A más de tres meses de la explosión ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la indemnización correspondiente a los hijos de una de las víctimas, Abril “N”, permanece pendiente. El caso contrasta con el avance general del acuerdo reparatorio alcanzado con la empresa responsable del siniestro.
La Fiscalía explicó que el retraso se relaciona con un proceso familiar en curso por la guarda y custodia de cuatro menores, dos niñas y dos niños. Esta definición legal resulta necesaria para establecer el mecanismo mediante el cual se entregarán los recursos económicos derivados de la reparación del daño.
De acuerdo con la autoridad, los menores permanecen bajo el cuidado de un familiar cercano mientras se resuelve el procedimiento legal. La Fiscalía señaló que el expediente no concluirá hasta contar con una determinación que permita canalizar la indemnización conforme a derecho.
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Aunque el pago principal continúa sin liberarse, las instituciones capitalinas mantienen apoyos complementarios para la familia. Entre ellos se incluyen la cobertura de gastos funerarios, apoyo solidario, asesoría jurídica y atención psicológica dirigida tanto a los menores como a sus cuidadores actuales.
Avance del acuerdo reparatorio
El acuerdo reparatorio anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina supera los 480 millones de pesos. Este fondo deriva de la investigación por la explosión de una pipa de gas que perdió el control en una curva, lo que ocasionó múltiples afectaciones humanas y materiales.
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El universo de personas consideradas como víctimas asciende a 144 casos, que incluyen familiares de personas fallecidas, personas lesionadas y propietarios de viviendas o negocios dañados. De ese total, 143 personas ya firmaron los acuerdos correspondientes.
Hasta el último corte, 127 personas recibieron el pago de su indemnización, lo que equivale a cerca del 90 por ciento del monto total. Los recursos cubrieron distintos conceptos de reparación conforme a cada tipo de afectación.
La distribución del fondo destinó 266 millones de pesos a familiares de 32 personas fallecidas, 136.5 millones a 63 personas lesionadas y 27 millones a daños materiales registrados en 42 inmuebles. Cada pago se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en los convenios.
Casos pendientes de cobro
Además del caso de Abril “N”, otras 16 personas firmaron los acuerdos pero no cobraron aún la indemnización. En estos expedientes, las autoridades señalaron que persisten trámites vinculados con daños materiales y procesos administrativos específicos.
La Fiscalía precisó que el caso de Abril “N” constituye el único en el que no se formaliza la firma del acuerdo. La causa se centra en la falta de una resolución judicial sobre la custodia legal de los cuatro menores beneficiarios.
Las autoridades capitalinas indicaron que el recurso asignado a este caso permanece reservado y no se destina a otro fin. La liberación del pago quedará sujeta a la resolución del proceso familiar y a la definición del tutor legal correspondiente.
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Investigación del siniestro
La investigación oficial estableció que la explosión ocurrió cuando una pipa de gas perdió el control en una curva. El dictamen identificó factores relacionados con la capacitación y las condiciones de trabajo del conductor como parte del análisis del hecho.
El saldo final del siniestro fue de 32 personas fallecidas y 63 lesionadas, además de daños materiales en viviendas y comercios cercanos. A partir de estos resultados, las autoridades impulsaron un esquema de reparación integral mediante acuerdos reparatorios.
La Fiscalía y el Gobierno de la Ciudad de México señalaron que este modelo busca cerrar los procesos penales mediante la reparación del daño. En el caso pendiente, la definición legal de la custodia determinará el siguiente paso para concluir la indemnización.
VGB