TUXTLA GUTIÉRREZ.- Desapariciones y desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, militarización de fronteras e incluso la muerte, fue parte del diagnóstico que una delegación internacional efectuó durante su encuentro con diferentes instancias de gobierno en su recorrido por el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, del 29 de octubre al 6 de noviembre.
En el marco de la presentación de un profundo análisis denominado “Tejer Diálogos, Defender Derechos”, Diana Riba i Giner, eurodiputada del Grupo de los Verdes y parte de la Delegación en México de la Unión Europea, externó que, al final de cuentas, uno de los objetivos de este viaje es construir alternativas ante en la crisis de derechos humanos y de violencia que azota a todos los continentes.
Tras destacar las reuniones que sostuvieron con diferentes autoridades gubernamentales mexicanas para identificar los retos compartidos, externó la urgencia de dignificar las políticas de movilidad con enfoque de género e interseccionalidad, frenar las narrativas xenófobas, evitar la externalización y militarización de las fronteras, además de detener las detenciones arbitrarias y el debilitamiento de la sociedad civil.
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Lo que les causó alarma durante su estancia en Chiapas, evidenció, es el constante riesgo de las personas en movilidad durante su paso por esta entidad, además del desplazamiento forzado interno y las capacidades “muy limitadas” para atender el fenómeno.
PERSECUCIÓN CONTRA DEFENSORES DEL TERRITORIO
Entre otros detalles, evidenció los arrestos injustos que han sufrido defensores del territorio, como el caso de 5 indígenas originarios de San Juan Cancuc, “pero también visitamos a la abogada amuzga Kenia Hernández, privada de su libertad desde hace 5 años en el Cereso de Nezahualcóyotl, en el Edomex, por defender los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios”.
Está convencida, remató, de que es necesario y urgente abrir esos espacios de cooperación que construyan la paz, la justicia y la dignidad tanto en México como en la Unión Europea.
A las afueras del Palacio de Gobierno de Chiapas, Diana Damián Palencia, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y parte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras lamentó que haya mujeres como Kenia Hernández que sean criminalizadas “solo por alzar la voz”.
Con base en el registro de la Iniciativa Mesoamericana de Defensores, apuntó que en 3 de cada 4 agresiones documentadas entre el 2023 y septiembre de este año se percibe un componente de discriminación de género, desde amenazas de violencia sexual, descalificaciones de liderazgo, campañas de estigmatización misóginas y cuestionamientos hacia la vida privada o de su sexualidad como mujeres.
Tras solidarizarse con las madres que buscan a sus desaparecidos, recordó que, en México, ellas son las que más peligran y prueba de ello es que durante los últimos 33 meses se registraron 18 asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos, de las cuales la mitad eran buscadoras.
OMISIÓN Y COMPLICIDAD DEL ESTADO
En su oportunidad, Raúl Vera López, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dejó en claro que otra de las preocupaciones que han palpado es la persistencia del control armado, el desplazamiento forzado y el sometimiento de comunidades enteras bajo el miedo.
Nos enfrentamos ?externó? a territorios silenciados, mientras los gobiernos federal y del estado insisten en que todo marcha bien, “pero sabemos que es todo lo contrario”.
Prueba de ello, dijo, es que han registrado más de 16 mil casos de desplazamiento forzado en la entidad chiapaneca, acompañado de despojos territoriales, agresiones a defensores comunitarios y una creciente militarización que agrava la violencia estructural.
Desde el “Frayba”, denunció que hay un doble discurso oficial: “Lo que se presenta como mano dura y pacto de civilidad, es sólo una estrategia de control que fusiona al gobierno con estructuras criminales… esto está claro para nosotros”.
Otra cuestión que es necesario evidenciar, sostuvo, es que el fenómeno de desaparición forzada no se trata de un fenómeno aislado ni circunstancial, sino de una práctica sistemática y generalizada sostenida por la complicidad, omisión y, en muchos casos, la participación directa del Estado.
“Lo que enfrentamos no es solo una crisis de derechos humanos, sino una política del silencio que normaliza el horror”, confirmó Vera, quien atajó que sin duda en el país se vive una crisis de derechos humanos.
PERSONAS EN MOVILIDAD, A LA DERIVA
En su oportunidad, Mavi Cruz, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula consideró que, en un contexto global, donde las políticas antimigratorias, capitalistas y de muerte se expenden sin fronteras, “nuestras respuestas deben ser igual, regionales”.
Resaltó que los impactos de esas políticas se prolongan aún más, y se vuelven más dolorosas y profundas para quienes han tenido que huir de sus países en busca de protección y dignidad.
Estos días de diálogo entre la sociedad civil e instituciones, reconoció, han sido muy valiosos, pues les ha permitido compartir experiencias y reafirmar que otras formas de vida digna sí son posibles.
“Pero también nos han confrontado con realidades adversas, pues durante nuestra visita observamos un debilitamiento alarmante del sistema de protección en México, y los largos periodos de espera que exceden lo establecido por la ley, lo que coloca a las personas con necesidades de protección internacional en una situación de desprotección indefinida”, argumentó.
Lo anterior, reafirmó, les niega el acceso a derechos esenciales como alimentación, vivienda, salud, trabajo y educación y los expone a economías criminales que lucran con la movilidad humana.
Pese a ese panorama, reconoció la apertura de las autoridades, principalmente migratorias, para recibir esta misión y valoró la disposición para desarrollar articulaciones a desarrollarse en el corto, mediano y largo plazos.
“Seguimos insistiendo en que México tiene la oportunidad de dar un giro importante a su política migratoria y de asilo”.
De nueva cuenta, Raúl Vera, presidente del Frayba, expuso que, ante todo este panorama, la protección a los derechos humanos es aún precaria y casi invisible, especialmente en los márgenes donde el Estado no llega o “llega tarde”.
lrc