Vecinos del edificio ubicado en Patricio Sanz 529 rechazaron las acusaciones de ser invasores o formar parte de una red dedicada al despojo de inmuebles, como los ha señalado públicamente el concejal de Benito Juárez, Hugo Torres Zumaya, así como un grupo de condóminos que impulsa el inicio inmediato de la reconstrucción del inmueble dañado tras el sismo de 2017.
En entrevista con La Silla Rota, Vanessa Mesa Velasco y Hugo Iván Gutiérrez Paniagua documentaron que son propietarios de departamentos dentro del edificio ubicado en la colonia Del Valle y afirmaron que no se oponen a abandonar temporalmente sus viviendas para permitir los trabajos de reforzamiento estructural, pero que antes necesitan contar previamente con certeza jurídica sobre las condiciones en las que recuperarán su patrimonio, el costo que tendría la intervención y las características con las cuales serían restituidos sus departamentos una vez concluidas las obras.
Ambos propietarios pidieron que el concejal retire su intervención del conflicto y deje de emitir señalamientos que, aseguran, los relacionan con invasores y despojadores en medio de la ola de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles que cobró notoriedad tras el caso de la Cerrada de Matías Romero 18, también en la alcaldía Benito Juárez.
Te podría interesar
Ambos vecinos afirmaron que esas acusaciones han derivado en amenazas y en afectaciones personales.
TAMBIÉN LEE: Otro caso de despojo, ahora en Iztacalco: invaden casa de maestra en la Agrícola Oriental
Contexto: el inmueble ubicado en Patricio Sanz 529 sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y posteriormente fue incorporado al Programa para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Documentos oficiales muestran que el INVI asignó un contratista para ejecutar el reforzamiento estructural y solicitó la desocupación gradual del edificio; sin embargo, parte de esas actuaciones fueron impugnadas por condóminos mediante juicios administrativos y amparos que cuestionan la legalidad de las resoluciones.
De acuerdo con los vecinos entrevistados, el edificio cuenta con 30 departamentos y permaneció habitado en su totalidad hasta febrero de este año. Actualmente, aseguraron, únicamente 16 viviendas continúan ocupadas. La diferencia entre los propios condóminos no radica en si el inmueble debe reconstruirse, sino en las condiciones bajo las cuales debe iniciarse ese proceso.
Mientras un grupo de propietarios considera que el edificio debe desocuparse para permitir el inicio inmediato de las obras, otro sostiene que antes deben definirse por escrito aspectos como el costo que asumirían algunos propietarios, el mecanismo de restitución de sus viviendas, el metraje con el que regresarían y las garantías para quienes mantienen créditos hipotecarios vigentes.
“No nos negamos a salir; queremos saber qué recibiremos”
Vanessa Mesa Velasco aseguró que su principal diferencia con el resto de los condóminos es la ausencia de documentos oficiales que establezcan con precisión el proyecto ejecutivo y las condiciones bajo las cuales recuperarán sus departamentos.
En entrevista, señaló que durante meses las respuestas de distintas autoridades han sido únicamente verbales y que las cantidades que les han mencionado como posible aportación económica han variado, según dijo, desde cientos de miles hasta varios millones de pesos.
Vanessa detalló que adquirió su departamento en 2024 mediante un crédito hipotecario, después de que el banco BBVA autorizó el financiamiento tras la realización de avalúos y dictámenes técnicos.
La propietaria compartió con La Silla Rota el contrato de promesa de compraventa del inmueble para acreditar su propiedad. Por ello sostuvo que abandonar el inmueble sin un documento que establezca qué recibirá al concluir la reconstrucción implicaría dejar sin respaldo jurídico un patrimonio que aún mantiene gravado.
Una situación similar expuso Hugo Iván Gutiérrez Paniagua, quien relató que compró su vivienda sin saber del conflicto vecinal ni que el edificio presentaba daños derivados del sismo. Detalló que actualmente paga una hipoteca superior a 45 mil pesos mensuales.
Asimismo, aseguró que no tiene inconveniente en desalojar el edificio si ello resulta necesario para garantizar la seguridad estructural, pero consideró indispensable que exista un documento que garantice el regreso a un departamento con las mismas características y dé certeza a las instituciones financieras que otorgaron los créditos.
“Concejal nos llama invasores”
Vanessa Mesa Velasco afirmó que el conflicto escaló cuando comenzó a ser señalada públicamente como integrante de una red dedicada al despojo de inmuebles. Según su versión, en el edificio fueron colocadas lonas en las que se les relacionó con el llamado “cártel del despojo” y posteriormente comenzaron publicaciones en redes sociales que, dijo, afectaron su seguridad y la de su familia.
La vecina aseguró que esas acusaciones son falsas y sostuvo que los recursos legales promovidos por algunos condóminos buscan únicamente obligar a las autoridades a entregar la documentación relacionada con la reconstrucción antes de abandonar el inmueble. Añadió que también presentó denuncias por amenazas, daño a la propiedad y otros hechos que, afirmó, ocurrieron durante el desarrollo del conflicto.
Concejal sostiene que no acreditan interés jurídico
En respuesta, el concejal Hugo Torres Zumaya sostuvo que decidió involucrarse en el conflicto tras recibir solicitudes de vecinos y de habitantes de los inmuebles colindantes preocupados por el estado del edificio.
De acuerdo con el morenista, Vanessa Mesa Velasco no es propietaria y afirmó que los amparos que han ocasionado el retraso en la reconstrucción obedecen a la oposición de un grupo minoritario de ocupantes.
“El problema radica en que el programa de reconstrucción es un beneficio para los damnificados. Si obtuviste el inmueble después de que pasó el sismo, no eres damnificado”, afirmó el concejal, quien sostuvo que por esa razón el gobierno únicamente puede restituir los inmuebles a quienes acrediten legalmente ese interés jurídico.
“Me arrepiento de haber tomado el caso”, remató el concejal, quien sostuvo que su intención únicamente era respaldar a los vecinos que buscaban avanzar con la reconstrucción. No obstante, afirmó que terminó siendo públicamente señalado por un conflicto que, aseguró, corresponde resolver a las autoridades de la Ciudad de México y las instancias judiciales.
djh