La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México presume ser un espacio donde las personas son escuchadas y reciben ayuda profesional, pero en la práctica, el personal de este organismo ha maltratado a algunas mamás de víctimas de feminicidio y desaparición que, en busca de apoyo, han sufrido revictimización.
Sin embargo, ante las denuncias por maltrato, Jesús Romero, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, reconoció ante La Silla Rota que sí se han recibido quejas contra servidores públicos, pero estas han sido turnadas ante el órgano interno de control. Sin detalles del proceso, pidió a las personas que han denunciado que formalicen la queja ante el órgano interno de control de la Consejería Jurídica, encargado de hacer la investigación y aplicar sanciones en caso de que así lo amerite, o bien, hacerla llegar a la oficialía de partes.
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Sin previo aviso, desde hace cinco meses algunas familiares de víctimas dejaron de recibir el apoyo de la comisión, que tiene que ver, entre otras cosas, con viáticos, canastas alimentarias y medidas de protección; sin embargo, el acudir a las instalaciones ubicadas en el municipio de Metepec a pedir información, han recibido un trato indolente y denigrante.
Lorena Gutiérrez Rangel es una mujer que durante años ha sufrido el feminicidio de su hija Fátima Varinia y la muerte por negligencia médica de su hijo Daniel; a la fecha, ella y su familia viven en condiciones de desplazamiento y con medidas de protección.
La mujer relató a este medio que el primero de abril acudió a la Comisión de Atención a Víctimas a pedir información sobre el retraso de los apoyos, pero en lugar de recibir la orientación que solicitaba, fue recibida con una sonrisa burlona y despectiva por parte de Sandra Paola De La Cruz Puga, quien es jefa de unidad, y quien, al manifestarle el motivo de sus preocupaciones, la cuestionó sobre su salud mental.
“En lugar de encontrar el amparo y protección que tanto necesitaba, fui recibida con el desprecio y crueldad de la titular de la unidad de trabajo social, quien responde al nombre de Sandra Paola de la Cruz que se encontraba acompañada de José Benjamín Aguilar el titular de la unidad del fondo”.
Cabe mencionar que Sandra Paola De La Cruz Puga no es psicóloga ni psiquiatra, su campo de experiencia es la administración pública y se ha desempeñado como asesora de atención a clientes y asistente de un director de Seguridad Pública del municipio de Toluca, de acuerdo con información pública de la Consejería Jurídica.
“No tienen nada que las acredite como psicólogas, psiquiatras, para poder dar un diagnóstico. Absolutamente no se acerca nada a lo que nosotros vamos a pedir, solamente información”, señaló Lorena Gutiérrez.
Por otra parte, Laura Curiel, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, quien desapareció en el Estado de México, refirió que bajo el argumento de que hubo cambio de administración, el personal de la Comisión de Víctimas ha lanzado advertencias de que quitarán apoyos, pues no se quieren hacer responsables de gastos como el de servicios médicos.
Como ejemplo, contaron a La Silla Rota el caso de una adulta mayor, que ha sufrido durante muchos años la desaparición de su hija y tiene la custodia de su nieto. Sin importar que la mujer se encuentra mal emocional y económicamente, una trabajadora social “se atrevió a decirle: señora, a usted no le van a dar nada”.
“Las trabajadoras sociales este año se han vuelto indolentes, groseras, omisas y a veces dicen palabras que reflejan su ignorancia (…) Están criminalizando, porque el término de buena fe no lo están aplicando. Están revictimizando y no son empáticas con las mujeres, porque la mayoría somos mujeres”, señaló.
La fundadora del Colectivo Mariposas, buscando corazones y justicia nacional, Laura Curiel, informó que ya se prepara una queja para presentarla ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por las violaciones a los derechos establecidos en Ley General de Víctimas.
“Todos los derechos, que ya nos ganamos, no nos los puedes quitar con el discurso de que es nueva administración. Están atropellando nuestros derechos como lo marca la Ley General de Víctimas”, comentó.
No obstante, los malos tratos no son nuevos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde se asigna un presupuesto para ofrecer atención médica, jurídica, trabajo social y recuperación emocional, entre otros servicios.
Raquel, quien omitió su nombre real por cuestiones de seguridad, señaló que cuando su hijo murió hace dos años, el personal de la comisión la culpó del accidente.
Juanita Benítez también sumó su propio testimonio, pues recordó que nunca recibió la reparación del daño que este organismo estaba obligado a entregarle, cuando el feminicida de su hermana fue sentenciado.
“Cuando pasó lo de mi hermana y fuimos a atención a víctimas, te hacen esperar un buen, te prometen cosas que nunca te van a cumplir, dicen que están contigo, que te apoyarán, pero no es cierto”, platicó.
Acusan falta de personal capacitado
La entonces Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, reportó que, hasta hace dos años, 92 personas trabajaban en las unidades de atención inmediata y primer contacto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, de las cuales 36 se encontraban realizando su servicio social o prácticas profesionales. La dependencia informó, a través de solicitudes de información, que entre las funciones que desempeñan los servidores públicos de estas unidades se encuentran: atención psicoemocional a víctimas y ofendidos, trabajo social, análisis o auxiliar administrativo.
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), consideró que a nivel nacional las comisiones de víctimas todavía no están a la altura del problema que enfrenta el país.
Sin embargo, cuestionado al respecto, Jesús Romero justificó que el retraso de la entrega de apoyos se debe a que es un año electoral y que, como cada año, se deben cumplir los plazos y las reglas de operación, ya que el presupuesto se libera hasta el mes de marzo.
Dijo que actualmente, van en el proceso de la recolección de documentación y después las solicitudes serán sometidas al comité que revisa cada caso y aprueba aquellos que cumplen con los requisitos.
“El único órgano que está facultado para aprobar o en su caso negar el apoyo, es el comité. No nosotros como servidores públicos”, aseguró a La Silla Rota.
Madres buscadoras piden sororidad y empatía
En estos lugares, dijo, hay poco personal especializado para atender de forma integral a las personas que han sufrido el feminicidio o desaparición de algún familiar.
“Tenemos niños que vieron que su papá mató a su mamá frente a ellos, imagínate las secuelas mentales, y requieren acompañamiento (…) Nos hemos dado cuenta de que no aplican debidamente los cuestionarios para conocer las necesidades con las que llega una víctima, para conocer su situación”, comentó.
Observó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México es una de las más fuertes del país, pues se le asignan más recursos y tiene más personal, pero sigue ofreciendo un servicio deficiente.
Las madres de personas desaparecidas y de víctimas de feminicidio, pidieron al gobierno del Estado de México revisar este problema, y colocar en estos cargos, a servidores públicos que atienden con sororidad y empatía a las mujeres que luchan por el acceso a la verdad y la justicia.
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