El Gobierno de Venezuela se ha opuesto a la reanudación de las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos supuestamente cometidos en el país en 2017. Dichos abusos podrían constituir crímenes de lesa humanidad y están siendo investigados por la Corte Penal Internacional (CPI). Los delitos bajo investigación incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, cometidos durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre abril y julio de ese año. La apelación presentada por el Gobierno venezolano se basa en la falta de información detallada sobre los delitos en cuestión.
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El ministro venezolano de Exteriores, Yvan Gil, aseguró este 8 de noviembre ante la CPI que “nunca han ocurrido” crímenes de lesa humanidad en Venezuela sino “un puñado de incidentes” que Caracas ya investiga, e instó al tribunal a usar sus recursos para casos como “la indecible conflagración de violencia” en Gaza.
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En una intervención tras dos días de audiencias en La Haya, en las que Caracas buscó frenar la investigación de la CPI, el ministro dijo que la justicia nacional ya lleva a cabo sus propios procesos y resumió que, hasta hoy, “más de 255 agentes del Estado fueron imputados, 64 acusados y 62 condenados” por lo que calificó de “casos de violaciones de derechos humanos que son interés” de la CPI y su fiscal Karim Khan.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal en 2021 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en 2017. Esta pesquisa se llevó a cabo en colaboración con el Gobierno de Nicolás Maduro, quien firmó un acuerdo de cooperación con la CPI. Sin embargo, un año después, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, solicitó la reanudación de las investigaciones debido a la falta de avances en el país.
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La investigación de la CPI se centra en los abusos cometidos durante las protestas antigubernamentales que se produjeron en Venezuela en 2017. Durante este período, el Tribunal Supremo bloqueó las competencias de la Asamblea Nacional, lo que provocó una ola de protestas en todo el país. Estas manifestaciones fueron reprimidas violentamente por las fuerzas del orden del Gobierno, lo que resultó en más de un centenar de muertos. Los delitos investigados incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
Argumentos del Gobierno venezolano contra la reanudación de las investigaciones
En la apelación presentada por el Gobierno venezolano, los representantes legales argumentan que no han recibido información detallada por parte del fiscal de la CPI sobre los delitos en cuestión. Afirman que la Fiscalía "nunca señaló a funcionarios de alto rango sospechosos de alguno de los delitos que se pretenda investigar". Además, alegan que la información recibida era demasiado general y no permitía responder de manera práctica.
Por otro lado, la Fiscalía de la CPI sostiene que la información proporcionada a Caracas era específica y suficiente para que el Estado venezolano pudiera responder y para que el fiscal de la Corte Penal pudiera proteger a las víctimas y testigos. Se argumenta que las notificaciones enviadas a Venezuela incluían detalles como calendarios, ubicaciones geográficas, grupos de personas presuntamente responsables y tipos de crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos.
Durante la sesión de apelación, se discutió el tema de la traducción al español de una serie de documentos considerados esenciales para el caso. Venezuela presentó los escritos en español, ya que es una de las lenguas oficiales de la CPI. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que Venezuela sabía que debía traducir esos escritos y que la Sala de Apelaciones no erró al no pedir la traducción, ya que los Estados deben proporcionar la información requerida en una de las lenguas de trabajo del tribunal.
El ministro Gil consideró que la remisión de este caso respondió “a un claro objetivo político” y busca “utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”. Según su versión, se han “promovido y apoyado diversas acciones desde el extranjero” contra Venezuela, con “reiteradas manifestaciones de violencia callejera, intentos de golpes de Estado, e incluso el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro”.
El funcionario aseguró, además, que Caracas “se vio forzada a actuar con herramientas que permite el derecho internacional, para garantizar la vigencia de la Constitución” y “evitar una guerra civil”. “Evidentemente la magnitud e intensidad de las acciones de violencia (…) pudieron dar lugar a incidentes aislados de exceso por parte de agentes del Estado. En todo caso, estos hechos valorados objetivamente constituyen delitos contra los derechos humanos, pero no pueden considerarse como crímenes de lesa humanidad”, advirtió.
Ratificó el “compromiso inquebrantable” de Venezuela con la CPI y aseguró que, a lo largo de todo el proceso desde 2018, Caracas compartió con la fiscalía “alrededor de 30,000 folios de documentos de diversa índole, incluyendo expedientes judiciales que dan cuenta del sostenido y productivo esfuerzo del sistema de justicia de Venezuela para investigar y sancionar los hechos ocurridos desde el año 2014”.
El principio de complementariedad y la investigación nacional en Venezuela
Durante la apelación, se invocó el principio de complementariedad, que establece que la CPI actúa como tribunal de último recurso si el país en cuestión no puede o no quiere llevar a cabo una investigación nacional. El Gobierno venezolano afirmó que Venezuela ya está investigando los presuntos crímenes y ha cooperado con la CPI. Según el letrado Emmerson, desde 2017, unos 200 miembros de la policía y el Ejército han sido acusados y condenados por violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con información de el diario El País.
Sin embargo, la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV) argumenta que Venezuela no está investigando adecuadamente los crímenes cometidos contra sus familiares y amigos. Según la OPCV, el contexto es esencial para definir un crimen contra la humanidad, y si no se integra la investigación nacional, no se puede decir que los crímenes estén siendo analizados.
Solicitud de investigación de varios países y respuesta de la CPI
En septiembre de 2018, varios países, incluyendo Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, solicitaron a la CPI la apertura de una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde febrero de 2014. Esta solicitud iba acompañada de un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que documentaba los delitos que investiga la Fiscalía. La entonces fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, afirmó en 2020 que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos que son competencia de esta corte.
En noviembre de 2021, el nuevo fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, decidió abrir una investigación sobre los crímenes que se hubieran podido cometer bajo el Gobierno de Maduro. Sin embargo, la Fiscalía recibió una solicitud de Venezuela para que la labor de la CPI fuera aplazada en favor de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó a la Fiscalía a reanudar la investigación en junio de 2023, argumentando la falta de avances y períodos de inactividad inexplicables en los procesos penales internos de Caracas.