La señora Laura Cabañas volvió en julio de 2025 a la Fiscalía de la Ciudad de México, institución que en 2023 ofreció una recompensa para hallar a su hijo. Pero su regreso no era para conocer el estado de la búsqueda de Julio César sino para presentar una denuncia contra el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) local, que recibió el cuerpo de su hijo, pero nunca le notificó.
La señora Cabañas Arreola buscó a su hijo desaparecido por meses en agencias del ministerio público y forenses de los estados, hasta que una llamada anónima le informó que su hijo había muerto en la calle y tras ser llevado al Incifo su cuerpo fue donado a la escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, donde fue usado para investigación y prácticas sin el consentimiento de su familia.
"¿Lo llevaron al Incifo y a los cinco días lo donaron¡ Lo donaron sin mi autorización a pesar de que tenían todos mis datos", afirma la señora madre de Julio César Cervantes Cabañas.
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Julio desapareció en 2021 y fue hallado sin vida en la vía pública en enero de 2024, en una jardinera de la alcaldía Coyoacán.
Los mismos tres años que estuvo desaparecido los pasó su madre buscándolo.
“Yo iba periódicamente a informarme. Como andaba en toda la república en todos los Incifos, cada que salía lo hacía’ como Colón’, besando el suelo porque sentía que mi hijo todavía vivía, pero aquí llegó y a los cinco días me lo echaron para afuera al Politécnico”.
Al llegar a la Escuela de Medicina del IPN le retiraron varios órganos, señala la madre buscadora.
Una persona que supo de la identidad de julio César y de la búsqueda que realizaba su mamá quien le avisó. Pasaron 10 meses antes de que la institución educativa lo devolviera al Incifo y este lo entregara a su familia para sepultarlo.
Piden sanciones al Incifo
Laura ahora es parte de colectivos de madres buscadoras que denuncian malas prácticas en el Instituto de Ciencias Forenses y exige castigo a los responsables y la reparación del daño por la donación del cuerpo de Julio César.
“Quiero saber quiénes fueron principalmente. Esto no puede seguir pasando porque hay cinco mil mujeres detrás de mí y no quiero repetición para estas pobres madres que anduvieron como yo”.
Integrantes de varios colectivos de familias buscadoras presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía de la Ciudad de México, y previamente, otra ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina, por actos dados a conocer a través de videos e imágenes en los que personal del Instituto de Ciencias Forenses juega con cuerpos y órganos de difuntos.
“Estos actos constituyen una violación directa a la dignidad humana post mortem como a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las familias que, día a día, buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos", leyeron en el acto posterior a la presentación de la denuncia penal, afuera del edificio de la Fiscalía.
Entre los colectivos que realizaron la denuncia estaban Una luz en el Camino, Hasta encontrarles y Mariposas buscando corazones y justicia.
Los colectivos habían anunciado la presentación de esta denuncia previamente, pero cancelaron el acto por amenazas hacia sus integrantes.
Informaron que a través de un audio se les dijo que se estaba armando un grupo de choque para romper el acto y evitar que se presentara la denuncia penal por los tratos a los cuerpos en el INCIFO.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue firmada por integrantes de más de 300 organizaciones, colectivos y personas buscadoras.
La Silla Rota solicitó información en torno a ambas denuncias al Poder Judicial de la Ciudad de México, del que depende el Incifo, pero no hubo respuesta.
CONTEXTO: Amenazas a buscadores
Esta semana, la organización Amnistía Internacional presentó un informe en torno a la situación de las personas que buscan a sus familiares o amigos desaparecidos en México.
Por la desaparición de más de 128 mil personas en México, las mujeres han asumido las labores de búsqueda y eso ha provocado que muchas de ellas se encuentren en peligro porque deben ejercer su labor en sitios dominados por el crimen organizado, destaca el informe “Desaparecer otra vez. Violencia y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”.
La investigación da cuenta de que, además del costo emocional derivado de buscar a sus hijos, esposos, padres, hermanos, las mujeres han enfrentado asesinatos, desapariciones, amenazas, ataques y extorsiones.
“De 2011 a la fecha, al menos 30 familiares de personas desaparecidas (16 mujeres) han sido asesinadas”, señala el informe de AI.
Los asesinatos ocurrieron después de denunciar las amenazas que recibieron, ya sea públicamente o ante autoridades, después del hallazgo de fosas, de la identificación o detención de probables responsables o de denuncias públicas de omisiones institucionales respecto a la búsqueda.