Ochos personas detenidas tras los hechos de violencia registrados en la marcha del sábado pasado convocadas por la llamada “Generación Z”, están acusados de tentativa de homicidio por presuntamente golpear a policías, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso La Silla Rota.
Se trata de dos mujeres, Perla Verónica Galván Becerril y Gabriela Toussaint Camberos; y seis hombres, Alberto González Mancilla, Fernando Escobar Herrera, Quetzal Arturo González Rojas, Federico Orozco Torres, Francisco García Colín y Gabriel Pérez Rábago.
Este lunes, en conferencia, Bertha Alcalde Luján, fiscal de Justicia de la Ciudad de México, sostuvo que había tres acusados de tentativa de homicidio, sin embargo, en la solicitud de audiencia que se hizo al Poder Judicial de la CDMX, el agente del ministerio público hizo constar los nombres de ochos detenidos por tentativa de homicidio, basado en el hecho de que el presunto delito fue cometido por varias personas que golpearon a uno de los policías asignados a la vigilancia de la manifestación del 15 de noviembre.
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Alcalde dijo que a raíz de los enfrentamientos con la policía, el derribo de vallas colocadas frente a Palacio Nacional y los golpes contra policías de la Secretaría de Seguridad capitalina, se detuvo a 18 personas, tres por tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, dos por lesiones y robo, y ocho de lesiones de diferente tipo.
En el documento al que tuvo acceso La Silla Rota consta que Sergio David Velasco Rodríguez, José Luis Matus Altamirano, Daniel David Rocha González, Brayan Mario Mora Urióstegui, Braian Alexis Olivares, José Enrique Arreola Bocanegra y Eduardo Josafat Carreón Sánchez enfrentarán cargos por robo con violencia.
Fernando Escobar, Francisco Colín García y Gabriel Pérez Rábago, además del cargo por tentativa de homicidio enfrentarán otro por resistencia de particulares.
Este lunes fueron trasladados al Reclusorio Norte cinco personas que estaban detenidas en la agencia del ministerio público en Cuauhtémoc: Brian Alexis Olivares, José Enrique Arreola, Sergio David Velázquez, Gabriel Pérez y una mujer cuyo nombre no se difundió. Un video difundido por el periodista Ignacio Gómez muestra que al menos tres de ellos presentaban golpes en la cara y una herida en la cabeza.
Su abogado, Ricardo Colorado, dijo que la carpeta abierta por el presunto intento de homicidio de un policía se refiere a un elemento cuyas lesiones tardan en sanar menos de 15 días por lo que el MP está actuando en contra de los principios de buena fe que deben regir a la representación social.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, informó que tras analizar los videos en que se ve a policías golpear a manifestantes que estaban en la plancha del Zócalo se apreciaron casos de posible uso excesivo de la fuerza.
“Se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza, por lo que se iniciaron el mismo número de investigaciones administrativas internas”.
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En siete de esas 18 investigaciones, entre las que se incluyen los casos de presuntas agresiones a la prensa, el personal está suspendido temporalmente hasta que concluyan las investigaciones, dijo el funcionario. Fotógrafos de La Jornada y Proceso denunciaron agresiones por parte de policías cuando documentaban la manifestación y los hechos de violencia ocurridos en el Zócalo.
Ante las denuncias de que se usaron gases lacrimógenos, Vázquez dijo que los policías usaron extintores contra incendios para repeler a quienes deseaban tirar las vallas y que estos dispositivos tienen polvo químico que puede tener efectos irritantes pero se investigará si se usó otro elemento.
El saldo de policías lesionados fue de 60, a quienes se atendió en la zona centro mientras a otros 40 se les trasladó a hospitales para su valoración; a la fecha 26 ya fueron dados de alta y 14 reciben atención por lesiones que no ponen en riesgo su vida.
Tratan de desvirtuar lo que ocurrió: Capella
El abogado Alberto Capella, activista y exdirector de Seguridad de Tijuana, quien sufrió un ataque de un grupo de narcotraficantes, acudió a la manifestación para expresar su descontento por la inseguridad y el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, dijo a La Silla Rota que lo que observó en las calles no coincide con la narrativa posterior.
“Lo que escuché fue espontáneo”, dijo al describir un recorrido en el que vio familias, personas mayores y jóvenes marchando “con un espíritu de esperanza” y consignas de indignación por el asesinato de Manzo. “No era una ni 100 personas, eran miles y miles indignadas”.
Capella afirmó que la manera en que se difundió lo ocurrido en el Zócalo podría detonar más participación en futuras convocatorias. Señaló que escuchar una narrativa totalmente distinta a lo que ocurrió es indignante, y ese sentimiento lo comparten “las decenas de miles de personas que participaron”, aseguró.
Por eso, advirtió que las protestas no van a disminuir sino crecer: “¿Qué va a provocar? Que en la siguiente convocatoria vamos a ir, pero ahora con más ganas”. Según él, este intento de controlar la manifestación no podrá contener el fondo de la inconformidad social que se expresó el sábado.
Sheinbaum culpa a la oposición por la marcha
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el saldo de la movilización es que se manifestaron los que están en contra de su movimiento (Morena) y hubo muy pocos jóvenes y que un grupo violento acudió a atacar a la policía de la ciudad; también achacó a una campaña internacional las imágenes de agentes golpeando a los asistentes para fijar la idea de que el gobierno reprime a los jóvenes.
También responsabilizó a la oposición de la violencia en la marcha y los llamó a deslindarse de los hechos del sábado.
Colegio de Abogados condena represión contra jóvenes
El Colegio de Abogados de México condenó los actos de violencia y represión ejercidos por autoridades gubernamentales contra las y los jóvenes que, en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, marcharon para exigir paz, seguridad y un país libre de miedo.
En un comunicado, afirmó que la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho de la protesta pacífica son pilares esenciales de toda democracia. Su vulneración no solo contraviene los principios constitucionales, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones que deben proteger la dignidad humana.
El INCAN ofreció una línea de atención para brindar asistencia jurídica a personas afectadas por detenciones o lesiones durante la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México.
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