La situación en Brasil se torna más tensas después de las protestas y enfrentamientos que hubo por parte de grupos cercanos al expresidente Jair Bolsonaro. Ahora el tema escaló incluso a otros poderes de la unión como es el caso de la Corte Suprema donde tomó cartas en el asunto de exfuncionarios del gobierno de aquel país. Debido a estas protestas por parte de grupos radicales pro-Bolsonaro la situación el país fue crítica.
Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este martes la prisión de Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), en el marco de la investigación por los actos golpistas del domingo en Brasilia, informaron fuentes oficiales.
Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, cuando miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en un intento por derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
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Además de dicho ordenamiento de prisión, trascendió que cientos de personas que fueron detenidas por los desmanes causados por las protestas fueron puestas en libertad. La razón detrás de esto tiene que ver con cuestiones humanitarias de acuerdo con funcionarios locales y de prisiones; pese a estas razones, comentaron que seguirán bajo vigilancia, así como endurecer la vigilancia en el país de forma general.
Las autoridades brasileñas pusieron en libertad este martes a 599 personas que habían sido arrestadas por su supuesta participación en los actos antidemocráticos que buscaron derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo.
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Estos detenidos, que fueron puestos en libertad "por razones humanitarias", son en general ancianos, personas con problemas de salud, personas en situación de calle y madres con hijos, según informó la Policía Federal en un comunicado.
La puesta en libertad "no necesariamente" significa que queden libres de cargos y algunos de ellos pueden ser llamados posteriormente para ser procesados, según dijo un portavoz de la Policía Federal.
La Policía confirmó que, de momento, 527 personas están formalmente arrestadas por los ataques perpetrados contra las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial de Planalto.
Los cuerpos de seguridad todavía están interrogando y analizando la situación de otro grupo de personas detenidas, cuyo número no fue precisado.
En el comunicado, la Policía Federal confirmó que fueron detenidas "más de 1.500 personas" supuestamente implicadas en los ataques a las sedes de los tres poderes.
Cerca de 300 de ellos fueron detenidos el mismo domingo durante los disturbios, y el resto, un día después en un campamento de bolsonaristas instalado frente al Cuartel General del Ejército.
Los sospechosos, confinados provisionalmente en un pabellón deportivo de la Policía Federal, están siendo identificados e interrogados por las autoridades.
Según la Policía, "todos los procesos están siendo monitoreados, ininterrumpidamente" por diversas entidades como el Colegio de Abogados de Brasil, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Salud del Distrito Federal y la Defensoría Pública Federal.
"Todos están recibiendo alimentación regular (desayuno, almuerzo, merienda y cena), hidratación y atención médica cuando es necesario", señala el comunicado.
La situación de los detenidos también la está siguiendo de cerca el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras denuncias de que los derechos de algunos detenidos habían sido violados.
Esto porque algunos de los brasileños arrestados aprovecharon sus teléfonos celulares para acceder a las redes sociales y denunciar supuestas violaciones a sus derechos, algunas de ellas ya desmentidas, incluyendo maltratos y condiciones inhumanas de detención.
Al respecto, el Ministerio de Derechos Humanos señaló este martes en un comunicado que está monitoreando el tema y que, junto con la cartera de Justicia, actuarán "para que la legalidad siempre sea observada".
Con información de EFE.