Hace medio año Amaranta recibió la promesa de que su denuncia contra un teniente del Ejército por abuso sexual sería atendida, luego de varias negativas en agencias del ministerio público en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
En octubre del año pasado Amaranta acudió junto con su madre al Zócalo Ciudadano, la audiencia que concede la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para resolver problemas de los ciudadanos. Eso les dio la esperanza de que la Fiscalía procesaría la denuncia contra el militar.
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“Él sabe dónde vivo. Necesito que procesen mi caso porque mi agresor amenazó con dispararme si denunciaba, tengo miedo, pero no me voy a callar”, dijo Amaranta al acudir a la audiencia.
La jefa de Gobierno escuchó la petición y llamó a Ulises Lara, entonces encargado de despacho en funciones de fiscal, cargo que ocupaba desde diciembre de 2023, y le encargó el seguimiento del caso.
En septiembre del año pasado, el militar de 47 años, que es su vecino y conocido de su familia, la atacó sexualmente en su casa y le dijo: ““son cosas que te tienen que pasar, eres grande ya”; además la amenazó con represalias contra ella y su familia en caso de que lo denunciara.
Pese al temor, Amaranta acudió a denunciar la violación pero se encontró con servidores públicos que la hicieron esperar antes de hacer el trámite y luego rechazaron la petición de que su madre la acompañara cuando prestaba su declaración.
La abogada para asuntos de violencia sexual del turno de la noche le habló en un tono que Amaranta le pareció de “desdén” y “flojera”; ella estaba muy asustada porque su agresor era un amigo de la familia que la conocía desde los 10 años.
También le dijeron que no podían atender el caso porque su agresor era miembro del ejército y que tenía que acudir a una fiscalía militar.
Una esperanza, luego, la decepción
Tras la indicación de Brugada, Lara la atendió, le dio una cita, y le asignaron un asesor jurídico.
Ese martes de octubre el encargado de despacho de la Fiscalía le estrechó la mano y le prometió que “las cosas” se resolverían.
En la audiencia del zócalo le asignaron un folio para el seguimiento de su caso y al día siguiente recibió una llamada de la Fiscalía para decirle que ya habían comenzado con la investigación y la comunicación se mantuvo por las siguientes tres semanas.
Luego las llamadas comenzaron a espaciarse, cada tres semanas, y cuando pedía ver su carpeta para ver los avances se lo negaban. La respuesta era “no ha avanzado mucho ¿para qué quieres saber?”.
En enero de este año, cuando Lara dejó la Fiscalía y entró en su lugar Bertha Alcalde, la comunicación paró completamente.
A mediados de febrero Amaranta pudo reunirse de nuevo con su asesor y tuvo acceso a a su carpeta, tres meses y medio después de que le prometieron respuesta. En la reunión el asesor le dijo “tu carpeta es muy suertuda, las demás las archivan”.
“Si yo soy de las suertudas no me imagino como están las demás. Hay chicas y chicos con casos de violación o trata y lo mío comparado es muy pequeño. ¿Qué pasa con esas carpetas?”.
¿Cómo va el proceso?
En entrevista, Amaranta explicó que su asesor jurídico no le ha dicho si hay avances y tampoco sabe si ya notificaron a su agresor de estar denunciado por abuso sexual.
Por el momento, está más tranquila ya que el militar que abusó de ella está en Mérida, Yucatán y no ronda más la unidad habitacional del Ejército en la que ambos viven.
Pese a que él está lejos la víctima preferiría que la Fiscalía emitiera medidas para protegerla a ella, a su mamá y su hermano mayor, de cualquier ataque o represalia, pero no ha recibido respuestas.
La Silla Rota solicitó información a la Fiscalía capitalina, sin embargo, el área de prensa se negó a responder.
Contexto: El doctorado exprés
Ulises Lara llegó a la Fiscalía en sustitución de Ernestina Godoy, quien no fue ratificada en el cargo hasta 2028, como era su intención, y pasó de vocero de la institución a encargado de despacho.
Graduado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, “cumplió” el requisito de contar con título de abogado graduándose en una institución llamada Instituto Cúspide; unos días antes de que lo nombraran, el sitio de la Secretaría de Educación Pública que registra las cédulas profesionales no contaba con información en ese sentido, pero el día de su designación se conoció que había obtenido el título en un año.
El propietario de la escuela también trabajó en el gobierno de la Ciudad de México, aunque negó que su amistad con Lara hubiera influido en el otorgamiento del título.