De las 112 mil 505 denuncias iniciadas por corrupción en el Estado de México, en el periodo de 2017 a 2023, sólo el 11 por ciento fueron sancionadas, así lo indica el Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029.
En el documento, dado a conocer el pasado 15 de marzo en la Gaceta de Gobierno estatal, se tiene un apartado de "Combate a la corrupción", marcado como uno de los mayores retos que se enfrenta, no sólo en la entidad mexiquense, sino a nivel país, porque causa pobreza, frena el desarrollo, promueve la injusticia y desaliente la inversión.
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En este punto, el documento agrega que la corrupción en el Estado de México "ha impactado profundamente y ha socavado la confianza en las instituciones, limitando el potencial de desarrollo social, económico, político y el bienestar de la población".
"Prácticas indebidas en el servicio público, como el abuso de poder, el desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, la normalización social de la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia y rendición de cuentas, han repercutido negativamente en la administración pública y generan restricciones en el ejercicio de los derechos", se puede leer.
Como reportó La Silla Rota un día antes de esta publicación, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en su Informe 2022-2023, ya habían advertido que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se integraron 4,987 carpetas por hechos corrupción, la mayoría por abuso de autoridad, de las cuales sólo 100 fueron judicializadas y 35 derivaron en una sentencia condenatoria.
Disminuyeron auditorías, inspecciones y testificaciones
El mapeo del sexenio pasado agrega que, en el periodo de 2017 a 2023, las acciones de control y evaluación realizadas por la Contraloría del Gobierno del Estado, como auditorías, evaluaciones, inspecciones y testificaciones, redujeron sustancialmente, al pasar de 24,574 a 14,873.
Para la actual administración estatal, esto “evidencia la necesidad de instaurar mecanismos de control y auditoría más eficientes y eficaces, orientados a prevenir la incidencia y recurrencias en actos que vulneren el uso adecuado de los recursos públicos", por lo que apuestan a "fortalecer la fiscalización, las acciones de control y evaluación, tanto a nivel local con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, como con los entes fiscalizadores externos, entre ellos, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación”.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021 se registraron 32,906 casos de corrupción por cada 100 mil habitantes; el 57.3% de la población mexiquense mayor de 18 años, percibió a la corrupción como el segundo problema más importante que aqueja al estado, sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
Además, el estimado del costo económico promedio anual de la corrupción a nivel nacional es de 3,044 pesos por persona.
El Plan de Desarrollo del Estado de México indica que la encuesta del INEGI 2021 muestra que el Estado de México es una de las entidades con mayor incidencia de la corrupción, ocupa la posición número uno en el país, con casi 20 puntos más que la media nacional (65%) y más de siete respecto a la entidad que ocupó el segundo lugar, que fue Veracruz (77.4%), además “es la cuarta entidad con la mayor tasa de incidencia de actos de corrupción por cada 100,000 habitantes (32.9% de la población de 18 años y más tuvo contacto con algún acto de corrupción)”
El documento destaca algunos puntos:
- 43.4% de los mexiquenses considera que los actos de corrupción en la entidad son muy frecuentes.
- Seis de cada diez mexiquenses (60.5%) de 18 años y más tuvo contacto con algún acto de corrupción en trámites, pagos y solicitudes de servicios.
- De los mexiquenses de 18 años o más que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, el 84% tuvo experiencia con algún acto de corrupción.
Buscan más participación ciudadana en el combate a la corrupción
El Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029 contempla fortalecer con mayores atribuciones y con mayor participación ciudadana a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, toda vez que “no han rendido los frutos deseados”.
Se señala como imperativo examinar detenidamente los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como las sanciones que se impongan bajo la observancia de la Ley, como una solución necesaria y efectiva para impedir el desvío de recursos públicos, evitar la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, eliminar la extorsión, el tráfico de influencias, el amiguismo, el nepotismo, el soborno de servidores públicos, el compadrazgo y el enriquecimiento ilícito, así como cualquier otra acción que derive en el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.