El magistrado en funciones, Arturo César Morales Ramírez, candidato en la elección judicial para repetir en el mismo cargo en materia administrativa por el primer circuito en la Ciudad de México, busca limpiar su nombre, luego de que el Congreso de la Unión lo incluyó en la lista de 26 candidatos impugnados ante el Instituto Nacional Electoral, por no cubrir el requisito de elegibilidad, ya que presuntamente tiene antecedentes criminales.
El problema es que fue confundido con un agente del ministerio público con su mismo nombre y sus mismos apellidos que trabajaba en la Agencia Federal de Investigación de la entonces Procuraduría General de la República, acusado de extraer ilegalmente junto con otras personas 252 cajas de opioides en 2007, y quien nunca fue detenido.
El magistrado Morales Ramírez informó en conferencia de prensa que él nunca ha sido ministerio público, y cuando se expidió una orden de aprehensión en contra de su homónimo, él trabajaba como juez de distrito de procesos penales en el Reclusorio norte.
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Un nombre igual, un físico diferente
Pero además, un testigo describió a su homónimo, en una averiguación previa sobre el caso de la extracción de opioides, con un físico distinto.
Mientras el magistrado no rebasa el 1.70m. de estatura, es de cara ancha y redonda, cutis uniforme y cabello lacio, su homónimo Morales Ramírez fue descrito como alguien de 1.77m, rostro ovalado, nariz recta, mentón ligeramente saliente, marcas de acné y arrugas en las comisuras de los ojos.
El magistrado y candidato a repetir en el cargo criticó que no se investigó con seriedad. Incluso, si hubiera habido una queja anterior, habría llegado al Consejo de la Judicatura Federal, pero él nunca fue notificado y no tiene ninguna en contra suya en materia administrativa, civil ni penal.
ELECCIÓN JUDICIAL – SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
¿Por qué la confusión?
Cuando Morales Ramírez vio su nombre y apellidos en la lista de candidatos impugnados, quedó muy sorprendido. Con 31 años de trayectoria profesional, nunca había aparecido en una queja. Por eso es que se puso a investigar y consiguió la orden de aprehensión contra su homónimo y un documento que muestra que aquel era ministerio público de la antigua PGR, cargo que el magistrado nunca tuvo.
En su análisis, lo que debió ocurrir es que desde el Poder Legislativo pidieron a la Fiscalía General de la República checar a los candidatos y la FGR vio que había una orden de aprehensión registrada a nombre de Arturo César Morales Ramírez, y le pasó la información al Legislativo. Pero las fuentes de información debieron ser páginas de internet especializadas en temas judiciales y no averiguaron más, dijo el magistrado.
Además, los del Poder Legislativo anteriormente ya se habían equivocado cuando dijeron que él era candidato por el Poder Ejecutivo, cuando él buscó la candidatura por pase automático.
“Tengo las manos limpias, soy motivo de confianza y cumplo los requisitos de elegibilidad”, afirmó.
Recordó que la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz informó el 6 de mayo que no se va a bajar a nadie de los candidatos impugnados, pero lo que el magistrado busca es que se determine que él y el otro Morales Ramírez son dos personas distintas.
También espera que en el Poder Legislativo se aclare la situación y por eso es que acudirá a a las cámaras de diputados y senadores para pedirlo.
Contexto: El domingo 4 de mayo el Poder Legislativo entregó al INE una lista de 26 candidatos para pedirle que los bajara de la elección judicial del 1 de junio, al considerar que incumplían los requisitos de elegibilidad, por presuntamente estar ligados con actividades criminales.
Ese día, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña informó que los candidatos en su mayoría eran candidatos con pase automático, con lo que se lavó las manos de cómo llegaron a las listas, en su mayoría evaluadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Este 6 de mayo, la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz adelantó que en la sesión del Consejo general de Instituto, se votará por no bajar a los candidatos de la elección judicial.
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