Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa electa de la Cuauhtémoc, a través de su representación legal, el despacho de abogados Nassar Nassar y Asociados, ha reprobado el actuar de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con relación al atentado que sufrió el pasado 11 de mayo de 2024.
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Mediante un comunicado dirigido a la población y a los medios de comunicación, el representante legal de la Alessandra Rojo de la Vega, calificó de inaceptable el ataque que sufrió su representada, y afirmó que ellos han estado llevando a cabo una investigación exhaustiva con la finalidad de conocer la verdad real de los hechos y dar con los verdaderos autores del atentado.
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Aseguran que no han tenido urgencia de arribar a conclusiones que, por su rapidez, pudieran afectar la vida de inocentes. Y denuncian que desde el día de los hechos, cuando Ale Rojo de la Vega acudió a la FGJ de la CDMX para rendir declaración, se han topado con atrocidades que constituyen violencia de género y revictimización.
Además, han encontrado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha incurrido en actos violatorios de los derechos humanos recogidos en la Constitución Federal y en Tratados Internacionales.
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Denuncian parcialidad y señalamiento de auto atentado
La representación legal de Alessandra Rojo de la Vega denunció las declaraciones hechas por el encargado de la Fiscalía capitalina el lunes 10 de junio, quien afirmó que el ataque sufrido por su cliente fue un “autoatentado”. Esto, dijo, es una acusación grave que no tienen ningún sustento dentro de sus propias líneas de investigación y que además conlleva una enorme irresponsabilidad en el servicio público a su cargo.
“Resulta alarmante que el encargado de una institución de tal investidura decida enfocar su tiempo y recursos en crear una opinión publica tendenciosa y engañosa, en lugar de estar realmente investigando con seriedad y parcialidad las conductas delictivas que se cometen a diario en nuestra ciudad y, haciéndolo con absoluto respeto a los derechos de las víctimas de un delito”, acusan.
Aseguran que el actuar del titular de un órgano supuestamente “autónomo” y “apartidista” resulta a todas luces irresponsable y parcial, pues no solo comprometió la secrecía de la carpeta de investigación, sino que destruyó la posibilidad de que se obtengan nuevas líneas de investigación sin que éstas sean contaminadas, poniendo en riesgo brutal el debido proceso.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro al contemplar los principios sobre los cuales debe actuar la autoridad ministerial: legalidad, transparencia, lealtad, honestidad, imparcialidad, objetividad y protección máxima a las víctimas de un delito.
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VGB