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Airbnb: amparos y autoridades bloquean ley para contener la gentrificación

Mientras crecen las protestas por el encarecimiento de la vivienda, la regulación que limita las rentas turísticas en CDMX sigue sin aplicarse; la falta de un padrón oficial y los amparos mantienen la ley en suspenso y a los anfitriones en incertidumbre

Créditos: Erik López | LSR
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Mientras cientos de personas marchaban por las calles de la Ciudad de México contra la proliferación de propiedades que se rentan a turistas o “nómadas digitales”, Marco Hernández recibía a un nuevo huésped en uno de los seis departamentos que administra a través de Airbnb.

Pese a que desde el año pasado está vigente una legislación que limita la renta de esas propiedades a 180 noches por año, los propietarios de departamentos siguen anunciándose y operando en plataformas como Airbnb, o Booking, porque la regulación quedó en suspenso, atorada por impugnaciones legales y porque las autoridades no han elaborado el padrón de propietarios que alquilan sus espacios.

Ángel Tamariz, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, reconoce el retraso. “Sí, en efecto, todavía no existe el mecanismo para que los anfitriones se registren”, dice en entrevista con La Silla Rota.

Según explica, el desarrollo técnico del padrón ya está listo, pero el gobierno decidió aplazar su lanzamiento para hacer una “reflexión profunda” sobre cómo ponerlo en marcha de manera efectiva.

Ley o letra muerta

El propietario de varios departamentos de estancias corta señala que la ley existe, pero no se aplica. La plataforma sigue operando como siempre y miles de anfitriones rentan sus propiedades todo el año sin haber sido notificados de ningún cambio formal por parte de las autoridades.

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“No nos han dicho nada. La ley está aprobada, pero el registro no existe. Es como si te piden licencia de conducir y no hay oficina para tramitarla”, dice el anfitrión a La Silla Rota. “Estamos en un limbo legal.”

Foto: Erik López | LSR

Amparos frenan la ley

En enero pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reunió con representantes de las plataformas de renta y propietarios de inmuebles, quienes le expusieron sus preocupaciones por el límite de 180 rentas al año.

“Hay mesas de plática para ponernos bien de acuerdo y después de los resultados de esas mesas de trabajo estaremos tomando las medidas correspondientes”, dijo entonces.

El 29 de enero, Airbnb hizo un pronunciamiento público a raíz de la tramitación de un amparo en contra de la ley aprobada por el Congreso de la Ciudad de México.

La legislación, decía un comunicado de la compañía, “fue desarrollada y aprobada sin tomar en cuenta la postura de todos y con la intención de otorgar una supuesta certeza a la industria hotelera sin considerar el impacto que tendría en los anfitriones de la Ciudad de México y sus familias”.

Tamariz explica por qué la regulación no ha avanzado

“Hemos valorado que es más importante que haya una reflexión para que realmente sea útil la plataforma y no salir con prisas solo por cumplir plazos”, asegura. “Queremos que ayude a resolver el equilibrio entre el derecho a la vivienda y el turismo. No queremos solo aplicar la ley por aplicar.”

El funcionario estima que en las “próximas dos semanas” se tomará una decisión sobre la publicación del padrón, aunque admite que ya llevan nueve meses de retraso.

Al preguntarle sobre si los amparos presentados tanto por Airbnb como por grupos organizados de anfitriones han detenido la publicación del padrón, Tamariz rechazó que esa sean la causa del retraso. “No es por los amparos. Estos se están atendiendo. Es una decisión de fondo. Queremos que la plataforma funcione bien y sea parte de una solución integral”.

Vecinos y manifestantes ven inacción

Mientras tanto, en las calles, el retraso se percibe como inacción. La falta de implementación del padrón no solo ha dejado a los anfitriones en un limbo legal, sino que ha alimentado el enojo de vecinos y colectivos que ven en las plataformas de renta temporal una de las principales causas de la gentrificación en la capital.

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Durante las protestas del viernes pasado, los manifestantes portaban pancartas con consignas como “Airbnb nos desplaza” o “Gringos go home” y exigían al gobierno regular a las empresas que, afirman, han encarecido las rentas y desplazado a cientos de familias en colonias como la Roma, Condesa y Juárez.

Paradójicamente, muchos de esos reclamos apuntaban a la necesidad de una ley que ya existe, pero que no se ha aplicado.

Foto: Erik López | LSR

La otra batalla: los amparos

Tras la aprobación de la Ley de Turismo de la CDMX, los anfitriones comenzaron a organizarse, primero a través de Facebook y después en grupos de WhatsApp, donde, con asesoría de diversos despachos de abogados, comenzaron a realizar acciones jurídicas contra la reforma. Todo esto con la ayuda de Airbnb.

“Se organizaron reuniones con los despachos, vía Zoom. Nos registramos y se les pagó, ellos dieron tarifas preferenciales por cantidad y así se hicieron los amparos en tiempo y forma. Se presentaron en diferentes juzgados, en algunos aceptaron los amparos y en otros no las aceptaron”, explica Marco a La Silla Rota.

“Los que no fueron aceptados, no quiere decir que ya fueron rechazados, sino simplemente nos dijeron: ‘preséntalo cuando exista el registro’”, añade.

Sin embargo, Marco reconoce que no son los amparos los que han detenido la puesta en marcha del padrón oficial ni la aplicación plena de la ley. “No es por los amparos que estamos en este limbo. La verdad es que el gobierno no ha querido lanzar la plataforma y tampoco ha dado certezas claras a los anfitriones”, reclama.

“No creo que seamos el problema”

Aldo no vive en la Condesa ni tiene seis departamentos en renta. Tiene uno solo, ubicado en una colonia popular al norte de la ciudad, cerca del Aeropuerto de la Ciudad de México. Lo compró con crédito bancario y aún lo está pagando. Hace nueve meses decidió probar suerte en Airbnb como una forma de aliviar sus gastos. “Gracias a eso puedo cubrir la hipoteca”, explica. “No me estoy haciendo rico”.

Lejos de la percepción de un negocio que genera fortunas, Aldo detalla que hasta el 25% de cada renta se destina a impuestos y comisiones y que las ganancias mensuales, que promedian entre 13 mil y 16 mil pesos, apenas superan lo que podría obtener con una renta fija tradicional de 12 mil 500 pesos. "No se gana lo que la gente piensa", afirma.

“No es justo que nos metan a todos en el mismo costal”, dice. “Yo no soy un inversionista, ni alguien que corrió a nadie para poner su Airbnb”.

Aldo calcula que, de aplicarse la ley que limita las noches de renta, sus ganancias se reducirían, quizás hasta un 30%.
A pesar de todo esto, ni Aldo ni Marco se sienten parte del problema de la gentrificación como señalan los manifestantes.
“No ganamos lo que la gente cree”, dice Aldo. “Y muchos de los que rentan no son extranjeros. En mi caso, más del 70% son nacionales, vienen de Monterrey, Mérida, Tijuana. Vienen a trabajar o a pasar unos días”.

¿Qué pasa en otros países?

La problemática de la gentrificación asociada a plataformas de renta temporal como Airbnb no es exclusiva de la Ciudad de México.

Ciudades como Madrid y Nueva York enfrentan desafíos similares y han implementado regulaciones para intentar equilibrar la oferta turística con el derecho a la vivienda de sus habitantes.

En Madrid, el Ayuntamiento, desde 2019, hizo obligatorio que los anfitriones obtengan una licencia específica para poder operar y solo se permiten pisos enteros para alquiler temporal en determinadas zonas. La ciudad ha intensificado la inspección y multado a quienes operan sin licencia para frenar la expansión de viviendas dedicadas exclusivamente al turismo.

Además, una de las condiciones más restrictivas es que los apartamentos turísticos en edificios residenciales del centro de la ciudad deben tener un acceso independiente al de los residentes habituales.

En la práctica, esta medida ha dejado a un alto porcentaje de propiedades sin la posibilidad de obtener una licencia, frenando la expansión de viviendas dedicadas exclusivamente al turismo.

Por su parte, Nueva York aprobó en 2022 la llamada Ley Local 18, que limita las rentas temporales a un máximo de 30 días en propiedades donde el anfitrión no esté presente, con multas severas para quienes incumplan.

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Esto significa que la mayoría de los listados de Airbnb, donde los propietarios no viven en el lugar, quedaron fuera de la ley. La legislación impone multas severas tanto a los anfitriones que incumplen como a las plataformas que procesan pagos de transacciones no registradas.

gph

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