La Asociación de Colonos del Conjunto Urbano Villas del Campo, en el municipio de Calimaya, denunció ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México una presunta estrategia de presión, acoso y abuso de autoridad por parte de funcionarios municipales para desplazar a su actual administración y asumir el control del presupuesto anual superior a 12 millones de pesos que los vecinos destinan a servicios como seguridad, mantenimiento y limpieza.
De acuerdo con el abogado Fernando Tonatiuh Mendoza García, representante de la Asociación, el conflicto comenzó en enero de 2025, con la llegada de la actual administración municipal y ha derivado en al menos cuatro carpetas de investigación.
El litigio escaló el 23 de febrero de este año, cuando el presidente municipal Omar Guillermo Sánchez Velázquez notificó un oficio en el que otorgó un plazo de 48 horas para entregar áreas verdes, zonas deportivas y el control de accesos que la comunidad administra desde hace más de 15 años.
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Ante ello, la Asociación promovió un juicio de amparo ante un juzgado de distrito y está en espera de la suspensión provisional y definitiva.
“Nos sentimos acosados sistemáticamente e institucionalmente. Para nosotros este es un patrón de presión”, afirmó Mendoza en entrevista.
Municipio quiere imponer a sus proveedores
De acuerdo con el representante, el conflicto se originó en los primeros días de enero de 2025.
En entrevista con La Silla Rota, señaló que el entonces director de Desarrollo Urbano municipal se comunicó con el presidente de la Asociación vecinal para plantearle un cambio de proveedores.
“Cambia tus empresas de jardinería y de seguridad privada por las mías y te voy a dejar seguir administrando”, relató Mendoza sobre lo que, asegura, le fue dicho al representante vecinal.
El consejo directivo rechazó la propuesta. Según el representante, a partir de esa negativa comenzaron una serie de actos que consideran irregulares.
El 10 y 14 de marzo de 2025 recibieron citatorios formales por parte de la Secretaría del Ayuntamiento. En esas reuniones, dijo, funcionarios les advirtieron que convocarían a elecciones y contabilizarían votos para imponer una nueva administración.
“Ellos iban a convocar a elecciones para imponer una Asociación o administración a modo, pese a que no tienen facultades para ello”, sostuvo.
Por estos hechos, la Asociación presentó una denuncia por abuso de autoridad ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La carátula de la carpeta CCF/SPO/01/MPI/008/00438/25/06, con fecha 2 de junio de 2025.
El representante afirmó que, tras esa denuncia, los funcionarios se abstuvieron de continuar con la convocatoria, pero comenzaron otros incidentes.
Un patrón de acoso
Meses después, en septiembre de 2025, una persona que habita en el fraccionamiento, pero que no es propietaria, intentó apoderarse de las oficinas administrativas del conjunto habitacional.
De acuerdo con el representante, sin previo aviso ni ninguna notificación, la persona intentó ingresar a las oficinas, acompañada de policías municipales.
“Realizó una llamada en altavoz en la cual dijo que le iba a hablar al presidente municipal para pedirle apoyo. Llegó la policía de inmediato y le ayudaron a bajar las cortinas y a colocar los candados”, relató.
La Asociación denunció esos hechos por despojo. Según Mendoza, la carpeta se encuentra en etapa previa a su judicialización y en ella están señalados elementos de la policía municipal como presuntos involucrados.
Indicó además que la Fiscalía realizó un operativo para la restitución de la oficina despojada, en el que participaron el Ejército Mexicano, la policía estatal y la Guardia Nacional.
Posteriormente, el 14 de octubre de 2025, el director de Comunicación Social del municipio ingresó al fraccionamiento con personal a su cargo para colocar lonas convocando a una asamblea vecinal. Algo que está prohibido por la ley.
Esto resultó en otra carpeta de investigación con el número CCF/SPO/00/MPI/008/01002/25/11 por el delito de abuso de autoridad.
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Más de 12 millones de pesos al año en administración vecinal
Desde 2009, la Asociación de Colonos del Conjunto Urbano Villas del Campo administra las 3 mil viviendas que conforman el conjunto residencial.
Cada familia aporta alrededor de 600 pesos mensuales, por lo que el presupuesto anual supera los 12 millones de pesos, destinados a jardinería, recolección de basura, mantenimiento y control de accesos.
“La Asociación civil está legalmente constituida, opera con cumplimiento fiscal y su funcionamiento deriva de un contrato social entre vecinos sustentado en el derecho humano de libre asociación”, explicó.
Sin embargo, la Asociación señala que el municipio busca abrir el fraccionamiento al público y asumir el control de áreas comunes.
Piden intervención de Delfina Gómez
El representante Fernando Mendoza hizo un llamado al fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez; al titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, Rodrigo Archundia Barrientos; a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; y a la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, a cargo de su titular Julio César Rodríguez Martínez, para que estén atentos a lo que ocurra tras el vencimiento del plazo impuesto por el gobierno municipal de Calimaya.
La Silla Rota intentó comunicarse en diversas ocasiones con la presidencia municipal de Calimaya para conocer su postura, pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.
Ayuntamiento niega apertura del fraccionamiento
Ante la creciente tensión y las denuncias ciudadanas, la administración de Calimaya emitió un comunicado en el que afirman que es "falso" que exista una determinación para eliminar controles de seguridad o "abrir al público" el conjunto urbano.
El gobierno municipal aseguró que en “ningún momento se busca desproteger el control de accesos ni vulnerar el entorno comunitario”.
Sin embargo, no se menciona nada sobre las denuncias y los señalamientos que han realizado los vecinos.