La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió frenar el cobro de 5 mil 810 millones de pesos que el gobierno de la Ciudad de México reclamaba al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por concepto de impuestos locales.
La decisión se tomó por mayoría de seis votos contra uno, al aprobar el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien concedió el amparo al instituto, actualmente encabezado por Martí Batres Guadarrama.
Previo a la votación, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz solicitó retirar el proyecto para analizarlo con mayor detenimiento, pero la propuesta fue rechazada por la ponente, quien defendió que el caso debía resolverse en esa misma sesión.
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Incluso durante el receso, que se prolongó más de una hora —cuando normalmente dura entre 15 y 20 minutos—, ministros intentaron posponer la discusión tras recibir una comunicación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sin éxito.
Origen del conflicto fiscal
El caso tiene su origen en un juicio promovido por el Issste contra créditos fiscales determinados en 2017 por la Ciudad de México, correspondientes a impuestos de predial, nómina y agua generados entre 2009 y 2013.
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Los montos reclamados por año fueron: 998.2 millones de pesos en 2009; 1,064.3 millones en 2010; 1,123.5 millones en 2011; 1,520.8 millones en 2012 y 1,103.9 millones en 2013.
En una primera instancia, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México anuló estos créditos; sin embargo, posteriormente fueron validados por su pleno. Más tarde, un tribunal colegiado negó el amparo al Issste, lo que llevó a la institución a recurrir ante la Corte.
Criterio constitucional cambia el panorama
El proyecto aprobado establece que los inmuebles del Issste están bajo el régimen de dominio público, por lo que no están sujetos al pago de contribuciones locales, conforme al artículo 122 constitucional.
Además, la resolución señala que la autoridad fiscal debía demostrar cuáles bienes no cumplían con esta condición, en lugar de trasladar la carga de la prueba al instituto.
Este cambio de criterio obliga a que un tribunal colegiado recalcule la deuda, lo que podría disminuir de manera importante el monto originalmente exigido.
Impacto financiero y postura en contra
Durante la discusión, la ministra Batres advirtió que el cobro íntegro afectaría severamente las finanzas del Issste, al superar incluso presupuestos como el del Senado en 2026 (5,103.8 millones de pesos) y acercarse al de la propia Corte (5,208.7 millones).
También subrayó que dicha cantidad equivale a cerca del 20% de la recaudación anual del impuesto predial en la Ciudad de México, lo que dimensiona su impacto económico.
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La única ministra que votó en contra fue María Estela Ríos González, quien argumentó que el recurso no debió ser admitido por haberse presentado fuera de los plazos legales establecidos.
Con esta resolución, el caso regresa a un tribunal colegiado que deberá emitir una nueva determinación bajo los lineamientos fijados por la Corte, mientras se abre la posibilidad de un ajuste significativo en la deuda originalmente reclamada.
LSHV