A diez años del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Alejandra Negrete, ocurridos el 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México reafirmó su compromiso con el esclarecimiento del multihomicidio.
En un comunicado, la FGJ informó que en los últimos años, las investigaciones han avanzado, resultando en la condena contra Abraham "N", César "N" y Daniel "N", quienes fueron declarados culpables de feminicidio agravado, homicidio calificado y robo agravado.
"En cumplimiento de la Recomendación 04/2017, emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se trazó un plan de trabajo paralelo al proceso penal seguido contra los responsables materiales, del que se derivaron diversas líneas de investigación que exploran todas las hipótesis sobre la participación de otras personas. Las indagatorias continúan, cuidando en todo momento la integridad y la dignidad de las víctimas, así como el acceso a la verdad por parte de sus familiares".
Te podría interesar
Las autoridades señalaron que el 31 de julio, personal de la Fiscalía se reunió con familiares y representantes legales de las víctimas para mantener un diálogo abierto y coordinar las próximas reuniones para dar seguimiento a sus solicitudes.
"Se acordó mantener un canal abierto de diálogo y programar una próxima reunión, a fin de dar seguimiento a sus planteamientos y brindar atención puntual a sus solicitudes, con respeto y transparencia", agregó.
Exigen justicia y esclarecimiento del caso Narvarte
El pasado 31 de julio, la organización ARTICLE 19 denunció que, durante una década, las familias de las víctimas y sus representantes legales han enfrentado una constante negligencia institucional, dilación injustificada y obstáculos en el acceso a la verdad.
"El caso Narvarte desmintió la idea de la Ciudad de México como 'refugio seguro'. Lo ocurrido evidenció que la persecución política y la violencia contra periodistas y activistas no se detienen en las fronteras estatales", señalaron en un comunicado.
Contexto: cabe destacar que desde el inicio del caso, las autoridades negaron que el crimen tuviera relación con la labor periodística de Rubén Espinosa o con el activismo en derechos humanos de Nadia Vera.
Ambos habían abandonado Veracruz semanas antes tras recibir amenazas, en un contexto de represión bajo el gobierno de Javier Duarte, señalado como uno de los más violentos contra la prensa en México, ya que entre 2010 y 2016, 17 periodistas fueron asesinados y tres desaparecidos.
ARTICLE 19 reclamó que desde 2015 han pasado tres presidentes, tres jefaturas de gobierno y cinco titulares de la entonces Procuraduría, sin que ninguna autoridad haya asumido con seriedad el compromiso de esclarecer plenamente el caso. No obstante, la investigación ha dependido, en gran medida, "de la labor incansable de las familias y sus representantes legales, quienes han tenido que litigar por el acceso a la información, solicitar diligencias y proponer líneas de investigación que las autoridades omitieron por años".
Tras estos esfuerzos, en 2021, se obtuvo por primera vez acceso completo a la averiguación previa y a evidencia digital que estuvo retenida por más de seis años. "De este análisis surgieron datos que revelaron la existencia de una operación planificada y coordinada, en la que participaron al menos 10 personas".
También se documentó el uso de un segundo vehículo en el crimen, así como un posible encubrimiento institucional. No obstante, la Fiscalía solo reconoció estos hallazgos después de que fueran expuestos públicamente en 2022.
"Hasta hoy ninguna de las líneas de investigación ha sido agotada: ni la relacionada con Veracruz, ni con trata de personas, ni con crimen organizado. La Fiscalía tardó cuatro años en establecer un plan de investigación formal y no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas involucradas".
Las nuevas revelaciones en torno al multihomicidio
En junio de 2014, la Fiscalía del Estado de México realizó un cateo en Metepec, donde rescató a 11 víctimas de trata de personas. Entre los implicados se encontraba una mujer identificada como Cinthya Esquivel Torres, señalada por las autoridades como la lidera de una banda que presuntamente enganchaba y explotaba sexualmente a decenas de jóvenes.
Junto con tres hombres que servían de choferes para trasladar a las chicas a hoteles del Valle de Toluca, Esquivel dirigía el negocio desde un inmueble en la colonia Agrícola Francisco I. Madero, frente a la autopista México-Toluca.
En los últimos meses, la mujer ha recobrado relevancia, ya que se le señala como la persona que presuntamente habría enganchado a Yesenia Alfaro Quiroz, una de las cinco víctimas del multihomicidio ocurrido hace 10 años en la colonia Narvarte.
Yesenia fue convencida de mudarse de Mexicali a la Ciudad de México bajo la promesa de ser modelo y edecán.
De acuerdo con la carpeta de investigación 119/08-2022, abierta hace tres años para profundizar en la línea de trata de personas como posible móvil del crimen, Yesenia, quien era maquillista, cayó en la red de trata de Esquivel y de ahí conoció a Mile Virginia Martín, otra de las víctimas del asesinato múltiple.
Esta nueva línea de investigación ha permitido a la Fiscalía capitalina explorar otros posibles responsables, ya que oficialmente el móvil del crimen siempre fue atribuido a un robo, versión que ha generado inconformidad entre los familiares de las víctimas.
Cinthya Esquivel Torres estuvo presa al menos cuatro años; sin embargo, se encuentra en libertad o fue trasladada a otra prisión, lo que ha impedido que la Fiscalía capitalina pueda interrogarla para conocer más sobre el entorno de Yesenia, quien tenía 18 años.
La “madrota”, como la llaman las autoridades, fue detenida en el cateo de junio de 2014, poco más de un año antes del multihomicidio en la Narvarte.
Este reportero reveló en 2021, un año antes de que la Fiscalía iniciara formalmente la nueva carpeta relacionada con trata de personas, que la hipótesis del robo como móvil carecía de sustento, a pesar de que los responsables se llevaron una maleta y el automóvil Mustang rojo de Mile Virginia Martín.
La Silla Rota confirmó, mediante un informe clasificado de la Fiscalía, que no existían pruebas que vincularan directamente al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, como autor intelectual del crimen, versión sostenida por algunos familiares de las víctimas.
En los días posteriores al crimen se dijo que la activista Nadia Vera y el fotoperiodista, Rubén Espinosa, otras de las víctimas mortales, huyeron de Veracruz por el acoso y amenazas de servidores públicos.
¿Qué más pistas sigue la Fiscalía en torno a la trata de personas? Mile Virginia Martín, nacida en Colombia, también estaba en una red de sexoservicio. Ella y Yesenia compartían una recámara en el apartamento de la Narvarte y hacían depósitos a un sujeto identificado solo como “Daniel”, además de ser representadas por una agencia de modelaje. Dichas agencias, usualmente, sirven de fachada para encubrir actividades de sexoservicio.
El día del crimen múltiple, Mile habría pedido a uno de los asesinos, a quien era su “amigo”, que la ayudara a montar una página de Internet en la que ella y Yesenia ofrecerían servicios sexuales.
ARTICLE 19 y familias de las víctimas exigen justicia
"La falta de debida diligencia ha provocado la pérdida de evidencia fundamental. Las autoridades no han sancionado a las personas servidoras públicas que incurrieron en filtraciones, omisiones o manipulación de pruebas, a pesar de las denuncias formales interpuestas por las familias desde 2022. Estas omisiones fortalecen la hipótesis de que algunos involucrados pudieron haber sido protegidos institucionalmente", señaló ARTICLE 19.
ARTICLE 19 y las familias de las víctimas exigen:
- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realice todas las diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación pendientes, especialmente las relacionadas con el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos.
- Que se investigue y sancione a todas las personas responsables materiales e intelectuales.
- Que se investigue y sancione a funcionarias y funcionarios públicos que hayan incurrido en filtraciones, omisiones o actos que hayan obstaculizado la justicia.
- Que se cumpla en su totalidad la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE NEWS
Con información de Antonio Nieto.
gph