La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, aseguró que los más de 850 perros rescatados del llamado Refugio Franciscano no serán retornados al lugar de origen, debido a que no existían condiciones mínimas para garantizar su bienestar, y porque la política del gobierno capitalino privilegia la vida digna y la adopción responsable.
En entrevista con La Silla Rota la funcionaria subrayó que se trata del caso de maltrato animal más grave acreditado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cual derivó en un rescate histórico ordenado por mandato judicial. Los animales fueron encontrados en condiciones indignas para su desarrollo físico, emocional y nutricional.
Álvarez Icaza explicó que, tras el operativo, los perros fueron trasladados a tres espacios temporales habilitados de manera inmediata: un refugio en el Ajusco, la Utopía Gustavo A. Madero y la Brigada de Vigilancia Animal, donde actualmente reciben atención veterinaria permanente, alimentación balanceada, hidratación continua y seguimiento etológico.
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“La consideración del gobierno de la Ciudad de México es que no hay condiciones para que los perros regresen a ese estado en donde estaban, porque ese refugio no tenía las condiciones para poder recibir a estos perros. Además, la política del gobierno de la Ciudad de México, en tanto que tenemos el resguardo y la tutela de estos perros, es la adopción.
“Estos perros requieren tener una familia que los quiera, que los acoja, que los cuide, que estén en un lugar seguro y que les brinde lo que requieren para tener una vida digna”, enfatizó.
La secretaria detalló que ningún perro ha sido sacrificado, y que, aunque varios presentan secuelas derivadas del abandono y la desnutrición —incluidos padecimientos crónicos—, todos están recibiendo tratamiento especializado. Actualmente, 171 perros se encuentran en estado delicado, alrededor de 500 en condición regular y el resto estables.
Respecto a las movilizaciones que exigen que los animales no sean trasladados o que regresen al refugio, Álvarez Icaza señaló que el gobierno capitalino no caerá en provocaciones y actuará conforme a la ley, respetando el derecho a la manifestación, pero sin perder de vista que el eje central es el bienestar animal.
“Hay intereses ajenos que se están mezclando. Quienes verdaderamente defienden los derechos de los animales saben que un rescate implica cambiar radicalmente la vida de un animal que fue maltratado”, sostuvo.
Finalmente, destacó que los perros permanecerán en espacios temporales mientras avanzan los procesos sanitarios y legales para su adopción, y reiteró que la Ciudad de México impulsa una discusión de fondo sobre la regulación de refugios y albergues, así como sobre la tutela responsable de los animales de compañía.
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Atención veterinaria permanente
La secretaria del Medio Ambiente señaló que los tres espacios habilitados para resguardar a los perros cuentan con atención veterinaria permanente y con las condiciones necesarias para su recuperación integral. En estos lugares se dispone de 60 médicos veterinarios que brindan atención las 24 horas del día, así como de etólogos, alimentación balanceada conforme a las necesidades fisiológicas de cada animal e hidratación constante.
Indicó que la totalidad de los perros ha recibido atención en materia de medicina preventiva, que incluye la aplicación de vacunas antirrábicas, desparasitación interna y externa, procesos de esterilización y tratamientos específicos, entre ellos baños medicados.
Explicó que muchos de los animales presentaban enfermedades dermatológicas asociadas con la desnutrición, además de infestaciones de pulgas y garrapatas. A ello se sumó la convivencia con fauna nociva, como ratas, lo que obligó a establecer protocolos de observación sanitaria para descartar riesgos adicionales para su salud.
Contexto de los hechos
El conflicto por el Refugio Franciscano escaló a una disputa legal y social tras el intento de desalojo del predio de 16 hectáreas donde operaba el albergue. La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, que administra el patrimonio legado por el empresario filántropo del mismo nombre, buscó recuperar el control del terreno alegando irregularidades en la operación del refugio y supuestos casos de maltrato animal.
A finales de 2025, una jueza civil autorizó el desalojo, el cual se ejecutó con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, esta acción fue revertida semanas después, cuando un juez federal evidenció que existía una suspensión definitiva que impedía la intervención. Ante la advertencia de sanciones por desacato, la jueza Ana Miriam Yépez rectificó su decisión y ordenó que el predio sea devuelto a la Asociación Refugio Franciscano A.C. el próximo 30 de enero de 2026.
El operativo para retirar a los animales incluyó denuncias de hacinamiento, insalubridad y la supuesta existencia de un crematorio clandestino, según peritajes difundidos por autoridades capitalinas. No obstante, los responsables del refugio rechazaron estas acusaciones. Aseguraron que las condiciones mostradas en imágenes oficiales se generaron tras el desalojo, cuando los animales quedaron sin atención durante horas y fueron confinados sin evaluar compatibilidades.
En su defensa, el Refugio Franciscano argumentó que sus instalaciones estaban divididas por zonas y que la mayoría de los animales vivía en libertad relativa. Reconocieron limitaciones económicas y la presencia de plagas por la ubicación del terreno, pero negaron categóricamente la práctica de maltrato sistemático. También sostuvieron que las muertes se debían a causas naturales y que existía un contrato con una empresa certificada para la cremación.