JUSTICIA EDOMEX

Huelga de Hambre: Protestan afuera del Penal de Barrientos por "presuntos culpables"

Con una carpa para pernoctar afuera del centro de reclusión, familiares piden que se revisen las sentencias en que algunos inocentes podrían estar pagando condenas injustas

Créditos: Carlos Medellín: @carmede2002
Escrito en METRÓPOLI el

El hijo de Bárbara fue detenido hace 23 años por el feminicidio de una actriz; no obstante, la mujer acusa que, aunque encontraron al verdadero culpable, él fue sentenciado por un delito que no cometió, por esta razón apoya a los familiares de los presos que este miércoles iniciaron una huelga de hambre en frente al Penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, para que se revisen los casos de los presuntos culpables que hay en los centros de reclusión del Estado de México. 

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Desde antes de las 10 de la mañana, un grupo de personas, mujeres en su mayoría, instalaron una carpa, víveres y un sonido para hacer sonar sus reclamos:

"Ya nos querían quitar los policías estatales, pero ya no nos callamos, venimos a denunciar y así lo haremos", dijo la señora Bárbara mientras presenciaban cómo llegaban al punto elementos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

Hay en este Penal de Barrientos, como en otros penales de la entidad mexiquense, muchas personas están injustamente presas, pues, según Bárbara, se ha encontrado con muchos casos como el de su hijo.

“A él lo acusaron de la muerte de Julia Marichal, en el año 2011, tía de Kalimba, pero a pesar de que los policías detuvieron a un sobrino de la actriz, a quien le encontraron evidencias de que había sido el asesino, aun así, sentenciaron a mi hijo por el delito que él no cometió”. 

Protestan por procuración de justicia y malos tratos

Un grupo de 90 personas se declararon en huelga de hambre. Algunos colocaron una carpa frente al acceso principal del Penal de Barrientos y otros más a un costado del acceso del Centro de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias, donde colocaron una casa de campaña. 
 

El grupo de personas inconformes denunciaron la escasez y desabasto de alimentos en el Penal de Barrientos, así como en los centros de reclusión de Sultepec, Otumba, Tenango, Tenancingo, Santiaguito, Texcoco, Neza Bordo y Chiconautla. 

Otro grupo de personas se encuentra instalado en las periferias de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, encabezados por José Humberto Pérez Espinoza, líder de “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos”. 

Los inconformes exigen que la Secretaría de Seguridad presente en versión pública los contratos de las empresas privadas que otorgan los alimentos de unos 35 mil internos de los penales del Estado de México;   que la misma haga públicos los gastos por los alimentos del primer trimestre de 2024; y que la Comisión Especial de Reinserción Social de la LXI Legislatura de la entidad y organizaciones defensoras de derechos humanos supervisen, al menos dos veces por mes, la dotación de alimentos a los presos. 

Piden también la separación del cargo de los directores de los penales, por no contar con la certificación de control de confianza; además de que se inicie procedimiento penal en contra de los directores de los penales de Neza-Bordo y “Sergio García Ramírez”, por graves violaciones a los derechos humanos de los presos. Solicitan la despresurización de los 20 penales de la entidad, el regreso a centros de readaptación locales de presos que fueron trasladados a penales federales, y que no haya represión por estas acciones a los familiares que se encuentran recluidos. 

En el lugar, la señora Bertha pide además que cesen los pagos por todo en los penales, donde tienen que desembolsar dinero por el agua, por dormir en un espacio, por estar en una celda, por el pase de lista, por guardar los alimentos en un refrigerador, por pasar alimentos en la aduana, por no traer la ropa del color que, según los custodios son los oficiales. 

Los inconformes señalan que permanecerán en huelga de hambre por tiempo indefinido, hasta que se dé atención a sus demandas que ya presentaron ante las instituciones correspondientes del Gobierno del Estado de México. 

Al respecto, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Dirección General de Reclusorios se han pronunciado en relación con las acusaciones de los familiares de presos de los penales del Estado de México.

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