Miembros de la oposición en candidaturas, partidos políticos, Congreso de la Ciudad de México y Congreso de la Unión han reaccionado a la aprobación, en lo general, de una iniciativa turnada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, que deja fuera a las alcaldías en la política de bienestar y desarrollo social, es decir, en la planeación y ejecución de programas sociales que les da atribuciones para generar su propio eje de gobierno en cada demarcación.
En plena recta final del proceso electoral 2024, donde se elegirá mandatario en CDMX, titulares para las 16 alcaldías, junto con sus respectivas concejalías, y se renovarán 66 diputaciones en el Congreso local (33 de mayoría relativa, 32 de representación proporcional y una migrante), la actual Legislatura logró 57 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones para la expedición de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México.
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En el proyecto de ley se especifica claramente que "plantea omitir las referencias a las alcaldías como instancias encargadas de la elaboración de programas, estrategias y políticas de bienestar", lo que quiere decir que los nuevos alcaldes electos ya no tendrían atribuciones en materia de Desarrollo Social, así como los órganos de consulta, de coordinación y evaluación.
De acuerdo con diputados de Morena, quienes defendieron el texto este jueves 23 de mayo, la aprobación de esta ley implicaría crear una Comisión Coordinadora del Sistema General de Bienestar Social que se encargue de articular, coordinar, monitorear y vigilar la implementación de la política de igualdad y bienestar y, así, centralizar toda la operación de apoyos sociales directamente en el Gobierno central.
En la discusión del Pleno, el legislador Alberto Martínez Urincho defendió la iniciativa de Batres al leer que explícitamente la ley ayudaría a evitar "vicios de interpretación" en las políticas sociales, como las "duplicidades o contradicciones" que pudieran afectar a los beneficiarios. Además, miembros del partido oficialista, recalcaron que la Constitución Política de la Ciudad de México sólo dota a las alcaldías con el poder de implementar los programas, más no de participar en su planeación, por lo que esta limitación podría tener "más congruencia" con la carta magna local.
"Las atribuciones de las alcaldías en la materia de la iniciativa no son vulneradas, pues el diseño de los programas corresponden al gobierno central", se lee en la iniciativa.
¿Qué dice la oposición?
Aunque la discusión total de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México será votada en lo particular el martes 28 de mayo, miembros del PAN-PRI-PRD ya han reaccionado a los límites que se plantean para los nuevos alcaldes electos, pues aseguran que centralizar la estrategia de política social, especíicamente de programas sociales, en el Gobierno de la Ciudad de México les impediría otorgar sus propios apoyos y podría generar un cesgo en la distribución, beneficiando o castigando opositores por demarcación.
"Votaron por desaparecer los apoyos para madres trabajadoras, para personas con discapacidad, para familias de bajos recursos y para terminar de destruir las estancias infantiles que los alcaldes de la Alianza mantuvieron", escribió la diputada del PRI, Tania Larios.
El legislador y coordinador político de la campaña de Santiago Taboada, Federico Döring, también reaccionó a la iniciativa, la cual tachó de "traición" al pueblo mexicano
"Nosotros vamos siempre a apoyar toda iniciativa que contribuya a 'palear' la desigualdad social (...) no vamos a hacer nada que ponga en riesgo los apoyos que reciben los capitalinos, esos apoyos que existen independientemente de la alternancia en el poder. Habiendo dicho eso, tenemos que señalar que el dictamen tiene una serie de anomalías: primero, que no se hizo la consulta a pueblos y barrios que establece el artículo 59 de la constitución de la Ciudad, que tampoco se hizo la consulta que obliga la ley de sistema de cuidados, pero tiene otros dos pecados que venimos aquí a combatir y que vamos a debatir en las reservas".
"Donde hay política social exitosa de alcaldías que no son gobernadas por Morena quieren venir a cancelar esa oportunidad, quieren con la tiranía de su centralismo, de su mezquindad y pobreza política, arrebatarle a la gente la posibilidad de recibir apoyos federales, estatales y municipales, pero los vamos a defender y los vamos a volver a derrotar", expuso.
Como ellos, otros personajes políticos han usado sus redes sociales para pronunciarse antes de que la iniciativa se materialice.
Ante la polémica, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la cuenta de X (antes Twitter) "Derecho de Réplica CDMX", aseguró que todos los opositores han mentido al asegurar que se eliminarían los programas sociales y reiteró el discurso inicial del Congreso sobre la disposición de la Constitución local de contar con un sistema de bienestar central que genere políticas sociales único; en el spot gubernamental sí se especifica que dichas políticas y dicho sistema estará a cargo del Gobierno central.