Luego de que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, absolvió a Alejandro “N”, un hombre de unos 50 años, acusado de abuso sexual contra su sobrina de cuatro años, el caso ha causado revuelo a nivel nacional, movilizando a activistas, bloqueando avenidas y encendiendo el rechazo social al sistema judicial mexiquense, pues los cuestionamientos morales y legales giran en torno a la falta de comprensión sobre la exigencia de que la niña recordara detalles específicos del incidente. Especialistas consideran que la determinación del caso es revictimizante y carece de sensibilidad hacia las garantías de la infante.
De acuerdo con Victoria Figueiras, madre de la víctima, la agresión ocurrió en febrero de 2022 en una residencia en Atizapán de Zaragoza, mientras que la menor pasaba un fin de semana bajo el resguardo de su padre; no obstante, dos años después de proceso, durante el juicio oral en las salas de Barrientos, el juez falló a favor del agresor al argumentar que jamás se corroboró la existencia del evento por la insuficiencia probatoria para justificar el delito de abuso sexual. Esto, ya que la menor no proporcionó detalles como la dirección de la casa del tío, el día y el horario exacto de la agresión.
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El caso rápidamente traspasó las fronteras de la internet, hasta evidenciar el fallo judicial en el que no fue considerado el testimonio de la víctima, pese a que familiares demostraban que la menor de cuatro años no estaba siendo realmente protegida ante la naturaleza traumática de la experiencia que había vivido.
Hoy, el caso se mantiene en la mesa de análisis de activistas y juristas que delimitan el actuar del juez y el tratamiento que un caso de abuso sexual a menores de edad debería seguir para garantizar el bienestar y acompañamiento de las víctimas.
“La menor debe ser el centro de todas las decisiones"
Para Daniela Cervantes, coordinadora nacional de Abogacía de Aldeas Infantiles, en el caso de la liberación del presunto abusador de la niña de cuatro años de edad, tanto la víctima como su familia requieren y tienen derecho a una revisión a fondo del proceso, pues lamentablemente en casos donde los implicados son menores no siempre se respetan los lineamientos de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que esta vigente desde 2015, y en la mayoría de las veces las víctimas se enfrentan a procedimientos que son acordes a adultos, lo que les genera intimidación, angustia y temor.
“El lamentable, el hecho en si ya les representa un daño y todo este proceso les genera consecuencias en su desarrollo emocional, físico, de razonamiento, psicológicamente, anímicamente. Si de por si es difícil identificar un abuso de este tipo, para ellos como víctimas es aún más difícil y cuando se logra que se identifique, se les hace más difícil entender, por todo este proceso que, sin lugar a dudas, no fue el adecuado para su edad”, puntualizó.
Precisó que la determinación del juez, argumentando que la menor no pudo establecer el lugar y tiempo de los hechos, es totalmente violatorio de sus derechos y no es elemento determinante para haberle otorgar la libertad de su agresor.
La representante de Aldeas Infantiles, aseguró que este caso es sólo de uno de muchos que ocurren en México y que no salen a la luz pública, quedando en el olvido y sin justicia.
“La menor debe ser el centro de todas las decisiones, tomando en cuenta que ella es la explica que fue lo que ocurrió, y también se debe considerar y revisar qué es lo necesita ahorita, contar con el apoyo de las instituciones o procuradurías de protección al menor, a fin de que se puedan otorgar todas las medidas necesarias e indispensables para ella y su familia”, expone.
En la misma vía, Leslie Idalia Jiménez Urzua, abogada de Impunidad Cero, señala que este caso evidencia las irregularidades que se cometen al interior de las Fiscalías y las Procuradurías “donde inicia el cuello de botella de la impunidad”.
En entrevista con La Silla Rota, la especialista en derecho penal, coincidió en que, si bien el fallo condenatorio fue emitido por el juez ante la falta de pruebas para la justificación de delito de abuso sexual, las malas prácticas en la impartición de justicia empiezan desde la inoperancia de la Fiscalía y los Ministerios Públicos en la aplicación de protocolos de infancias, adolescencias y con perspectiva de género.
“Aquí lo peligroso y lo lamentable es que el juez se quiera presentar como un juez garante que protege Derechos Humanos, porque como no se puede acreditar más allá de duda razonable, él está prefiriendo no sancionar a una persona. Él como juez no tuvo sensibilidad ante el caso (...) Es muy importante que el juez apoye y respalde la narrativa de la víctima, eso es lo básico que se tiene que tomar en consideración y que al parecer no se tuvo señalado”.
De acuerdo con la especialista, cuando se trata de abuso sexual, la intervención pericial es diferente porque “no se están buscando necesariamente las típicas pruebas como violación, que son lesiones vaginales o lesiones en ese tipo de cavidades”, por los que el Ministerio Público tuvo que haber considerado la afectación emocional y psicoprogresiva de la infancia, es decir, lo que implicó para la niña vivir esta violencia y cómo le afecta en su proyecto de vida.
“Desafortunadamente el Poder Judicial del Estado de México salió a respaldar al juez. Esto avala ese pedazo de comentarios que hizo el juez, cuando todavía el Poder Judicial tiene que conocer la apelación. Es indudable que van a apelar esta sentencia. Esperemos que el Poder Judicial del Estado de México se de cuenta que no fue lo más idóneo salir a respaldar al juez”.
Y es que, en un comunicado, este órgano de justicia señaló que la sentencia aún no se encuentra firme y que tomará las medidas correspondientes para que el caso sea llevado con la responsabilidad que se requiere.
“Es lamentable porque hace dos años cuando se presentó el protocolo de la Suprema Corte para atender a niños, niñas y adolescentes, se hizo un evento en el Poder Judicial del Estado de México con magistrados y jueces del Estado de México. Ese evento hablaba de las maravillas del protocolo y de la necesidad de incorporarlo en el PJ del Edomex. Ojalá que el Poder Judicial recule y se resuelva el caso como de ser, en las salas”, puntualizó la especialista.
Se debe iniciar una investigación en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
Los familiares de la menor de cuatro años de edad que sufrió abuso sexual y cuyo presunto agresor fue absuelto, deben iniciar una denuncia y queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en contra del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, para que se realice una investigación y, por el momento, sea suspendido, indicó el doctor en derecho y expresidente del Colegio de Abogados del Estado de México, Jorge Arellano.
Explicó a La Silla Rota que resulta ilógico que el juez haya otorgado la absolución, “porque la menor no pudo dar el lugar y hora de los hechos”, cuando en el expediente se contaba con peritajes y diversas pruebas, entre ellas las psicológicas que respaldan la imputación de los hechos y la responsabilidad del presunto agresor, el tío de la menor, Alejandro "N".
“Si a una persona adulta puede fallarle la memoria en una situación de abuso, imagínese a una pequeña de sólo cuatro años de edad, es increíble e ilógica la actitud del juez”.
Arellano precisó que, independientemente de que los abogados y familiares de la víctima sigan adelante con el proceso legal y presenten un recurso de apelación a la resolución del juez, “con miras a que definitivamente se revoque el falló y se haga justicia con una sentencia de al menos 20 años de prisión", también se debe iniciar una denuncia y exigir una investigación a fondo en contra del jurista.
“Este tipo de actuaciones de jueces, ponen en entredicho la justicia y la aplicación de la misma y, lamentablemente, por un caso como éste, es señalado todo el Poder Judicial; por ello, es importante que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial lleve a cabo la investigación a fondo, pueden encontrarse indicios que permitan sancionar no solamente administrativamente, sino también penalmente este caso”.
El expresidente del Colegio de Abogados del Estado de México, indicó que también se debe iniciar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del estado, en contra de este servidor público.
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Los expertos coinciden en el análisis del caso para La Silla Rota en que la Procuraduría de la Defensa del Menor debe intervenir cuanto antes y los familiares exigir un procedimiento acorde a la edad de la víctima, evitando ante todo la revictimización, pues con la apelación que presentará la defensa, se les debe dar la oportunidad de una revisión completa y apegada a los derechos de la menor. Esto, al considerar que el caso fue tratado por un juez que demuestra no contar con capacitación en perspectiva de infancias y que además carece de sensibilidad al desestimar la narrativa de la víctima.