Será hasta 2027 que los habitantes de la zona norponiente de la alcaldía Benito Juárez, afectados por el agua contaminada que recibían en sus casas durante abril de este año, sepan qué fue lo que la contaminó y a que componentes se expusieron. Ello debido a que el Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó por tres años la información de los resultados de las pruebas de laboratorio que se hicieron al respecto.
No sólo eso, el plazo podría ampliarse dos años, respondió el Sacmex a una solicitud de información al respecto.
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En el acuerdo CT-SACMEX/02SE-A02/2024, el Sacmex explicó que las razones para establecer ese plazo propuesto, se encuentran relacionadas y sustentadas en que el sistema presentó una denuncia el 18 de abril ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presunto sabotaje a la red hidráulica y que considerando que el sistema se encuentra imposibilitado tanto para conocer respecto del tiempo de tramitación del expediente de mérito, como para conocer con detalle la fecha en que se determine el ejercicio de la acción penal y en su caso del proceso judicial, se considera que un plazo adecuado para la clasificación de la información sea de tres años.
Fue el Comité de Transparencia del Sacmex el que decidió reservar la información referente a los resultados de las pruebas de laboratorio efectuados en las tomas domiciliarias de la zona norponiente de la alcaldía que fueron afectados, así como de la infraestructura administrada por el Sacmex como pozos, contenedores, red de distribución y/o válvulas por formar parte de la carpeta de investigación por un periodo de 3 años.
También el Comité clasificó como confidencial el domicilio de las personas a las que se les levantaron las muestras en las tomas de agua potable domiciliarias, por hacer identificable a una persona por un periodo indefinido.
“Como lo señala el acuerdo CT-SACMEX/02SE-A02/2024, ya difundido públicamente, la información relativa a los resultados de los análisis a las muestras de agua recabadas en la zona norponiente de la alcaldía Benito Juárez, forma parte importante de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ante la denuncia presentada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para el esclarecimiento de un presunto sabotaje en dicho tema, por consiguiente, y en tanto no concluyan las averiguaciones en marcha, no es posible contar con detalles al respecto”, informó el sistema.
A inicios de abril, vecinos de colonias como Nochebuena, Del Valle y Nápoles denunciaron que el agua que llegaba a sus casas tenía un olor a gasolina y se veía grasosa. Al principio el gobierno capitalino desestimó lo que los vecinos decían, pero a la semana aceptaron que el agua llegaba contaminada, por lo que debieron enviar potabilizadoras del Ejército y brigadas para limpiar tinacos.
Pero a la fecha no se sabe qué contaminó al agua.
La ciudadanía tiene derecho a saber: experto
Marco Antonio Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey y experto en transparencia, consideró que la respuesta del Sacmex “es muy lamentable”, pero no es sorprendente por parte de una administración a la que no le ha gustado la transparencia.
“La ciudadanía tiene derecho a saber qué es (lo que contaminó el agua), qué ha sucedido, cuál es la afectación en la contaminación de un líquido que es vital para la vida de los ciudadanos y en donde la autoridad desde el inicio buscó primero minimizar y negar que existía la problemática”, dijo a La Silla Rota.
Fernández, quien también es investigador de México Evalúa, añadió que la ciudadanía tiene derecho a saber cuáles son las acciones que se están implementando a partir de los hallazgos de la contaminación del agua.
“Primero negaron que existía y pues el tratar de recurrir a la excusa de la investigación para no transparentar la información, eso es consistente con el sello de la casa y su resistencia a la rendición de cuentas y a la transparencia”, criticó.
Recordó que cuando la evidencia de la contaminación fue abrumadora, entonces buscaron hacer justificaciones y el jefe de gobierno Martí Batres “que se ha caracterizado no solamente ahora sino a lo largo de su historia como servidor público, como un funcionario al que no le gusta rendir cuentas, que no le gusta la transparencia”, así como sus aliados de partido, han atacado a organizaciones que defienden la transparencia, como el INAI.