Los golpes y amenazas a manifestantes registrados en la manifestación de la “Generación Z” del 15 de noviembre provocaron la presentación de 11 quejas, informó Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
González Saravia subrayó que “todo acto que afecta la integridad física o psicológica de las personas es reprochable”, al tiempo que defendió el mandato del organismo para proteger el derecho a la protesta, investigar posibles abusos de la fuerza institucional y priorizar mecanismos de restitución inmediata de derechos para las víctimas.
De acuerdo con el informe, del 1 de enero al 15 de noviembre de 2025 la CDHCM recibió 7 mil 339 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. En el 90% de los casos, las personas afectadas fueron atendidas mediante mecanismos alternativos (restitución de derechos, mediación y conciliación), mientras que sólo el 1% de las víctimas llegó a procesos de “recomendación”.
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En este periodo, la Comisión emitió 13 recomendaciones, celebró nueve acuerdos conciliatorios y reportó que más de cinco mil personas lograron la garantía efectiva de sus derechos a través de estas vías.
Marcha del 15N: “un contexto muy complejo”
Sobre la actuación de la Comisión durante la movilización del 15 de noviembre, que derivó en detenciones y denuncias por presuntas agresiones, González Saravia explicó que se trató de un “contexto muy complejo” por las distintas formas de violencia que se suscitaron y detalló que la CDHCM desplegó a 18 visitadores, pese a que formalmente no se solicitó su presencia, para labores de observación, documentación, contención y resguardo de la vida.
A partir de esa protesta, la Comisión recibió 11 quejas relacionadas con detenciones y posibles violaciones a derechos humanos. La presidenta precisó que no hubo quejas en contra del propio organismo y que, desde el primer momento, la CDHCM acompañó los procesos para garantizar certificaciones médicas a las personas detenidas, la asignación de defensa y el acompañamiento ante el Ministerio Público, con el objetivo de que las declaraciones se tomaran sin presión indebida.
Sin adelantar conclusiones, González Saravia señaló que la Comisión investiga los hechos con base en las denuncias recibidas y en lo documentado por su personal. “No nos toca hacer una calificación anticipada, pero sí documentar el posible abuso de la fuerza institucional”, afirmó.
Añadió que el organismo evita entrar en disputas de narrativa pública mientras se desarrollan las investigaciones y reiteró que las recomendaciones, cuando proceden, buscan justicia, reparación, garantías de no repetición y mejoras estructurales en los protocolos.
Desaparición de personas
El informe también dio cuenta de otros temas recurrentes en la agenda del organismo. Entre ellos, las desapariciones de personas, una problemática que, según la presidenta, es cada vez más visible en la capital.
Durante 2025, la CDHCM tramitó 19 quejas vinculadas con desaparición, principalmente en contra de la Fiscalía capitalina, la Comisión de Búsqueda, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) y la Secretaría de Bienestar local.
Las quejas por desaparición se relacionan, principalmente, con la falta de coordinación interinstitucional, omisiones en la búsqueda e identificación de personas, retrasos en la activación de alertas como Ámber y Alba, deficiencias en la información a las víctimas y fallas en la identificación o restitución de cuerpos.
La Comisión reportó además un acompañamiento directo a colectivos de búsqueda, apoyo psicosocial y trabajo de coordinación interinstitucional, así como convenios especializados, como el sostenido con el Equipo Argentino de Antropología Forense para atender rezagos históricos en materia forense.
Desalojos
Finalmente, cuestionada sobre las quejas vinculadas con desalojos y presuntos abusos de autoridad, González Saravia señaló que, en muchos casos, las personas afectadas se enfrentan a procesos poco claros, con deficiencias en la información y sin garantías plenas de seguridad jurídica.
La titular de la Comisión explicó que la intervención del organismo se centra en verificar si los desalojos cuentan con una orden legal debidamente emitida y en observar la actuación de las autoridades involucradas.
En diversas situaciones documentadas por la CDHCM, dijo, se han identificado prácticas abusivas, particularmente cuando los procedimientos se ejecutan de manera expedita, sin notificación suficiente o sin considerar las condiciones de vulnerabilidad de las personas desalojadas.
Uno de los puntos de preocupación, expuso, es que muchos desalojos no son realizados en una primera fase por autoridades de seguridad pública, sino por particulares contratados, lo que dificulta la supervisión institucional y la protección de derechos.
Ante este escenario, la Comisión realiza labores de observación, documentación y acompañamiento, y cuando detecta violaciones a derechos humanos, inicia las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.