El Congreso de la Ciudad de México aprobó de manera unánime la creación de un capítulo sobre la corrupción inmobiliaria en el Código Penal, así dió a conocer el organismo mediante un comunicado de prensa.
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Con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción en el ámbito inmobiliario, se creó el capítulo XV y el artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, a propuesta del jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.
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Este capítulo establece sanciones de 10 a 20 años de prisión para los servidores públicos que permitan la construcción de inmuebles o la adición de pisos que no cumplan con los requisitos legales. La pena podrá incrementarse en un cincuenta por ciento cuando estas acciones resulten en beneficios económicos para los funcionarios públicos o sus allegados, ya sea en efectivo o en especie.
El diputado José Octavio Rivero Villaseñor, de la bancada de Morena y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, justificó la reforma para sancionar como delito la complicidad de funcionarios en la construcción ilegal de inmuebles.
“Se busca evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental involucrada con la política inmobiliaria de la ciudad”, agregó.
La congresista Martha Soledad Avila Ventura, también de Morena, respaldó la medida para combatir la corrupción y el tráfico de influencias en la construcción ilegal de inmuebles.
“Sobre todo en lo que hace a las violaciones a la ley para la construcción de pisos excedentes a los autorizados por la norma, lo que ha posibilitado la generación de cuantiosas fortunas multimillonarias al amparo de los cargos públicos”.
La contraparte
El legislador Federico Chávez Semerena, de la bancada panista, sugirió abordar el problema desde una perspectiva administrativa, y no desde el código penal, argumentando que no se ha analizado el centralismo de los trámites en cuanto a la facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México para otorgar los permisos de uso de suelo y hasta dónde el Instituto de Verificación Administrativa y las alcaldías pueden verificar.