Un operativo policial se hizo con el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua al desalojar de su oficina a su presidenta, Alba Luz Ramos, y destituir a funcionarios claves de ese poder del Estado.
De acuerdo al testimonio de personas cercanas a la CSJ, funcionarios policiales ingresaron a los edificios de esa institución y sacaron de sus oficinas a las magistradas Ramos y Yadira Centeno González, esta última presidenta de la Sala Civil y de Familia, que fueron enviadas a sus domicilios. No obstante, Centeno regresó a su oficina más tarde, pero Ramos permanece en su vivienda bajo vigilancia policial, según información de Infobae.
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El martes pasado, circuló un comunicado interno en la CSJ que ordenó dos días de asueto y en el que se mencionó como "presidente en funciones" al magistrado Marvin Aguilar, quien es el vicepresidente de esa institución.
También se conoció que fueron destituidos varios directores del Poder Judicial y algunos de ellos han sido interrogados.
El avance de Rosario Murillo en el control de todos los poderes del Estado estaría tras la purga que se ha vivido desde octubre del año pasado cuando se llevó a la cárcel a dos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia: el vocero, Roberto Larios Meléndez y a la magistrada Ileana Pérez López.
La magistrada Pérez presentó su renuncia poco después de ser llevada a la cárcel El Chipote, mientras Larios fue condenado por “traición a la patria” y desterrado a Estados Unidos en febrero pasado.
Según una fuente cercana a la Corte, Murillo está asumiendo el manejo del Poder Judicial como ya lo hace con otras dependencias y ministerios.
“Rosario Murillo busca tener el control absoluto del país, para asegurar la sucesión en el poder y evitar una crisis ante una eventual muerte de Daniel Ortega, quien en unos días cumplirá 78 años”, dijo una fuente que pidió no revelar su nombre a Infobae.
La intervención policial se produce, extraoficialmente, bajo acusaciones de corrupción en el manejo que hace la Corte del Registro Público de la Propiedad.
Reorganización del Poder Judicial
Recientemente, la Asamblea Nacional de Nicaragua despojó a la CSJ de la supervisión y manejo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil y traspasó esas funciones a la Procuraduría General de la República mediante una reforma constitucional, luego de que salieran a la luz presuntos hechos de corrupción en el manejo del Registro Público de la Propiedad.
Para el abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán, desde 2018, el régimen de Ortega comenzó a implementar una reorganización del Poder Judicial.
"Después del 2018 surge la necesidad de descabezar las estructuras que manejaban Bayardo Arce y Rafael Solís (antiguos compañeros de guerrilla de Ortega) porque se cree que no son personas totalmente alineadas y se comienzan a cambiar por estructuras de poder de mayor confianza y leales a Rosario Murillo”, explicó el abogado al medio.
Por su parte, la jurista y catedrática María Asunción Moreno dijo que el "golpe de Estado" ya lo había dado Ortega cuando se "reeligió de forma inconstitucional" en 2011.
“No, de ninguna manera es un golpe de Estado, y la razón es que el golpe de Estado lo dio Daniel Ortega cuando se reeligió de forma inconstitucional (en 2011) y desde entonces viene acabando con toda la institucionalidad del país”, dijo Moreno.
"En Nicaragua no hay separación de poderes, todos los poderes del Estado han sido absorbidos por un poder único, el de los Ortega Murillo, quien quita y pone fiscales, jefes policiales, magistrados, jueces, alcaldes y hasta diputados, así que esto no se parece para nada a un golpe de Estado”.
"La forma violenta y notoria con que se desaloja y despiden a magistrados y funcionarios judiciales allegados tiene más que ver con mandar un mensaje claro de que el poder se ejerce sólo desde El Carmen (casa y oficina de Ortega y Murillo)", agregó.
La experta afirmó que "lo que está pasando en el Poder Judicial es una clara manifestación de concentración de poder absoluto que ejerce el régimen Ortega Murillo”.
“Desde hace muchos años en Nicaragua no existe un Poder Judicial independiente” porque “lo convirtieron en una secretaría judicial dependiente del Ejecutivo. Una sola decisión no se toma en esta secretaría judicial sin la consulta y autorización de Ortega Murillo, quienes decidieron hacer un despliegue o exhibición de fuerza para desmontar una 'subestructura de poder' que había articulado la magistrada Ramos desde hace muchos años”.