El phishing se convirtió en un delito en la Ciudad de México y se cambia el artículo 231 Bis del Código Penal del Distrito Federal para incrementar las penas previstas de acuerdo con el tipo de víctimas a quienes se dirijan. Primordialmente serán de tres a seis años de prisión y la multa de doscientas a seiscientas unidades de medida y actualización de multa.
De acuerdo con la información de la Gaceta de CDMX, las penas incrementarán en caso de que se trate de víctimas que pertenecen a grupos prioritarios, tales como personas con discapacidad, adultos mayores o menores de edad.
"A quien mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación con la finalidad de obtener un beneficio indebido", indicaron.
Te podría interesar
El Congreso de la Ciudad de México aprobó tipificar el phishing por sancionar el robo de la información personal y bancaria en mayo de este 2026, con el que se modificaría el artículo 231 del Código Penal capitalino. Será el día jueves 23 de junio cuando sea vigente el decreto para comenzar a imponer multas, entre otras cosas.
Policía Cibernética advierte "ventanas emergentes", nueva modalidad de phishing
Este delito ha sido denunciado con anterioridad, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México emitió una alerta sobre la aparición de una nueva modalidad de phishing , relacionada con las "ventanas emergentes", estas se presentan a través de una interfaz de mensajería para convencer a usuarios de que ingresen y coloquen un código de verificación.
Esta nueva modalidad implica una renovación en el fraude digital; ahora los delincuentes crean un sitio web para convencer a sus víctimas.
Contexto
El phishing es un delito que consiste en lanzar un tipo de fraude o anzuelo digital para recolectar información o datos personales de las víctimas, esto a través del engaño. Una de sus principales formas de operar es al hacerse pasar por instituciones bancarias, gubernamentales u otro tipo de entidades que simulan ofrecer o alertar sobre información para enganchar a los usuarios.
Su presencia es a través de mensajes de texto, sitios web o llamadas telefónicas con links que envían a las personas, principalmente adultos mayores por el tipo de seguridad y facilidad con que llegan al espacio digital.
Durante la votación sobre tipificar el phishing en la Ciudad de México, Olivia Garza de los Santos, legisladora del PAN precisó que los ataques se han registrado desde 2019 y a través de los años se han elevado de 300 mil a 120 mil millones por lo que se suma la importancia de hablar del tema. Con los datos expuestos se entiende que cada 39 segundos ocurre un caso.
TAMBIÉN LEE: CDMX: denuncias por puntos de venta de drogas y alcohol aumentan 35% de 2025 a 2026
Especialistas advierten retos legales pendientes
La incorporación del engaño digital o phishing al Código Penal para el Distrito Federal representa un avance en la respuesta jurídica frente a los delitos tecnológicos, aunque aún mantiene desafíos pendientes en materia de competencia y protección de datos.
El especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM destacan que la nueva regulación busca sancionar conductas relacionadas con la manipulación digital para obtener información de las personas, pero advirtió que persisten interrogantes sobre el ámbito de aplicación de la norma y la figura jurídica del llamado “robo de información”.
En su análisis, plantea como asignaturas pendientes la delimitación de competencias entre autoridades y la necesidad de fortalecer el marco legal para atender los nuevos riesgos derivados del uso de tecnologías digitales.
La reforma incorpora una herramienta penal para enfrentar una modalidad delictiva que ha aumentado con el crecimiento de las actividades en línea, aunque su aplicación requerirá criterios claros para evitar conflictos jurídicos y garantizar una protección efectiva a las víctimas.
TJM