y extendió la detención administrativa a un máximo de 15 días.
El ministro destacó que más de un año y medio bajo el régimen de excepción ha evidenciado la firme voluntad del Gobierno de erradicar el fenómeno de las pandillas. Sin embargo, organizaciones humanitarias en el país han reportado más de 5,000 "víctimas directas" de violaciones de derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
El régimen de excepción se ha establecido como la principal estrategia de seguridad del Gobierno de Bukele para luchar contra las pandillas, un problema que se considera herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se intensificó con la deportación de pandilleros desde Estados Unidos. Estas organizaciones criminales han desafiado los planes de seguridad de las últimas cuatro administraciones.
Con información de EFE
DJC