La reforma y elección judicial afectaron la eficiencia y atención en los juzgados capitalinos, ya que entre entre enero y septiembre de este año se procesaron 61% menos expedientes en los juzgados familiares, comparado con lo ocurrido en los primeros nueve meses de años anteriores.
Mientras, en los juzgados civiles la caída fue del 45% y en los penales fue del 16%, de acuerdo con lo que documentó el estudio “Elecciones judiciales: lo que pasó y lo que sigue, la agenda 2027”, elaborado por el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia.
A ello se sumaron los paros que hubo este año en juzgados de la capital, entre mayo y julio, que derivó en que las víctimas de procesos lentos y complejos, como aquellas que buscan recuperar a sus hijos o definir pensiones, no encontraron jueces disponibles.
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“La parálisis fue severa porque la reforma golpeó un sistema que ya estaba roto”, es una de las conclusiones del estudio elaborado por el observatorio de la Universidad Iberoamericana.
Por eso mismo no sorprende que en 2025, el número de asuntos concluidos en el Poder Judicial de la CDMX cayó 57.7% en materia familiar; 46.4% en materia civil y 50.2% en materia penal.
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Parálisis y escepticismo
El estudio concluye también que uno de los costos inmediatos de la elección judicial fue la parálisis y el escepticismo en la operación de la justicia.
La incertidumbre jurídica se genera por el cese de las y los juzgadores en funciones, a lo que se sumó el nombramiento de nuevos perfiles a través del voto popular. Ambos hechos crearon un escenario donde “el juez inseguro no decide y un tribunal sin autoridad moral genera más dudas que certezas”.
El equipo de Periodismo del Observatorio Ibero documentó además que las experiencias dentro del sistema judicial pueden describirse como una suma de costos acumulados para quienes buscan justicia.
Esas experiencias son días de trabajo perdidos, inestabilidad laboral, ingresos que disminuyen, gastos en traslados, copias, certificaciones, honorarios y en ocasiones, pagos extraoficiales.
A ello se suma que los ciudadanos viven un estrés sostenido, ansiedad, insomnio, problemas de salud física, e incluso la reorganización de la vida familiar: quién cuida a quién mientras alguien hace fila, o quién acompaña a quién a una audiencia.
Inequidad, la justicia de cabeza
En la justicia local se inician 96% de los conflictos de la gente, y es ahí donde menos recursos públicos se destinan. A la justicia federal solo se llega en tercera instancia, sólo quienes tienen dinero pueden enfrentar el tiempo y los costos que conlleva un juicio de tres instancias. La inmensa mayoría de quienes buscan justicia queda atrapada entre la débil y corrupta maquinaria judicial local, criticó el documento.
“Litigar en México es lento y tortuoso porque el sistema está mal diseñado”.
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Ventanillas inaccesibles
En México, las personas no llegan a juicio porque las ventanillas son muy poco accesibles. El estudio cualitativo lo constata una y otra vez.
En las historias recogidas por el Observatorio Ibero aparecen deudas impagadas, pensiones alimenticias que no se cubren, conflictos vecinales, violencia sexual digital, accidentes laborales graves, procesos de divorcio largos y juicios de despojo entre familiares cuya resolución puede tomar hasta una década.
El costo económico y el desgaste emocional es prohibitivo. Ello hace que pocos, muy pocos, lleguen a tocar la puerta de un tribunal y si lo hacen, no lo abandonen a la mitad del proceso. Los conflictos existen; lo que no ocurre es que se conviertan en procesos judiciales.
El estudio cualitativo ayuda a localizar algunos de esos puntos de fuga:
- Antes de llegar al juzgado.
Muchas personas deciden no demandar porque anticipan un camino lento, caro y lleno de obstáculos. Esa expectativa se construye a partir de historias de familiares, vecinos o conocidas que pasaron años en tribunales.
- En los primeros contactos.
Quien recibe una notificación incomprensible, acude a un Ministerio Público sin orientación clara o quien enfrenta una queja laboral se enfrenta con un lenguaje técnico que nadie traduce. Esa barrera deja a muchas personas fuera del sistema.
- Durante el proceso.
El tiempo se vive como castigo. Audiencias diferidas, “meses en los que no pasa nada” en el expediente, filas y ventanillas que consumen jornadas de trabajo llevan al desistimiento.
Contexto
La reforma judicial fue aprobada en septiembre de 2024 y ordenó la realización de la elección judicial el 1 de junio, con lo que a través del voto popular se sustituyó a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de tribunales y jueces de distrito.
Algunos juzgadores renunciaron antes de la elección.
Los juzgadores elegidos el 1 de junio asumieron el 1 de septiembre y el desempeño de varios de ellos ha sido criticado porque se muestran dudosos o desconocedores de los procedimientos y términos jurídicos.
VGB