A cuatro semanas de que la venta de animales vivos quede prohibida por orden de un juez, los pasillos del Mercado de Sonora siguen llenos de jaulas abarrotadas, de las que emanan ladridos, maullidos, balidos y graznidos. El olor fuerte a excremento y orines se mezcla con el rastro químico de los limpiadores que los locatarios usan para contener la peste. Es martes y el mercado está abarrotado.
Entre las jaulas apiladas, un trabajador toma una caja de cartón, le abre hoyos con un cuchillo para que circule el aire, saca una paloma de su encierro y la mete en la caja con movimientos ágiles. Luego la amarra con rafia y escribe un nombre en la tapa: “Alejandro”. La coloca junto a otras alineadas en el suelo. “No dura ninguna aquí más de dos días”, dice mientras toma otra caja.
La Silla Rota recorrió la zona y constató que, pese a la cuenta regresiva que culmina el 31 de diciembre de 2025, el mayor mercado de animales vivos de la Ciudad de México sigue operando como si no tuviera una fecha de expiración.
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En la mayoría de pasillos se ofrecen pollos, gallos, palomas, gatos, perros, borregos y chivos; mientras que algunos locales se pueden encontrar roedores, reptiles, erizos y puercoespines bajo las mismas condiciones que han motivado denuncias de maltrato durante años.
Pero los clientes siguen llegando. Familias preguntan precios, niños jalan de la ropa a sus padres, vendedores caminan entre los pasillos llamando a los visitantes con ofertas rápidas.
“Son productos necesarios”
En uno de esos pasillos, en el local “El Buen Pollo”, entre el canto constante de los gallos y el trino de las aves, se encuentra Jaime Olea Méndez, locatario desde hace cuatro décadas. Habla sin prisa, sentado frente a una hilera de jaulas con aves jóvenes. “Este es un negocio familiar que fue de mi padre desde la fundación del mercado hace 68 años”, relata en entrevista.
Jaime cuenta que su padre lo llevaba desde pequeño al mercado tras salir de la escuela.
Ahí aprendió el negocio. “Nosotros cumplimos con una función de comercializar productos que son necesarios, ya sea para la cría o como mascotas. Son unos productos necesarios y lo demuestra el hecho de que el mercado tiene 68 años y se sigue vendiendo esto porque hay una demanda”, afirma.
Y aunque asegura que en el mercado ya no se venden especies protegidas y que los animales están “bien alimentados y en buen lugar”. Sus palabras, para los activistas, significan el núcleo del conflicto.
Un mercado que opera bajo una prohibición vigente
“Los animales no son objetos. Son seres sintientes, no cosas. Ya se les descosificó y ya no puede mencionar que son productos o mascotas”, sentencia Susana Ramírez, líder de la asociación animalista Va por sus Derechos.
La activista explica que la venta de animales vivos en mercados públicos está prohibida en la Ciudad de México desde octubre de 2023, luego de una aclaración en la Ley de Protección y Bienestar Animal.
Esta norma se volvió litigio cuando la asociación encabezada por la abogada Susana Ramírez promovió un amparo en contra de la venta de animales en dicho mercado el 23 de septiembre de 2023.
El amparo condujo a una inspección judicial, realizada en noviembre de ese año. La inspección corroboró las malas condiciones en las que se encontraban los animales, el hacinamiento, la ausencia de un médico veterinario de planta y la presentación de cédulas de comercio no vigentes.
"La actuaria del juzgado cuarto de distrito percibió el maltrato y el dolor de los animalitos”, detalla Ramírez. "Nunca una autoridad había ido a dar fe de la ilegalidad de cómo viven los animales allí".
Y aunque un juez de distrito sobreseyó el caso inicialmente, un Tribunal Superior revocó esa decisión y finalmente, en agosto de 2025, se ordenó la prohibición total e inmediata de la venta de animales en el Mercado de Sonora.
La sentencia obliga a la alcaldía Venustiano Carranza a clausurar o dar alternativas económicas a los comerciantes antes de que finalice el año.
Vendedores se atrincheran con amparos
Sin embargo, Jaime Olea asegura que, pese al mandato judicial, él y decenas de locatarios no piensan retirarse sin agotar primero todas las vías legales. “Este negocio tiene muchos años. Nosotros estamos cumpliendo con una necesidad de la gente. Si se cerrara esta área, nos obligan, o más bien obligan a la gente, a cubrir su necesidad acercándose a un mercado negro”.
Según sus cálculos, de los 88 locales que originalmente se dedicaban a la venta de animales, entre 50 y 55 siguen operando con permisos que, asegura, continúan vigentes. “Aquí hay familias enteras que viven de esto. No son cincuenta personas, son cientos, quizá miles si contamos proveedores, cargadores, transportistas, gente de los pueblos que cría los animales. ¿Qué va a pasar con ellos?”, cuestiona.
Jaime afirma que un grupo de locatarios ya inició gestiones con abogados privados y que varios han promovido amparos individuales. “Tengo conocimiento que al menos tres han sido aceptados”, dice.
Su esperanza es que, si la sentencia final les es favorable, puedan seguir operando más allá de la fecha límite.
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“Toda mi vida ha estado aquí”
Entre los puestos, Isabel, de 22 años, acomoda cajas, barre y atiende a clientes. Su jornada, de más de 10 horas, transcurre entre gallos cantando y pollitos piando. “Yo trabajo aquí desde hace seis, siete años”, cuenta. “Mi papá era proveedor; traía pollitos desde Puebla. Toda mi vida he estado entre los animalitos”.
“Es muy lamentable todo esto. No se me hace justo que nos quiten la fuente de trabajo. Toda nuestra vida hemos vivido de esto”.
Isabel es de los pocos trabajadores que se animan a hablar. Estudió tres cuatrimestres de la carrera de Derecho, hasta que su padre murió y tuvo que dedicarse de lleno al trabajo. “Nosotros sí cumplimos con las leyes”, afirma. “Tenemos reglamentos, vienen veterinarios, tenemos papeles. A veces nos clausuran porque la pared no está pintada del color correcto. Buscan cualquier cosa para chantajearnos”.
Al preguntarle sobre a qué se dedicará si se concreta el cierre del local donde trabaja, dice que en ningún otro lugar le pagan lo que gana ahí. “Me voy a ir a vender chicles”, dice entre risas y asegura que nadie de la alcaldía les ha ofrecido opciones concretas. “Dicen que vamos a tener alternativas, pero no nos dicen cuáles”.
“Alternativas sí hay, pero vender animales ya no es una opción”
Sin embargo, la abogada Susana Ramírez rechaza de manera frontal la versión de los locatarios. “No es cierto que estén desamparados, nunca se les ha negado el derecho al trabajo. La sentencia es clara, no se les quita el local, sólo se les prohíbe vender seres vivos. Pueden cambiar de giro. Pueden vender cualquier producto lícito”, detalla.
“Es como si vinieran a decir: ‘¿de qué vamos a vivir los que se dedican a la trata de blancas? Porque somos generaciones que nos hemos dedicado a eso. El abuelo, el tío, el hermano, el nieto’. ¿Sí me explicó?”.
Además de esto, Ramírez explica que la alcaldía Venustiano Carranza está obligada, por resolución judicial, a ofrecer programas de reconversión económica y capacitación. “Se les han dado opciones, pero ellos están empeñados a seguir explotando, cosificando y violando la ley maltratando animales. Están cómodos dentro de la ilegalidad”.
La Silla Rota buscó a la alcaldía Venustiano Carranza para preguntar sobre estos programas de reconversión; sin embargo, hasta la publicación de este texto, no hubo respuesta.
No obstante, en octubre de 2025 la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez declaró públicamente que cumplirá la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa y advirtió a los locatarios que deberán cambiar de giro antes de que concluya el año. “Si no cumplen, se les va a clausurar y van a perder todos sus derechos”, dijo.
“Ojalá sí los regulen. Son muy agresivos”
A la salida del mercado, un padre, una madre y su hija suben a toda prisa el puente peatonal que cruza la Av. Frey Servando. El hombre carga en sus brazos un cachorro pequeño. Se niegan a hablar; sin embargo, al preguntarles sobre el posible cierre del área de animales, la mujer responde: “Los vendedores nos amenazaron”.
Sin revelar su nombre, la mujer cuenta que tras insistencia de su hija preguntaron por el precio de un cachorro. “Mil pesos”, les dijeron. Preguntaron por vacunas y papeles, y les aseguraron que todo estaba incluido. Pero al momento de entregarlo, el vendedor exigió dos mil pesos. “Reclamamos, y se pusieron agresivos”, relata.
Ante la tensión, la esposa pagó. “Era todo el dinero que traíamos”. Salieron corriendo por el pasillo central, atravesaron la puerta y se perdieron entre el comercio ambulante hasta subir el puente.
“Ojalá sí los regulen. Son muy agresivos”, dice la mujer antes de apresurar el paso.
kach