Una persona que sufrió un accidente leve de motocicleta en la alcaldía de Benito Juárez conoció el laberinto de la impartición de justicia en la ciudad, ya que policías de la Secretaría de Seguridad de la CDMX (SSC) le fabricaron un delito, un agente del Ministerio Público (MP) lo acusó con base en pruebas falsas y un juez le inició proceso penal pese a que la acusación carecía de bases.
Casi cuatro años después de ocurrido el hecho que culminó con la detención, se desconoce si los policías responsables de la detención fueron sancionados y qué tipo de castigo se les impuso, porque la Comisión de Derechos Humanos dijo desconocer si la SSC reconoció su responsabilidad en la acusación falsa y fabricación del delito, así como en la violación a los derechos humanos del afectado”.
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El calvario de la víctima comenzó el 22 de febrero de 2022, cuando salió de un restaurante en el Eje 4 Sur, casi con la esquina de avenida Amores, y subió a su motocicleta. Tras pocos metros de recorrido, golpeó un tope divisorio del carril del Metrobús y cayó.
Tres policías se acercaron para apoyarlo y acompañarlo a la banqueta, pero otros uniformados llegaron precipitadamente y lo detuvieron frente de la estación Amores del Metrobús, acusándolo de portar un arma y presuntamente haber participado en un robo.
“Dos elementos policiales corrieron hacia donde la víctima y el otro elemento de la policía caminaban; y a las 21:41 horas fue sometida por los policías, entre los cuales se encontraban los elementos Víctor Manuel Marín Álvarez y Daniel Martínez Flores”, relata la recomendación 23/2023 emitida por la CDHCDMX.
Historia paralela
Otros policías, que tripulaban las patrullas MX-126-N1 y MX-441-N1, dijeron que acudieron al sitio escucharon en la transmisión de la frecuencia policiaca del arresto de un sujeto que portaba una pistola.
“Del análisis de la frecuencia ‘Nápoles-Del Valle’, del 22 de febrero de 2021, no se advirtió el señalamiento de un arma de fuego o su clave policial, resultando que a las 21:36 horas sólo se mencionó una motocicleta, sin que se apreciara hecho alguno con apariencia de delito de robo o señalamiento hacia la víctima”, señala la declaración.
Aunque la detención ocurrió muy cerca de la agencia de la Fiscalía de Justicia en Benito Juárez, los policías mantuvieron al detenido en una patrulla por más de una hora y lo presentaron ante el ministerio público pasadas las 11.30 de la noche.
Pese a que tres policías eran testigos de que el detenido había sufrido un accidente y no había participado en el delito del que sus compañeros lo acusaban, el agente del MP decidió presentar la acusación por robo calificado y el juez que conoció del caso catalogó la detención como legal y se inició el proceso penal.
El acusado, sobre quien no había más pruebas que la declaración de oídas de los policías, fue vinculado a proceso y el juez le impuso la obligación de firmar cada dos semanas mientras se cerraba la investigación.
La conjura de las autoridades
Para defenderse, a pocos días de que iniciar el proceso la víctima pidió al MP que analizara grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el sitio en que cayó de su motocicleta. Sin embargo, los videos fueron recogidos hasta el 11 de abril y se agregaron a la carpeta de investigación, por lo que no pudieron presentarse ante el juez.
Además, el perito cometió una equivocación en su dictamen que afectó a la adecuada defensa de la víctima. “El perito oficial adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGJ Javier Urbano García Hernández (…) asentó erróneamente que las videograbaciones correspondían al 22 de enero de 2021, siendo que los videos corresponden al día 22 de febrero de 2021”.
La investigación en torno a las irregularidades de la detención arrojó que las declaraciones de los policías Víctor Manuel Marín Álvarez y Daniel Martínez Flores no coinciden con la evidencia de la detención.
“De acuerdo a la evidencia recabada por esta Comisión de Derechos Humanos, la privación de la libertad a la víctima por los policías aprehensores ocurrió en más de tres kilómetros de distancia de la ubicación referida por los policías y con más de 40 (cuarenta) minutos de diferencia”.
Con las evidencias de que el proceso carecía de bases, la víctima presentó una denuncia contra los policías, sin embargo, eso no fue suficiente para que la fiscalía de desistiera del proceso.
En la audiencia que se celebró el 11 de octubre por la acusación presentada en contra de los policías Marín Álvarez y Martínez Flores, el juez inició un proceso contra los agentes por delitos cometidos en el ámbito de la procuración de justicia, aunque el 15 de diciembre suspendió el proceso.
“A pesar de todo lo acontecido, el proceso penal en contra de la víctima Directa continuó, por lo que el 13 de junio de 2023 se celebró la audiencia de juicio oral en la que el Ministerio Público acusador determinó presentar las pruebas a pesar de tener conocimiento de las citadas inconsistencias”.
Más de un año después de que comenzara el peregrinar de la víctima, el 7 de julio de 2023, el juez cuarto del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Penal de la CDMX lo declaró inocente de la acusación.
¿Hubo castigo a los policías?
La víctima presentó también una denuncia ante la CDHCM que finalizó en una recomendación a la SSC y la Fiscalía de Justicia por las evidentes violaciones a los derechos humanos del afectado, tanto por parte de los policías como del personal del MP y peritos.
Las instituciones aceptaron que en un plazo de 180 días se inscribiera al ciudadano el Registro Local de Víctimas para que pudiera reclamar la reparación del daño, pero a casi tres años de ocurridos los hechos, en la Comisión de Derechos Humanos capitalina dijo a La Silla Rota que desconoce si han cumplido con la recomendación y el estatus de esta en su sitio web señala que el acatamiento está “sujeto a seguimiento”.