La modificación al artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México, relativo al respeto a la propiedad privada carece de utilidad y es un planteamiento ideológico, pero no abre la puerta a la expropiación de viviendas, como se ha especulado, sostiene el notario Ignacio Morales Lechuga.
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El Congreso de la CDMX aprobó la reforma a la Constitución local para que coincidiera con el texto del artículo 27 constitucional, que reconoce la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas que se encuentran en el territorio nacional.
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En la Constitución local, se cambió la redacción para que dijera “la Ciudad de México asume como principios (…) el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En entrevista para La Silla Rota, Morales Lechuga, exembajador de México en Francia, quien también encabezó la Procuraduría General de la República, dijo que ese cambio y la publicidad que se le hizo refleja la enemistad que la clase gobernante tiene hacia el concepto de lo privado.
“No encuentro ninguna utilidad, más que la demostración ideológica de que el día de mañana en aras de este carácter público de los pobres, de lo social, hagan lo que quieran, promuevan lo que quieran con las mayorías que tienen en los congresos locales y federales”, explicó Ignacio Morales.
Planes y especulaciones
En contraste con la explicación de los legisladores oficialistas, quienes argumentan que se trató de una homologación al artículo 27 de la Constitución Federal, el notario estima que el cambio ni siquiera era necesario.
“Lo del artículo 27 fue a propuesta de la oposición que puso como condición para votar. Si es para homologarlo con el artículo 27 constitucional, quiero decirle que no se requiere ninguna homologación porque el artículo 27 gobierna, rige para toda la república”, enfatizó.
Además, señaló que los legisladores no tomaron en cuenta el Pacto de San José de Costa Rica que México firmó en 1969, en el que los países firmantes se comprometieron a proteger la propiedad privada como un derecho humano.
Para el notario, las especulaciones en torno a expropiaciones obedecen en parte al proyecto de que el gobierno construya 200 mil viviendas entre 2024 y 2030, que anunció la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada.
“Hoy por hoy, la vivienda no es una causal de utilidad pública, pero ellos pueden decir que, como no se ha construido vivienda, pasa a ser causal de utilidad pública”, dijo.
Como están las cosas en el momento, el ciudadano o los inversionistas eventualmente afectados por una expropiación por causas de utilidad pública, cuentan con el juicio de amparo.