En el Estado de México, el delito de despojo será castigado con hasta 25 años y seis meses de prisión, además de una multa de hasta mil 500 días, de acuerdo con el dictamen aprobado esta semana por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Esta medida será votada en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso local que inicia este jueves, se busca frenar la intervención dolosa de servidores públicos en este delito, así como prevenir casos como el de la señora Carlota “N”.
El dictamen establece que la pena máxima se aplicará cuando el despojo implique el uso de documentación falsa para inscribir un bien inmueble en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) o para ejecutar el traslado de dominio.
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Los legisladores de Morena, Octavio Martínez y José Miguel Gutiérrez, junto con la fracción de Movimiento Ciudadano, coincidieron en que el delito debe considerarse grave cuando se cometa con violencia física o moral, haya rompimiento de cerraduras, forzamiento de puertas o ventanas, se aproveche la ausencia del propietario, o la víctima sea menor de edad, mayor de 60 años, mujer embarazada, persona con discapacidad, o pertenezca a un pueblo originario (mazahua, otomí, tlahuica, matlazinca o náhuatl).
Definición y agravantes del delito
El proyecto que será presentado ante el Pleno del Congreso estatal también contempla que el delito de despojo se configure cuando una persona impida materialmente el disfrute de un bien inmueble ajeno. En estos casos, las penas oscilarán entre cinco y diez años de cárcel y multas de 700 a mil días.
Cuando el despojo ocurra en un área natural protegida, la pena aumentará a entre siete y doce años de prisión, entre otros agravantes.
El caso Carlota “N” como detonante legislativo
Este endurecimiento en la legislación surge tras el caso de Carlota “N”, una mujer de 73 años que, el pasado 1 de abril, intentó recuperar una propiedad de su familia en Chalco que había sido invadida. Durante el enfrentamiento, presuntamente Carlota, junto a sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N”, dispararon contra los ocupantes ilegales, provocando la muerte de dos personas.
La familia había denunciado previamente el despojo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero no obtuvo respuesta. Tras el incidente, Carlota y sus hijos fueron detenidos y actualmente se encuentran en el penal de Huitzilzingo, acusados del delito de homicidio calificado con agravante de ventaja, así como de lesiones.
La defensa de Carlota "N" ha solicitado que se le permita continuar su proceso en prisión domiciliaria debido a su edad avanzada. El cierre de la investigación está previsto para octubre.
Más implicados en el caso
En conexión con este caso, el pasado 28 de mayo fue detenida en la Ciudad de México Lourdes Yohana “N”, presunta integrante del grupo “Sindicato 22 de Octubre”, acusada del delito de despojo relacionado con la invasión de la propiedad de Carlota “N” ocurrida el 27 de marzo.
El caso de Carlota “N” ha puesto en evidencia las deficiencias en la atención de denuncias por despojo en el Estado de México y ha impulsado una reforma legal para endurecer las penas contra quienes cometen este delito.
CJBQ