A semanas de que se aprobara la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de vapeadores y establece penas de cárcel y multas millonarias, estos dispositivos continúan comercializándose de forma abierta en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, incluso en mayoreo y a plena vista de las autoridades.
La permanencia de estos productos en la vía pública ocurre en un contexto en el que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), presentada esta semana por el gobierno federal, reporta un aumento en el uso de cigarros electrónicos, pese a las restricciones vigentes.
De acuerdo con la ENCODAT 2025, el consumo de vapeadores aumentó de 1.1% en 2016 a 2.6% en 2025, mientras que el consumo de tabaco fumado disminuyó de 17.6% a 15.1% en el mismo periodo, lo que confirma que estos dispositivos electrónicos continúan circulando y ganando presencia en el país.
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Venta a plena vista
A la salida del Metro San Juan de Letrán, sobre la acera del Eje Central Lázaro Cárdenas, los puestos ambulantes continúan ofreciendo vapeadores a precios bajos y hasta en mayoreo.
En un recorrido realizado por La Silla Rota, uno de los vendedores indicó que los dispositivos se venden desde 60 pesos por unidad; sin embargo, a partir de la compra de tres piezas el precio baja a 30 pesos cada una.
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No es el único punto donde se observa esta práctica. En la zona del Barrio Chino, en el Centro Histórico, la venta de vapeadores y cigarros electrónicos persiste, pese a que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud para prohibir su comercialización.
Pese a la amenaza de cárcel y sanciones económicas, la venta continúa. En las calles del Barrio Chino, una vendedora señaló que el vapeador más caro que ofrece cuesta 130 pesos y cuenta con más de mil 500 puffs, es decir, caladas.
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Los puntos con mayor flujo de compradores se concentran frente a la Alameda Central, sobre avenida Juárez. En esa zona operan al menos cuatro puestos dedicados a la venta de vapeadores. Además, el denominado punto cannábico también mantiene la comercialización de estos dispositivos electrónicos.
La ENCODAT 2025 documenta que, mientras el consumo de cigarros tradicionales va a la baja, el uso de cigarros electrónicos continúa en aumento, a pesar de las campañas de prevención y las medidas de prohibición implementadas por el gobierno federal.
Una prohibición reiterada
La restricción a los vapeadores no es nueva. En 2020, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se emitió un decreto presidencial para prohibir estos dispositivos, con el argumento de proteger la salud de la población, particularmente de niñas, niños y adolescentes.
Más recientemente, el 9 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos similares. La modificación legal establece penas de uno a ocho años de prisión, además de multas de hasta 226 mil pesos para quienes comercialicen estos productos.
La ley, sin embargo, no sanciona la posesión ni el uso de los vapeadores, únicamente su venta y distribución.
¿Por qué los usan?
La Silla Rota ha documentado que usuarios de vapeadores —principalmente jóvenes— los utilizan en contextos de fiesta, por curiosidad o como una alternativa al consumo de tabaco tradicional.
También hay adultos que los emplean como una forma de reducir el consumo de cigarros convencionales. Julio, de 38 años, relató que fumaba constantemente y decidió disminuir su consumo utilizando vapeadores.
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Señaló que fumaba cada vez que bajaba del transporte público, salía de casa o tenía oportunidad, y que comenzó a utilizar lo que considera una opción “híbrida” para dejar el cigarro.
Mercado ilegal en expansión
Tras la aprobación de la reforma, la organización civil México y el Mundo Vapeando advirtió que la prohibición formaliza la entrega de la distribución y venta de vapeadores al mercado ilegal.
Según la organización, en México existen 2.8 millones de usuarios de vapeadores, de los cuales 2.3 millones consumen dispositivos desechables. Esto implicaría la adquisición de alrededor de 5.2 millones de dispositivos al mes, que serían introducidos y distribuidos en el país vía contrabando.
“Estas bandas amplían el espectro de sus negocios y no solo se limitarán al tráfico de estupefacientes. La prohibición no terminó con el consumo ni lo hará. Es una medida contraria a la salud pública porque facilita el acceso a menores de edad”, señaló Juan José Cirión Lee, vocero de la asociación.
Mientras los datos oficiales de la ENCODAT 2025 advierten un incremento en el uso de vapeadores, en las calles del Centro Histórico la prohibición sigue sin traducirse en la desaparición de estos productos del comercio informal.