En las últimas horas se dio a conocer el desalojo de sus cargos de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y la magistrada Yadira Centeno González, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo información confirmada por el diario Confidencial.
El desalojo de las oficinas del tribunal, que ocurrió el pasado 24 de octubre, fue ejecutado por un grupo de policías que eran guiados por Horacio Rocha, el comisionado general en retiro, también asesor presidencial con el rango de ministro en temas de seguridad, como reporta el medio.
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Según confirmaron fuentes a distintos medios de comunicación, varios directores de la institución han sido destituidos, particularmente del área de tecnología e informática.
La presidenta de la Corte había ocupado el cargo desde 2010, cuando fue elegida por la asamblea nacional con el respaldo del presidente Daniel Ortega.
El diario confirmó que actualmente y tras esta decisión respecto a la presidenta de la Corte, es la vicepresidenta, Rosario Murillo, quien habría quedado a cargo tras órdenes ejecutadas por el comisionado Rocha, según confirmaron fuentes, quienes agregaron que la Corte está intervenida políticamente por Néstor Moncada Lau, asesor de Seguridad.
Además, el medio de comunicación dio a conocer que en los próximos días, la magistrada Alaba Luz Ramos tendría que presentar su carta de renuncia como presidenta de la Corte ante la Asamblea Nacional, mientras que en la secretaría “barajan el nombramiento de la magistrada Juana Méndez como sustituta”, según confirmó una fuente a Confidencial.
Algunos medios de comunicación en Nicaragua especulan que este percance en la Corte obedece a una lucha interna entre Daniel Ortega y su esposa, por el poder en Nicaragua, ya que la vicepresidenta aspira a obtener cada vez más representación en algunas instituciones de alto poder dentro del país.
La “suspensión de facto de la doctora Alba Luz Ramos evidencia la toma del control, del Poder Judicial, por parte de Rosario Murillo”, dijo una fuente vinculada a la Corte al diario.
Quitan facultades a la Corte
El Parlamento de Nicaragua aprobó esta semana en Managua una reforma a la Constitución Política en la que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Con la reforma constitucional, aprobada por el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, "se desvincula a los Registros Públicos de la administración de justicia a cargo del Poder Judicial", informó el Legislativo nicaragüense en una declaración.
Ese poder del Estado indicó, además, que el Legislativo aprobó la Ley de Adscripción del Sistema de Registros, con el que los Registros Públicos pasan bajo la administración de la Procuraduría General de la República, que actúa como representante legal del Estado.
Según los legisladores sandinistas, los Registros Públicos pasarán bajo la administración de la Procuraduría General de la República "con el fin de agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de propiedad, mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles".
La reforma constitucional le quita al Consejo Nacional de Carrera Judicial, subordinada a la Corte Suprema, la atribución de "supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.
Ahora la supervisión administrativa de esos registros estará bajo el control de la Procuraduría General de la República, a través de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros.
La reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra "intervenida" por la Policía Nacional. Según el diario La Prensa, la Policía Nacional ha detenido a "decenas de empleados del Poder Judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales" y estaría bajo investigación.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.