Desde su departamento en Tlatelolco, rodeado de equipos que ya no puede vender, Edy, psicólogo de profesión y ex dueño de una tienda de vapeadores en la Ciudad de México, afirma que la prohibición federal “entregó el negocio al crimen organizado”.
Durante una década, Edy asesoró a fumadores para dejar el cigarro y migrar al modelo electrónico; hoy, con su tienda ya cerrada y tras la entrada en vigor de la reforma que prohíbe la venta de vapeadores, sostiene que el mercado no desapareció, sino que migró a la calle.
Este jueves 15 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la comercialización y promoción de vapeadores y cigarros electrónicos en todo el territorio nacional. La ley establece sanciones de hasta ocho años de prisión y multas que pueden superar los 200 mil pesos para quien incurra en estas prácticas, aunque no criminaliza el consumo ni la posesión individual.
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Sin embargo, como señala Edy, la venta de estos dispositivos persiste en distintos puntos de la capital. Durante varios recorridos realizados por La Silla Rota, se constató que dichos productos continúan ofreciéndose en la vía pública, a plena luz del día, sin controles sanitarios ni restricciones de edad.
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Una prohibición construida durante casi dos décadas
La restricción al comercio de vapeadores en México no es nueva. En mayo de 2008, con la entrada en vigor de la Ley General para el Control del Tabaco, se prohibió la comercialización de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, durante más de una década persistieron la importación y la venta de estos dispositivos mediante esquemas que aprovecharon vacíos normativos, especialmente en materia aduanera.
Doce años después, en febrero de 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que prohibió la importación de vapeadores y cigarrillos electrónicos.El gobierno federal argumentó que la medida respondía al derecho a la protección de la salud y a los compromisos internacionales asumidos por México.
El endurecimiento culminó en diciembre de 2025, cuando el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Salud que prohibieron en todo el país la producción, fabricación, distribución, comercialización, importación y exportación de vapeadores y cigarros electrónicos. La reforma entró en vigor el 16 de enero de 2026 y estableció sanciones penales y económicas para quienes mantuvieran actividades comerciales relacionadas con estos productos.
Del tabaquismo al vapeo
Edy no llegó al vapeo por negocio, sino, asegura, por supervivencia. Comenzó a fumar a los 12 años y mantuvo el hábito durante casi tres décadas. "Fumé alrededor de veintiocho años y por una situación médica me dijeron que debía dejar de fumar o me quedaban seis meses de vida", relata en entrevista.
Tras fracasar con parches, chicles y terapias de hipnosis, el vaporizador fue lo único que le permitió dejar el cigarro de manera definitiva.
Con el tiempo, cuenta, amigos y familiares comenzaron a preguntarle cómo había logrado dejar de fumar y como si fuera un evangelista, comenzó a promover el vapeo. Al principio, Edy compraba equipos y líquidos en tiendas establecidas y los revendía.
Posteriormente, dice, se capacitó para asesorar a otros usuarios y contactó proveedores en China y Estados Unidos. En 2017 abrió una tienda cerca del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.
Su negocio, explica, tenía tres reglas claras: no vender a menores de edad, no inducir al consumo de nicotina a personas que no fumaban y mantener precios justos. Vendía equipos recargables que permitían graduar la potencia y la nicotina, no vapeadores desechables. Al cierre de la tienda, asegura, contaba con cerca de tres mil clientes, la mayoría adultos que buscaban dejar el cigarro.
Edy recuerda que tomó la decisión de cerrar su local cuando la prohibición escaló a rango constitucional y, continuar operando, afirma, implicaba el riesgo de enfrentar penas de prisión. Tras el cierre, muchos de sus clientes quedaron sin un punto de acceso que consideraban confiable y algunos regresaron al consumo de cigarro combustible.
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El mercado informal ocupa el lugar del “formal”
Para Edy, el cierre de estas tiendas especializadas dejó un vacío que fue ocupado rápidamente por el comercio ambulante, redes de extorsionadores y grupos del crimen organizado que se apoderaron del negocio. “La demanda sigue ahí”, sostiene.
A su juicio, la diferencia es que ahora no existe ningún tipo de filtro, asesoría o control sobre lo que se vende ni a quién se le vende.
Esta situación fue constatada por La Silla Rota durante un recorrido en la Ciudad de México.
Por ejemplo, en avenida Juárez, donde autoridades capitalinas sostienen que ya no hay comercio ambulante, integrantes de colectivos feministas continúan vendiendo distintos productos, entre ellos vapeadores y cigarros electrónicos.
Los dispositivos se ofrecen a cualquier persona desde 100 pesos los modelos más básicos hasta 300 pesos aquellos que incluyen líquidos o son recargables.
Al preguntar por los insumos, una vendedora indicó que podían conseguirse en el Barrio Chino o sobre Eje Central.
Todo esto, a unos metros de elementos de la Policía Auxiliar que vigilan la Alameda Central, situación documentada en video.
En la Zona Rosa y el Barrio Chino, la comercialización es más discreta. Los vendedores esconden los vapeadores entre otros artículos como audífonos o baterías y cubren la mercancía con mantas al detectar presencia policial.
Consumidores que se abastecen para resistir la prohibición
A pesar de que la venta continúa, muchos usuarios realizaron “compras de pánico” durante los últimos meses para resistir la prohibición.
Uno de ellos es Antonio Toscano, arquitecto de 58 años, usuario de vapeadores desde hace casi nueve años. Fumó durante 37 años y, en los últimos 20, llegó a consumir hasta tres cajetillas diarias.
Toscano recuerda que sólo pudo dejar el tabaco tras probar los cigarrillos electrónicos, luego de probar sin éxito medicamentos como bupropión, vareniclina, parches y chicles de nicotina.
No obstante, ante el avance de las prohibiciones, Toscano decidió prepararse y durante el último año compró líquidos y dispositivos en grandes cantidades. Calcula haber gastado entre 15 mil y 20 mil pesos para asegurar su consumo durante varios años. Otros usuarios, señala, no tuvieron la misma posibilidad y ahora enfrentan dificultades para abastecerse.
Según su testimonio, los precios en el mercado informal han aumentado entre 20% y 40%. Un líquido que antes costaba entre 200 y 300 pesos ahora se ofrece hasta en 450.
Toscano coincide con Edy y afirma que, al desaparecer las tiendas formales, los consumidores ahora recurren al mercado negro, donde no existen controles ni certeza de qué se están metiendo al cuerpo.
Decomisos no terminan con mercado negro
Las autoridades federales y locales han defendido la prohibición como una política de salud pública.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que el 9 de enero de 2026 decomisó 50 mil 376 vapeadores y cigarros electrónicos en el Centro Histórico, tras un operativo en un puesto semifijo y una bodega. El valor de la mercancía retirada fue estimado en alrededor de 10 millones de pesos.
Sin embargo, mientras el gobierno reporta decomisos y operativos, en las calles de la capital la venta persiste, “a escondidas”, pero sin restricciones, incluso a menores de edad.
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AJA