La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, indicó que el monto total de los acuerdos reparatorios asciende a 480 millones de pesos, de los cuales 429 millones, equivalentes al 90%, ya han sido pagados a las familias afectadas. Precisó que el resto del monto está próximo a solventarse y que la totalidad de los recursos corre a cargo de la empresa responsable.
Posteriormente, el Gobierno de la Ciudad de México informó que aún faltan por firmar cinco acuerdos reparatorios con víctimas del accidente, como parte del proceso de reparación del daño.
La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, explicó que de los 144 casos registrados, se han firmado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas. Detalló que, de los recursos ya pagados, 266 millones de pesos corresponden a familiares de personas fallecidas, 136.5 millones a personas lesionadas y 27 millones a personas que sufrieron otro tipo de daños.
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La fiscal señaló que los acuerdos pendientes están relacionados principalmente con procesos sucesorios, guardia y custodia de menores, así como con la evaluación de daños materiales. Indicó que permanecen abiertos tres casos de personas fallecidas y dos de personas con lesiones graves, cuya resolución depende de definiciones familiares y legales.
Respecto a personas que inicialmente no habían sido identificadas, informó que se logró localizar e identificar a dos personas fallecidas, presuntamente en situación de calle, mediante análisis genéticos, y que ya se avanzó en los procesos de reparación del daño correspondientes.
En cuanto a la investigación del accidente, la fiscal señaló que existió responsabilidad inmediata del conductor, quien falleció, debido al exceso de velocidad y pérdida de control del vehículo, así como omisiones por parte de la empresa operadora que generaron condiciones de riesgo. Añadió que los estudios técnicos descartaron fallas en la vía, problemas mecánicos o factores naturales.
Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, informó que 52 personas que estuvieron hospitalizadas continúan con seguimiento médico. Detalló que 13 personas permanecen en rehabilitación y 23 reciben atención en salud mental, con acompañamiento por parte de distintas instituciones de salud, independientemente de su derechohabiencia.
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Finalmente, la jefa de Gobierno anunció que en enero de 2026 se presentará una aplicación para que la ciudadanía pueda reportar pipas u otros vehículos que transporten sustancias peligrosas en condiciones irregulares. Añadió que el Gobierno Federal publicó el 3 de octubre normas emergentes de cumplimiento obligatorio para este tipo de transporte, las cuales incluyen mantenimiento obligatorio, pruebas de seguridad, capacitación técnica, control de velocidad y uso de GPS, con un plazo de cuatro a seis meses para su cumplimiento.
