La reforma que eliminó del Código Penal de la Ciudad de México el aborto se publicó el 26 de abril del 2007, en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal. Esta medida también modificó la Ley de Salud, a partir de ese momento el gobierno de la Ciudad de México garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) como un servicio más de salud pública. Pero la reforma no pudo eliminar la mala praxis con la que operan algunos médicos en clínicas privadas o clandestinas.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
De 2020 a marzo de 2024 se practicaron 53,679 abortos. En ese mismo periodo, la Secretaría de Salud local (Sedesa) recibió 15 a mujeres y personas gestantes en al menos 4 hospitales que practican la ILE en su zona de urgencias médicas, con complicaciones luego de practicarse el procedimiento en el sector privado.
Te podría interesar
Aunque esos 15 casos representaron el 0.02% del total de abortos practicados en la Ciudad de México, de 2020 a lo que va de 2024, son la prueba de que la estigmatización del aborto sigue representando un riesgo médico para mujeres y personas gestantes.
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE NEWS
Para Stephanie Lomelí, representante de la organización civil Fondo María, la estigmatización a la decisión de abortar está considerada violencia obstétrica en el sistema de salud mexicano, pero permanece sostenida por las violencias de género y apoyada por las diferencias y desigualdades sociales que viven las mejores y personas gestantes.
“Lo que motiva al Sistema de Salud a evitarlo (el aborto) o querer prevenirlo, le coloca una connotación negativa al hecho. El aborto es un método más, no una última opción de emergencia”.
Una lucha que no termina
Fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien motivó la puesta en marcha de la reforma a la Ley de Salud y llevó la iniciativa hasta la Asamblea Legislativa, donde el 24 de abril del mismo año, se votó por el cambio a la ley: 46 votaron a favor, 19 en contra y un se abstuvo.
El panorama en pleno 2024 se distancia kilométricamente de aquellos años previos al 2007 en los que las mujeres mexicanas se encontraban en peligro de pisar la cárcel por decidir no continuar con sus embarazos.
Cifras de la Secretaría de Salud colocan a la Ciudad de México, Estado de México y Puebla como los estados donde se hace mayor uso del servicio de interrupción legal del embarazo. De los 270,226 abortos practicados desde el 2007 hasta el 2023 en clínicas autorizadas de la nación, estas demarcaciones concentraron el 96.7% de los casos totales.
Mientras que Campeche, Colima y Sinaloa presentaron los índices más bajos de aborto en toda la República con 17, 34 y 36, respectivamente.
En 2007, cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México, personajes de la ideología política de derecha y asociaciones religiosas se unieron para intentar parar la reforma a la Ley de Salud, su discurso era que el índice de abortos iba a aumentar dramáticamente, sin embargo, no dio un brinco tan pronunciado debido a que a los años se estabilizó.
A pesar de la despenalización de la ILE en la capital del país, los abortos clandestinos continúan siendo una realidad, según la doctora Fátima Juárez y un estudio del Instituto Guttmacher (relacionado con la organización Marie Stopes México) al año se realizan entre 750,000 y 1 millón de abortos clandestinos en México.
La violencia obstétrica está normalizada por el Estado
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio fe, a través de una solicitud de transparencia, de 15 casos de mujeres o personas gestantes atendidas –entre 2020 y lo que va de 2024– en las urgencias de hospitales y clínicas de la capital, debido a complicaciones relacionadas con abortos clandestinos.
Estas consecuencias posaborto pueden ser: desgarres, abortos sin concluir, legrados malogrados o hemorragias abundantes. El Hospital Materno Infantil de Inguarán es el que concentra más ingresos a urgencias por consecuencias posaborto, desde el 2020 se registraron 10 casos.
De acuerdo con Stephanie Lomelí Guerrero de la organización de sociedad civil Fundación María, “las mujeres y personas gestantes acuden a los sitios de aborto clandestino por pena o culpa, lo que las hace potenciales víctimas de violencia obstétrica, ya sea por parte del personal de los establecimientos, que en muy pocas ocasiones cuentan con los establecimientos y medidas necesarias para procedimientos seguros”.
A su vez, Stephanie afirma que esta violencia está soportada por la falta de regulación del sistema de salud, a pesar de que los agravios contra las mujeres y personas gestantes sean reconocidos por la sociedad.
“El sistema de salud de México está optando por incidir en las decisiones y los derechos reproductivos y de la anticoncepción de las mujeres y personas gestantes”.
De los 32 estados de la República Mexicana, sólo 7 estados incluyen a la violencia obstétrica en sus códigos penales: Chiapas, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y –medianamente– Aguascalientes guardan este espacio legal.
La estigmatización de las mujeres y personas que buscan abortar es, de acuerdo con la servidora de Fundación María, otro de los problemas estructurales de la salud en México, considerar interrumpir el embarazo es una opción más y el verlo como una última y la peor de las medidas, no ayuda a mejorar la condición de salud sexual y reproductiva.
¿Qué pasó ese 26 de abril de 2007?
En 2007 y durante el proceso de legalizar el aborto en la Ciudad de México, la iglesia católica se alió con el Partido Acción Nacional (PAN) para unir fuerzas y detener el proceso de reforma además de poder castigar con severidad el supuesto “asesinato de bebés no nacidos”.
Felipe Calderón, presidente de México en aquel momento, se declaró como provida, más no hizo una declaración concreta, en cambio, la entonces primera dama del país Margarita Zavala, se movilizó e hizo una campaña en la que ella y otros grupos provida exigieron una consulta popular y argumentaron la validación del derecho a la vida sin importar el tiempo de gestación.
“(Margarita Zavala sobre la reforma) La determinación de 12 semanas es totalmente arbitraria y esta arbitrariedad se plantea como un absoluto; ustedes, los pluralistas, imponiendo un absoluto”.
A partir del 26 de abril, cuando se publicó la ley y entró en vigor, todos los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud ofrecieron la interrupción legal del embarazo a toda persona que lo pidiera.
Manuel Mondragón y Kalb, entonces secretario de salud, inició una campaña de supervisión para que los hospitales cumplieran con la nueva normativa y el personal estuviera capacitado para beneficio de las pacientes.
El entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard declaró que no esperaban una alza dramática en el índice de abortos en la ciudad “No estimamos que vaya a haber ninguna avalancha de abortos. Tendremos que orientar a las personas, atenderlas, pero no esperamos que haya un cambio tan radical como se dice”.
Actualmente las razones bajo las que una persona gestante puede solicitar un aborto son:
- Violación
- Imprudencial o culposo
- Peligro de muerte para la persona embarazada
- Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
- Afectación grave a la salud de la persona embarazada
- Inseminación artificial sin consentimiento
- Causas económicas
- Voluntad de la persona embarazada