Los defensores generales del Estado brasileño presionaron a la justicia de aquel país para el inmediato bloqueo y embargo de 6,5 millones de reales (1,3 millones dólares) en activos de 52 personas y 7 empresas, las cuales estan señaladas de participar en el reciente asalto a los tres poderes del domingo pasado en Brasilia.
Según estos defensores, el argumento principal es que estas 59 personas físicas y jurídicas "financiaron el flete de autobuses para los actos golpistas que resultaron en la destrucción" de las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, a manos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.
La lista de los bienes solicitados como embargados, además de las cuentas bancarias, incluirían también inmuebles y vehículos de alta gama.
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Vale la pena señalar que el montante embargado se destinaría para
"reparar los daños causados por la depredación de patrimonio público, en caso de una posterior condena", según informó en una nota la Abogacía General de la Unión (AGU).
,Esos grupos extremistas no reconocen la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre pasado y presionan para derrocar al dirigente progresista de la Presidencia y devolver al poder a Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña.
Los abogados del Estado alegaron que el embargo cautelar es necesario por "la gravedad de los hechos practicados", pues, "además de dañar el patrimonio público federal", hubo una "amenaza real al régimen democrático brasileño", lo que requiere "una respuesta rápida y eficaz".
Ataque histórico a los tres poderes en Brasil
El ataque a los tres poderes de la democracia brasileña duró cuatro horas y dejó un balance de unos 1.800 detenidos, aunque prácticamente la tercera parte ha sido puesto en libertad por "cuestiones humanitarias".
Las investigaciones se centran ahora en identificar a los financiadores de la intentona golpista, entre los cuales hay comerciantes, empresarios del sector agrícola y amantes de armas de las regiones sur, sudeste y centro-oeste de Brasil, según el ministro de Justicia, Flávio Dino.
La Fiscalía también ha pedido a la Corte Suprema investigar a tres diputados bolsonaristas por "incitar" la insurrección del 8 de enero en Brasilia.
Igualmente, el Supremo apartó de sus funciones, por 90 días, al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y ordenó la prisión del exsecretario de Seguridad Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro, y del excomandante de la Policía Militar, Fábio Augusto Vieira, por su "omisión" en los actos golpistas.