Víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia denunciaron en Argentina, al amparo del principio de jurisdicción universal, al expresidente Álvaro Uribe por las ejecuciones de civiles cometidas por las Fuerzas Armadas durante su Gobierno y conocidas como "falsos positivos".
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Así lo informó este jueves el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en un comunicado, en el que detalló "mediante una querella presentada ante la justicia argentina al amparo del principio de jurisdicción universal, familiares y representantes de víctimas" buscan "que en esta instancia se investigue la responsabilidad penal" de Uribe.
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"Esta acción constituye un paso histórico de las víctimas y organizaciones en la lucha contra la impunidad en Colombia. Una investigación por parte del juzgado contra Álvaro Uribe abriría la puerta a que sea la primera vez que un presidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales", agregó la información.
La demanda fue interpuesta por once víctimas y tres ONG colombianas que han acompañado estos casos durante años y que son el Cajar, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), que estarán representadas en argentina por el abogado Máximo Castex.
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Al respecto, Uribe respondió en la red social X que el Cajar representa a "falsas víctimas", ha dicho "infamias" sobre él durante 30 años y "se arropa en los Derechos Humanos para proteger la violencia de terroristas supuestamente de izquierda". "Y también expreso a la justicia de Argentina que estoy listo a enfrentar esta nueva temeridad de abogados al servicio de causas políticas", añadió el exmandatario.
Con el nombre de falsos positivos se conoce en Colombia la ejecución de jóvenes de bajos recursos por parte de miembros del Ejército que los reclutaban con falsas promesas de empleo y, una vez asesinados, los presentaban como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados a sus superiores y de esta forma obtener premios y otros beneficios.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC y que es el que más lejos ha llegado juzgando este episodio, ha determinado que las fuerzas armadas desarrollaron un "patrón macrocriminal" en el que participaron también los paramilitares y que acabaron con la vida de al menos 6.402 jóvenes.
Venezuela vs la Corte Penal Internacional
El Gobierno de Venezuela se ha opuesto a la reanudación de las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos supuestamente cometidos en el país en 2017. Dichos abusos podrían constituir crímenes de lesa humanidad y están siendo investigados por la Corte Penal Internacional (CPI). Los delitos bajo investigación incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, cometidos durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre abril y julio de ese año. La apelación presentada por el Gobierno venezolano se basa en la falta de información detallada sobre los delitos en cuestión.
El ministro venezolano de Exteriores, Yvan Gil, aseguró este 8 de noviembre ante la CPI que “nunca han ocurrido” crímenes de lesa humanidad en Venezuela sino “un puñado de incidentes” que Caracas ya investiga, e instó al tribunal a usar sus recursos para casos como “la indecible conflagración de violencia” en Gaza.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal en 2021 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en 2017. Esta pesquisa se llevó a cabo en colaboración con el Gobierno de Nicolás Maduro, quien firmó un acuerdo de cooperación con la CPI. Sin embargo, un año después, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, solicitó la reanudación de las investigaciones debido a la falta de avances en el país.
La investigación de la CPI se centra en los abusos cometidos durante las protestas antigubernamentales que se produjeron en Venezuela en 2017. Durante este período, el Tribunal Supremo bloqueó las competencias de la Asamblea Nacional, lo que provocó una ola de protestas en todo el país. Estas manifestaciones fueron reprimidas violentamente por las fuerzas del orden del Gobierno, lo que resultó en más de un centenar de muertos. Los delitos investigados incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.